OAXACA, OAX., octubre 8 (apro).- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad alertó al alto comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la grave situación de los derechos humanos en la entidad, lo que ilustra la crisis permanente que se está padeciendo en todo el país.

La ONG resaltó que en lo que va del sexenio de Gabino Cué, organizaciones de la sociedad civil han documentado 406 feminicidios y 78 ejecuciones de líderes sociales, defensores de derechos humanos y otros asesinatos por motivos políticos.

Además, 61 personas se encuentran en situación de prisión política y se han producido 347 ataques contra mujeres defensoras de DH, lo que significa que hay una agresión cada tres días contra activistas comunitarios.

También destacó que después de 80 años de gobiernos priistas, en 2010 Oaxaca inició un proceso de alternancia política, lo que trajo consigo la aprobación de diversas reformas y la creación de instancias con enfoque de derechos humanos.

Sin embargo, esos cambios no han impactado de manera tangible en la situación de los derechos humanos en la entidad; por el contrario, las violaciones a derechos van en aumento y persiste la impunidad por los crímenes de 2006, asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y otras violaciones a garantías fundamentales.

Consorcio considera que la lógica empresarial enmarcada en la implementación de las reformas estructurales constituye las líneas directrices de la acción de Estado.

Y como ejemplo destacó el “recién simulacro de consulta de los pueblos indígenas para aprobar la construcción de parques eólicos en Juchitán; la criminalización de las personas defensoras que resisten contra las empresas mineras en Magdalena Teitipac, y la represión contra la sociedad organizada en defensa del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca para tener el control del territorio y la apropiación de los recursos naturales de los pueblos”.

Aunque el clima de represión, acusó, se hizo más tangible a partir de las elecciones de junio pasado, debido al arribo desmesurado de fuerzas de seguridad (11 mil efectivos): Policía Federal, Gendarmería y Ejército a la ciudad de Oaxaca.

“De ahí que expresamos nuestra profunda preocupación por este despliegue de fuerzas, pues como ha sido documentado en años anteriores a nivel nacional, este tipo de estrategia, lejos de contribuir a la seguridad de la población, implica un aumento en la comisión de delitos y de la violencia en general”.

Finalmente, la ONG solicitó al alto comisionado de la ONU que preste particular atención a la vulnerabilidad en la que se encuentra la población del estado de Oaxaca, sobre todo quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.