+ Normalistas, feministas, familiares de víctimas de feminicidio e indígenas triquis, han vuelto a marchar en las calles de la capital oaxaqueña para protestar y hacer peticiones al Gobierno del Estado de Oaxaca que encabeza Salomón Jara Cruz.
Oaxaca de Juárez, Oax.- A menos de dos meses de que el Zócalo fuera aparentemente liberado y a pesar del “Nuevo Pacto Social para la Convivencia Pacífica y Segura” que promueve el actual gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, las protestas y exigencias sociales volvieron a hacerse presentes en la capital oaxaqueña.
Normalistas
El jueves 26 de enero, normalistas de la generación 2018-2022 realizaron una marcha de la Fuente de las 8 Regiones al Zócalo de la ciudad, para exigir al Gobierno del Estado una respuesta favorable al pliego petitorio que entregaron el 12 de enero al director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez.
Dentro de sus exigencias están la contratación inmediata y sin trámites burocráticos de los 840 egresados de las 11 escuelas normales del estado de Oaxaca. Es decir, sin la evaluación que exige la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), organismo creado por el actual Gobierno Federal.
El director del IEEPO informó mediante comunicado que se tenía una reunión programada con los normalistas el miércoles 25 de enero, a la cual no llegaron. Pero según los normalistas, no habían recibido respuestas ni les habían informado nada, así que optaron por instalar un plantón el lunes 30 de enero sobre la calle de Armenta y López, frente al edificio de la Sección 22 del CNTE.
Al respecto, Emilio Montero hizo un llamado a los normalistas para anteponer el diálogo sobre cualquier medida que presión que lastime los derechos de la ciudadanía, pidiéndoles dejar atrás los viejos métodos de coacción. También informó que la mesa continúa abierta e invitó a quienes encabezan a los egresados, a mantener el diálogo.
Feministas
El sábado 28 de enero, colectivas feministas convocaron a todos los familiares directos e indirectos de personas desaparecidas o víctimas de feminicidio, a una manifestación contra la violencia de género y desapariciones que se han incrementado en Oaxaca, dejando colocados carteles de dichas personas sobre las tarimas que protegen las obras de rehabilitación y restauración de la Alameda de León en el Centro Histórico.
De acuerdo con el recuento hemerográfico que realiza el Grupo de Estudios para la Mujer “Rosario Castellanos”, 11 oaxaqueñas fueron asesinadas en los primeros 30 días de 2023, sumando un total de 24 feminicidios en lo que va de la actual administración estatal que inició el pasado 1° de diciembre de 2022.
Al respecto, el gobernador Salomón Jara aseguró en su conferencia del lunes 30 de enero que se están atendiendo los casos y que sí les preocupa que se estén incrementando los feminicidios, lo cual consideró un tema doloroso, aunque consideró que es producto de la “inercia” que dejó del gobierno anterior. Incluso, dijo que espera que no sea José Murat (padre del exgobernador) el que tenga metidas las manos creando inestabilidad.
También comentó que la Fiscalía Anticorrupción y otros órganos no han servido de nada, sino solamente para buscar un mayor presupuesto, por lo cual invitará al nuevo fiscal general de Oaxaca a presentar su plan de trabajo.
Y es que la Fiscalía General de Oaxaca ha estado prácticamente en “Stand by” desde antes del 23 de diciembre de 2022, cuando Arturo Peimbert renunció como fiscal, dejando cientos de feminicidios sin resolver, entre ellos los registrados desde el inicio del nuevo gobierno.
Por su parte, Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, comentó que se están llevando a cabo “Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres”, en donde brindan atención a mujeres, adolescentes y niñas. No obstante, destacó la importancia de que la sociedad civil participé más en estos programas de prevención.
Triquis
Este jueves 2 de febrero, un grupo de indígenas triquis realizó también una marcha de la Fuente de las 8 Regiones con destino al Zócalo, para demandar un retorno masivo y seguro de personas desplazadas de San Juan Copala y San Miguel Copala, pues aseguran que ahora en sus casas viven otras personas.
Sin embargo, un grupo de mujeres encabezadas por Sergia Zepeda González y que exigen espacios públicos en el Zócalo para vender sus productos, pretendían reinstalar un plantón frente al Palacio de Gobierno, por lo cual elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez colocaron un cerco de seguridad para impedir su paso.
Indígenas triquis argumentan que hacer marchas, plantones y pintar paredes, es la única forma de que el gobierno los voltee a ver, pues afirman que no han sido invitados e invitadas a las mesas de paz que se han hecho con la actual administración. También denuncian que a dos meses del desalojo, no les han devuelto sus mercancías que comercializaban en los arcos del Palacio de Gobierno, en donde estuvieron por 12 años.
Al lugar en donde se manifestaban acudió el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Diego de la Cruz, quien les comentó que se les ha dado todo lo que ha estado dentro de las posibilidades del Gobierno, incluyendo otras alternativas de espacios para vender y casas en donde ahora están viviendo, pero no pueden permitir que vuelvan a comercializar sus productos en los portales del Palacio de Gobierno.
Y aunque la presencia de alrededor de 100 policías para impedir el paso de una veintena de mujeres triquis fue considerado para muchos un exceso, el presidente municipal Francisco Martínez Neri dijo que tienen que cuidar estos espacios que ya han sido salvados, de lo contrario la ciudadanía cuestionaría en dónde quedó la autoridad.
Lo cierto es que el tema de los triquis sigue siendo un asunto delicado, ya que piden seguridad, pero se oponen que militares o la Guardia Nacional entren a sus comunidades. Además, la riña entre los grupos MULT, MULTI y UBISORT, obedecen más a los fines de sus propios líderes que a las necesidades de la nación Triqui.
Ante todos estos hechos ocurridos, la opinión pública se ha dividido. Por una parte, hay quienes consideran necesario frenar este tipo de protestas que afectan a la ciudadanía de la capital. Pero por otra parte, están las personas que han sido víctimas del sistema y que hasta le fecha no han tenido justicia, recurriendo por ello a marchas y protestas para hacer valer su voz.