* La retención de los recursos económicos pone en riesgo el ejercicio democrático, desarrollo y estabilidad de los procesos electorales: TEPJF

OAXACA, OAX., diciembre 26.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró fundados los agravios formulados por el Maestro Raymundo Wilfrido López Vásquez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en el juicio electoral promovido en contra de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por el cual exigió el pago de los recursos económicos asignados, aprobados y autorizados al TEEO para el ejercicio fiscal 2016.

En el juicio identificado con el número SUP-JE-106/2016, el órgano jurisdiccional local adujo la violación por parte de la Secretaría de Finanzas de los artículos 14, 16 y 116 fracción IV inciso C) de la Constitución Federal; 105 y 116 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y; 114 primer párrafo y 114 Bis de la Constitución Local.

Es decir, el TEEO alegó que la falta de pago de 140 cuentas por liquidar certificadas por parte de la Secretaría de Finanzas, atenta contra su autonomía constitucional, legal, financiera, presupuestal, técnica y de gestión de dicho tribunal, así como los principios rectores de la función electoral de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Por lo que demandaron el pago de dichos recursos correspondientes como organismo autónomo.

Ante ello, de forma unánime, las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ordenaron a la Secretaría de Finanzas realizar el pago inmediato de las ministraciones adeudadas, al mismo tiempo que vincularon al Titular del Poder Ejecutivo del Estado al cumplimiento de la sentencia.

Por su parte, la Magistrada Presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malasis, señaló que la omisión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, pone en riesgo la democracia del estado de Oaxaca, máxime que en el presente año se llevó a cabo el proceso electoral ordinario para la elección del Gobernador del Estado; de 42 Diputados del Congreso del Estado; y 570 Ayuntamientos, 153 por el régimen de partidos políticos y 417 por el régimen de sistemas normativos indígenas; y que por tanto, la falta de recursos económicos afecta directamente a la función jurisdiccional de este órgano jurisdiccional autónomo.