Diario Ejecutivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este cinco de febrero una serie de iniciativas que buscan regresar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la dignidad  y el espíritu social que tuvo la carta magna cuando en 1917 fue una de las más progresistas del mundo.

Él mismo lo señaló en su mensaje a la Nación, en donde iteró en varias ocasiones que estas iniciativas buscan honrar el legado del Constituyente de 1917. De hecho fue más claro, intentan sepultar las reformas que se realizaron para impulsar al neoliberalismo en nuestro país.

Estas iniciativas son una especie de legado de Andrés Manuel López Obrador, pues muchas de ellas seguramente serán vetadas por la oposición. Sin embargo significan una especie de herencia de lo que intentó ser la IV Transformación si se hubiera contado con la mayoría calificada en el Poder Legislativo.

Su discurso fue uno de los mejores que ha tenido como primer mandatario, por lo que seguramente será utilizado para análisis e investigaciones académicas.

Pero quizá lo más importantes fueron los 20 puntos en los que resume las iniciativas y que a continuación expongo de manera textual:

Uno. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno, y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.

Dos. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.

Tres. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.

Cuatro. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.

Cinco. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.

Seis. Prohibir el maltrato a los animales.

Siete. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking; no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

Ocho. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

Nueve. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.

Diez. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.

Once. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.

Doce. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1º de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

Trece. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Catorce. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán Precios de Garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país, para cumplir con un acto básico de justicia: que coman los que nos dan de comer.

Quince. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

Dieciséis. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos; la disminución del número de regidores en gobiernos municipales; el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias; esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.

Diecisiete. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuesto por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Dieciocho. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos.

Diecinueve. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra, decía: ‘No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía, que proporciona la retribución que la ley les señala’.

Veinte. Eliminar todas las dependencias —y esto se propone— y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.

Las reformas propuestas tienen muchos detalles que seguramente serán debatidos en el Poder Legislativo en los próximos días, pero también por parte de los poderes fácticos como los medios y los organismos empresariales.

De hecho, aún no se ha realizado un análisis efectivo de cuántas modificaciones a artículos constitucionales se prevén en estas iniciativas.

Pero quizá sí vale la pena señalar que, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, desde 1917 se han realizado 770 reformas a artículos constitucionales. De ellas, la mayoría, 506, fueron hechas en los gobiernos neoliberales, es decir desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto.

Dice el filósofo del metro: La esencia de la Constitución debe ser social, no política.

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