Con 25 votos a favor del PRI, 12 en contra del PAN, PRD, Convergencia, PSD y Panal –que presentó la solicitud de enjuiciamiento–, dos permisos y tres ausencias, la sexagésima Legislatura del Estado absolvió este jueves al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de cualquier responsabilidad en el conflicto sociopolítico del 2006 y parte del 2007 y lo declaró “inocente”.

Luego de doce días de “juicio político” al titular del Poder Ejecutivo estatal, la Comisión Instructora del Congreso del Estado determinó, con fundamento en el Artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, que Ruiz Ortiz no es culpable de nada.

A contra pelo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que responsabilizó al Gobernador de Oaxaca de “violaciones graves a las garantías individuales” durante el movimiento social, el dictamen del cuerpo legislativo establece en su artículo tercero que “no encontró responsabilidad alguna atribuible al gobernador constitucional del estado, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, ni por acción, ni por omisión, ni directa, ni indirecta”.

Puntualiza que “no ha lugar a proceder en su contra por los hechos materia de la denuncia que dieron origen a este procedimiento de juicio político”.

En el artículo segundo de conclusiones, la misma Comisión aclara que con este dictamen queda concluido el juicio. “La Comisión Permanente Instructora da por concluido el procedimiento de juicio político iniciado en contra del gobernador del estado, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, por lo hechos denunciados por el ciudadano Cristóbal Carmona Morales (diputado local del Partido Nueva Alianza), en base al dictamen de la SCJN, respecto al caso Oaxaca, al no haberse encontrado elementos para su continuación.

Así, los 25 diputados del Partido Revolucionario Institucional exoneraron al gobernador Ruiz Ortiz, aunque tuvieron en contra el voto de 11 legisladores del PAN, PRD, PC y PSD, y uno del propio Carmona Morales, del Panal, quien presentó la solicitud.

Ausentes estuvieron, por gozar de un “permiso por tiempo indefinido –aunque no han llamado a sus suplentes–, los diputados Gerardo García Henestrosa, del PAN, y Félix Antonio Serrano Toledo, del PRD, quienes ganaron la elección del 4 de julio pasado para ser presidentes municipales de sus natales Salina Cruz y Ciudad Ixtepec, respectivamente.

Los que faltaron sin explicación de por medio fueron los legisladores Francisca Pineda Vera, del PRD; Juan Bautista Olivera Guadalupe, del Partido del Trabajo (PT), y Magdiel Hernández Caballero, del Partido Unidad Popular (PUP).

Los alegatos

Durante su posicionamiento en tribuna, el ex panalista –porque lo expulsaron del Panal– Carmona Morales aseguró que “el juicio político no era una farsa”, lo que le valió de inmediato una andanada de críticas y severos reproches de sus homólogos del PAN, PRD y Convergencia.

“Esto no es una farsa, sino por el contrario, estoy cumpliendo con mi deber”, dijo en polémico diputado ex priista, quien se hizo notar por rechazar en dos ocasiones anteriores igual número de solicitudes de juicio político contra el gobernador Ruiz, junto con la bancada del PRI.

En su perorata, Carmona urgió incluso a “no dejar sin castigo al Tirano –como la APPO llama a Ulises Ruiz–” y a la hora de la votación rechazo el resultado de absolución del juicio político que él solicitó.

Esta postura ambigua le valió la reprimenda verbal de sus compañeros legisladores del PAN, PRD y PC, así como de familiares de los asesinados, golpeados y presos políticos del 2006 y 2007 presentes en el salón de sesiones del palacio legislativo de San Raymundo Jalpan.

La solicitud de juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz fue presentada por Carmona Morales el 28 de julio pasado, con el argumento de haber incurrido en violaciones a la Constitución Política del estado del 14 de junio de 2006 al 14 de julio de 2007.

Por su parte, las bancadas del PAN, PRD y PC rechazaron el acuerdo de los priistas y exigieron regresar el dictamen a la Comisión Instructora.

Además, anunciaron que después de esta “farsa” y “circo” interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN.

El diputado convergente Benjamín Robles Montoya afirmó que el dictamen está plagado de irregularidades, pero tiene alcance jurídico por no haber respetado los plazos tanto de notificación como de investigación.

Mientras tanto, los familiares de los asesinados y presos durante el conflicto sociopolítico exhibieron pancartas con consignas diversas: “Juicio real, no circo”, “Diputados, no traicionen la voluntad del pueblo”, “Diputado Carmona, títere de Ulises, esquirol, traidor”, “Castigo y cárcel para Ulises Ruiz Ortiz”, “Exigimos justicia por los asesinatos y presos políticos”.

La diputada Perla Woolrich Fernández, del PAN, denunció que la Comisión Instructora, dominada por los priistas, cometió irregularidades, como la celeridad con que dio curso al procedimiento, sin observar los términos que establece la ley para estos casos.

Este procedimiento se realizó en 15 días y nunca existió una investigación real. El presidente de la Comisión Instructora tomó decisiones unilaterales durante todo el proceso, nunca se exhibieron documentos originales para la integración del expediente, ni los integrantes de dicha comisión –de la cual ella forma parte– fueron convocados para analizar las pruebas y analizar el caso, acusó la panista.

Precisó que la única ocasión en que fueron convocados, el presidente de dicha comisión, el priista Etelberto Gómez Fuentes, se presentó con un dictamen a modo en el que se absolvía de toda responsabilidad al titular del Poder Ejecutivo, y se daba por concluido el procedimiento de juicio político, sin que existiera un análisis previo que diera pie al dictamen.

A su vez, el diputado Wilfredo López Vásquez, del PRD, acusó que su homólogo Cristóbal Carmona “se convirtió en la carnada de este régimen” y criticó que la Comisión Permanente Instructora haya resuelto en siete días lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en meses y determinó la culpabilidad de Ulises Ruiz.

Reprobó que el dictamen contraviniera a la SCJN y exhibiera la simulación de la bancada del PRI. “Lo único que pretende es parar la próxima Comisión de la verdad”, advirtió.

Y adelantó que la sexagésima primera Legislatura, que entrará en funciones el 13 de noviembre próximo, presentará un decreto para investigar al gobernador Ruiz Ortiz, al ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas; a la ex procuradora de Justicia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, y a los ex jefes policiacos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas.

En su oportunidad, el panista Alfredo Ahuja Pérez recordó lo que la entonces Procuradora de Justicia declaró a un medio de comunicación: que cuando se enteró de los excesos cometidos por los mandos policiacos los llamó a cuentas y se deslindó de su actuación.

Ahuja Pérez recordó que en ese periodo fungía como delegado de la Secretaría de Economía federal, y la dueña del Hotel Marqués del Valle, con bouchers y registro de hospedaje en mano, le comprobó cómo empleados del Coplade del Gobierno del Estado se hospedaron en su hotel la noche previa al intento de desalojo de los profesores del Zócalo, el 14 de junio de 2006.

“Mediante esos comprobantes se supo que esos sujetos habían consumido esa noche dos botellas de Tequila, y que fueron ellos mismos quienes desde sus habitaciones lanzaron gases lacrimógenos a los profesores, razón por la cual los maestros ingresaron al Hotel Marqués del Valle a buscar a sus agresores”, reveló.

El legislador albiazul reveló también que él fue testigo de cómo el Gobierno federal canalizó recursos para los comerciantes que resultaron afectados por el movimiento social de aquél año, “pero ese dinero fue usado por Ulises Ruiz para premiar a aquellos empresarios que lo defendieron durante ese tiempo”.

La defensa

En defensa del dictamen, el presidente de la Comisión Permanente Instructora, Etelberto Gómez Fuente, del PRI, aseguró que se discutió y determinó que Ulises Ruiz “no es responsable”.

Es más, indicó que durante el conflicto magisterial popular “el Gobernador estuvo abierto en todo momento al diálogo, formando incluso mesas de trabajo desde los primeros días de mayo del 2006″.