Diario Ejecutivo

El crack del 19 de octubre de 1987, llamado “el lunes negro”, fue un fenómeno mundial: en Estados Unidos el índice Dow Jones perdió en un día 22.6 por ciento de su valor y el descenso en picada se registró en Europa, Asia y prácticamente en todos los mercados. En menos de quince días algunas plazas habían caído más del 50 por ciento (Nueva Zelanda 60 por ciento).  

Por eso, el Fondo Monetario Internacional (con el Banco Mundial de la mano) lanzó ese año su Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE), mediante cual podía otorgar préstamos a los países que cumplieran con sus recetas como los cambios estructurales y hasta las privatizaciones.  

Tras el crack bursátil, México reforzó precisamente sus acciones relacionadas con el llamado “cambio estructural” que fue la base del neoliberalismo.  

Por eso, a menos de tres meses del crack (el 15 de diciembre de 1987) se firmó el primer pacto: Pacto de Solidaridad Económica (PSE), promovido por el candidato a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, y firmado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín F. Legorreta, uno de los involucrados en crack, a través de su casa de bolsa Inverlat.  

El PSE fue el primero de los muchos pactos, que continuaron hasta el dos de diciembre de 2012 (cuando se firmó con Enrique Peña Nieto el Pacto por México) y tenía como propósitos públicos frenar la inflación, detener la devaluación del peso y promover los cambios estructurales.  

Pero también tenía como propósito encubierto hacer coparticipe de las decisiones económicas de México a los empresarios que, gracias al crack, se habían erigido como el verdadero poder del país: el Poder Económico. Uno de las primeras medidas del PSE fue congelar los salarios para frenar la inflación.  

Otra medida incluida de manera implícita fue el adelgazamiento del Gobierno Federal, a través de despidos masivos y de desincorporación de empresas estatales. Tan sólo en 1988 fueron privatizadas 205 entidades paraestatales, el mayor número, en un año, en la historia del país.  

Para aliviar el desempleo y los bajos salarios, el gobierno federal y la iniciativa privada (a través del Consejo Nacional de la Publicidad) lanzaron la campaña “Empléate a ti mismo” para que personas que habían perdido su empleo (o su patrimonio, como en el caso de los defraudados del crack) se convirtieran en microempresarios. Incluso los gobiernos locales (estatales y municipales) abrieron espacios para crear tianguis en los que emprendedores pudieran vender su mercancía en lugares y días específicos. Incluso llego a haber hasta en Polanco.  

Paralelamente en 1987, tras el crack se comenzó a planear el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, en Paseo de la Reforma, para olvidar el inmueble de Uruguay que había sido la sede del crack y del saqueo a cientos de miles de inversionistas.  

También de manera inmediata se comenzó a planear la gran privatización de empresas paraestatales, incluyendo la de Teléfonos de México y la de banca que se encontraba en manos del Gobierno desde 1982. Al respecto, en una entrevista, (en el marco de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari)  le pregunté al director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI en ese momento, Enrique González Pedrero, si ese instituto planeaba privatizar la banca. Me respondió que sí se había planteado.  

A 35 años del Crack del 87: Génesis Neoliberal (Parte 1)

Los detenidos  

Lo que sucedió a los pocos meses (en julio de1988) es un episodio conocido: Carlos Salinas de Gortari ganó las elecciones presidenciales, gracias a la famosa “caída del sistema” mediante la cual se impidió que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a Los Pinos.  

A los pocos meses de haber tomado posesión Salinas urdió la forma de legitimar su llegada a la Presidencia a través de varias detenciones, que le permitieron destruir a sectores que votaron en contra de él y crear nuevos grupos fácticos de poder: Joaquín Hernández Galicia, Eduardo Legorreta Chauvet y Carlos Jonguitud Barrios.  

En el caso de Hernández Galicia (La Quina) se dijo que fue por venganza porque los trabajadores petroleros habían votado masivamente por Cuauhtémoc Cárdenas. En el mismo sexenio de Salinas asumió el liderazgo del sindicato Carlos Romero Deschamps, quien se mantiene en el poder prácticamente hasta hoy, aunque el dirigente formal sea uno de sus allegados.  

Sobre Carlos Jonguitud Barrios, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), parece haber ocurrido lo mismo que con los trabajadores petroleros, pues los maestros votaron por Cárdenas. En las negociaciones salinistas se le dio el poder a Elba Esther Gordillo, que sigue manteniendo poder político hasta el momento.  

En lo que se refiere a la detención de Eduardo (El Bayo) Legorreta, propietario de la casa bursátil Operadora de Bolsa (OBSA), la idea fue calmar los ánimos de los defraudados del crack, entre ellos muchos  empresarios que estaban descontentos, por haber sido timados precisamente por OBSA. Tiempo después un abogado que defendió a los defraudados nos comentó a Carlos Fernández Vega y a mí que en el escritorio de Salinas estaban también los nombres de Antonio del Valle Ruiz (de la casa de Bolsa Prime) y Ángel  Isidoro Rodríguez (quien era entonces propietario de la Casa de Bolsa Mexicana de Inversiones y Valores (Mexival). Su hijo -apodado el Divino-  fue detenido después  por un fraude de 400 millones de pesos cometido por el banco que había comprado su padre, Banpaís).  

Los casabolsistas compraron los bancos  

Mientras que el gobierno de Salinas atendía a las peticiones del Fondo Monetario Institucional sobre los ajustes estructurales y privatizaciones, también ponía sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que se materializó al iniciarse las negociaciones el 12 de junio de 1991.  

Cuando comenzaron las grandes privatizaciones, la primera de ellas fue la de Teléfonos de México, empresa que hasta la fecha sigue siendo uno de los pilares de la Bolsa Mexicana de Valores, y que fue adquirida por un grupo de empresarios encabezado por Carlos Slim Helú, quien era propietario de la casa de bolsa Inversora Bursátil (Inbursa).  

Las otras grandes privatizaciones fueron las de los bancos y las casas de bolsa los compraron. De 18 sociedades nacionales de crédito que fueron subastadas, 14 fueron a parar a manos de quienes habían defraudado a los inversionistas en el crack de 1987.  

Nada más para dar una idea de la liquidez de las casas de bolsa en esos momentos: sus utilidades crecieron de 240 mil 813 millones de pesos en diciembre de 1986 a  484 mil  947 millones en 1987. De ellas 62.4 por ciento eran de Acciones y Valores (de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú), Inversora Bursátil (de Carlos Slim), Inverlat (de Agustín Legorreta) y Operadora de Bolsa (de Eduardo Legorreta).  

Prácticamente todas las casas de bolsa se hicieron de algún banco, excepto Inbursa que ya tenía el suyo. Hacer una lista de las fusiones y arreglos que hubo sería largo. Por eso sintetizo lo que sucedió en los cinco principales:  

Bancomer fue adquirido por la Casa de Bolsa Probursa (de José Madariaga) y luego vendido al español BBVA; Banamex fue comprado por Acciones y Valores (de Hernández y Harp Helú) y posteriormente adquirido por Citigroup; la casa de Bolsa Inverlat se decantó por Comermex que luego se vendió a Scotiabank; Serfín fue vendido por el gobierno de Salinas a Operadora de Bolsa (de Eduardo Legorreta) y luego se convirtió en Santander; y la Casa de Bolsa Prime (de Antonio del Valle Ruiz, cuyo hijo es el actual presidente del Consejo Mexicano de Negocios y propietario de una de las principales petroquímicas privadas) adquirió varios bancos que se fusionaron en Banco Internacional (Bital), cedido posteriormente a HSBC.  

Uno de los personajes involucrados en la venta de los bancos a las casas de bolsa fue Claudio X. González Laporte (padre de Claudio X. González el de Sí por México) quien en algún momento de su vida fue accionista de Operadora de Bolsa, Banamex, Teléfonos de México, Sambors Hermanos, Kimberly Clark, Industrias Martín, Corporación Industrial San Luis, Rassini, Grupo Polar, hoteles Hyatt, Grupo Industrial Saltillo, Industrias Synkro, Cannon Mills, Euzkadi, Grupo Industrial Minera México, Grupo Alfa, Calzado Puma, Seguros de México, Industrias Nacobre, Simex, Real de Turismo.  

El gran fraude a favor de defraudadores  

Antes de que los expropietarios de las casas de bolsa (llamados en su momento neobanqueros) vendieran los bancos al extranjero, el Gobierno Federal, con Ernesto Zedillo, los rescató, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).  

Los créditos que conformaban los recursos del Fobaproa para 1998 (cuando se decidió convertir ese fondo en deuda pública y se creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario), ascendían a 552 mil 500 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma: 70 por ciento destinados a siete bancos intervenidos, Unión, Cremi, Banorie, Bancen, Banpaís, Capital y Confía, 20 por ciento utilizado en compras de cartera para capitalizar a Banamex, Bancomer, Banorte y Mercantil Probursa, y 10 por ciento empleado en programas específicos de capitalización de los bancos privatizados que, en su mayoría,  iban a ser adquiridos por instituciones extranjeras.  

Con la privatización bancaria a los casabolsistas, el Gobierno obtuvo 13 mil millones de dólares, pero gastó siete veces más, casi 90 mil millones de dólares, para rescatar a la banca que había privatizado. Y los mexicanos seguimos pagando las consecuencias.  

Dice el filósofo del metro: No hay mejor negocio que defraudar mexicanos.  

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