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Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
domingo 17, octubre 2021
Fundador: Abundio Núñez Sánchez
Directora: Ivett Núñez Cardoza
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De la justicia y de la ética en Conacyt

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Utopía

Con una inteligente reacción de algunos de los 31 integrantes del  Foro Consultivo Científico y Tecnológico, asociación civil, señalados por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos cometidos en el uso indebido de recursos públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lograron posicionar en la opinión pública y publicada –la del poderoso oligopolio mediático y las oposiciones partidistas y empresariales coaligadas–, la idea de que se trata de una persecución contra la academia y los hombres de ciencia, los centros de educación superior, de parte de la FGR y de la directora del Conacyt, María Elena Ávarez-Buylla. Incluso que el presidente Andrés Manuel está mal informado cuando lo que propone es que se proceda conforme a derecho, pues en términos ministeriales e incluso judiciales no deben existir mexicanos de primera y de segunda. Todos somos iguales ante la ley, establece un principio que rebasa todas las fronteras.

Envueltos en la bandera de víctimas que están más allá del bien que del mal, como si la corrupción no cruzara a todos los ámbitos de la vida nacional, a casi todas sus élites, los involucrados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada concitan el apoyo generalizado que incluye a 112 universidades privadas y se declaran conmovidos, pareciera que no están interesados en litigar ante el Ministerio Público, sino ante la academia y los medios con muy buenos resultados:

Lo que sí llama la atención es que hasta ahora los investigados por la FEMDO no tengan acceso a la carpeta de investigación para que sus abogados los defiendan, de existir esta lamentable irregularidad debe ser subsanada de inmediato para que las violaciones al debido proceso no invaliden todo el procedimiento, sino la inocencia de los presuntos involucrados en “delincuencia organizada”, concepto de la ONU que alude a la intervención de tres personas o más para delinquir, pero algunos lo magnifican con éxito. Otros, como Ricardo Raphael, montan explicaciones de tipo personal con supuestas rivalidades del mismo corte.

El hecho es que la indagatoria de la Fiscalía Especializada no tiene como materia las labores docentes o científicas de los integrantes del Foro Consultivo, sino el manejo de recursos del erario que realizaron como funcionarios públicos y en tanto que beneficiarios de asignaciones presupuestales e integrantes del Foro que operó entre 2002 y 2018, conformado por personajes pertenecientes a la alta burocracia del Conacyt, bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología promulgada en 2002.

Nada tiene de anecdótica la referencia de López Obrador a que los directivos del Foro Consultivo, de los 571 millones de pesos asignados a esa institución privada, apenas 100 millones se emplearon en proyectos de ciencia y tecnología, mientras 471 fueron empleados en gastos de operación, lo que significa el pago de servicios de choferes, celulares, bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo, viajes al extranjero e incluso una casa en Coyoacán. Es pertinente la pregunta: Y por qué no en Iztapalapa. Pero algunos involucrados insisten que AMLO está mal informado por la doctora María Elena.

Y sus apoyadores no toman el toro por los cuernos, en un caro tema que tiene aristas judiciales y también éticas, pues involucra el uso de recursos públicos, de la sociedad, por un pequeño grupo que usa al parecer la academia y la ciencia como distractor para no rendir cuentas claras.


Eduardo Ibarra Aguirre

Periodista y Director de la revista Forum en Línea desde diciembre de 1992. De formación autodidacta, se forja en la prensa comunista como becario en Berlín (1967-68) y posteriormente como corresponsal en Moscú (1977-79). Ha sido editor de 12 medios impresos y digitales. Desde septiembre de 2004 escribe la columna “Utopía”, publicada en diversos medios digitales. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93) y perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Ha escrito cinco libros y es coautor de ocho.

Colaborador desde el 12 de abril de 2021.


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