+ “Ya firmaron, ya se chingaron”, fue la respuesta que dio Demex a 11 comuneros que demandaron desde 2013 la nulidad de sus contratos de arrendamiento. Tras 9 años de juicio y con el respaldo de ProDESC, por fin el Tribunal Agrario dictó sentencia a su favor.
Oaxaca de Juárez, Oax.- Después de enfrentar un juicio que duró 9 años, finalmente el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 22 con sede en Tuxtepec, dictó una sentencia a favor de 11 comuneros de Unión Hidalgo que pedían la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A. de C.V. (Demex).
En conferencia de prensa realizada esta mañana, la activista zapoteca Guadalupe Ramírez recordó que dicha compañía, filial de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo en 2006 haciéndoles creer que sus tierras eran del régimen de propiedad privada, para que así los propietarios firmaran contratos de arrendamiento individuales.
Y es que a pesar de ser una comunidad agraria e indígena, comentan que Demex se encargó de protocolizar todo indebidamente, pues los terrenos comunales se escrituraron en las Notarías AURELIA BENÍTEZ CASTILLEJOS y MARÍA DE LA LUZ EMELIA MARTÍNEZ CARBALLIDO, ambas ubicadas en Juchitán, logrando incluso su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Por ello, a pesar de iniciar la demanda contra Demex desde el 11 de junio de 2013, año en que el magistrado del TUA Distrito 22 se declaró “incompetente” para resolver el caso, el 21 de octubre de 2016 y ante la presentación de un amparo por parte de Demex, el Tribunal Agrario declaró válidos los contratos, argumentando “la buena fe” de la compañía que supuestamente desconocía la calidad agraria de las tierras.
Sin embargo, los demandantes aseguran que nunca hubo buena fe por parte de la empresa y que incluso un representante español de Demex les dijo “ya firmaron, ya se chingaron”, además de reprocharles que no eran beneficencia pública, que ya habían repartido dinero en todos los niveles y que si querían hacer algo, ahí estaban los tribunales mexicanos.
“Rompieron con nuestras formas de vida, con nuestros usos, costumbres y tradiciones. Lo más triste es que no se ve el desarrollo ni el progreso”, comentó la activista Rosario Cuevas, también de origen zapoteca.
Por ello hoy celebran esta sentencia que reconoce la titularidad que tenía la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos, entre ellos Unión Hidalgo, pues de ahora en adelante cualquier contrato para el uso de sus tierras, deberá celebrarse con la asociación de comuneros, explicó Juan Antonio López, Coordinador de Justicia Transnacional en el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
También precisaron que la nulidad de los contratos celebrados con Demex aplica solo para los 11 comuneros que demandaron. Sin embargo, esto marca un precedente histórico para los demás comuneros de la región e incluso el país que se encuentren en situaciones similares con distintas empresas transnacionales, mismas que “han abusado de la necesidad pero también de la ignorancia de estas comunidades que fueron engañadas firmando contratos”, expresó Rosario Cuevas.
Aunado a lo anterior, está la complicidad por parte de autoridades de todos los niveles -señalan las activistas-, incluyendo a los presidentes municipales que han gobernado Unión Hidalgo desde la llegada de las empresas eólicas:
- Juan Jesús Martínez Rasgado, Morena (2022-2024)
- César Carrasco Vicente, PSD (2019-2021)
- Wilson Sánchez Chevez, PT (2017-2018)
- José López de la Cruz, PRD-PT-PAN (2014-2016)
- Carlos Villalobos Antonio, PRI (2011-2013)
- Rufino Ortega Matus, PRD (2008-2010)
Y a pesar de las amenazas e intento de asesinato de la activista Guadalupe Ramírez (conocida como ‘Na Lupita’) que cuenta con medidas cautelares, comentan que continuarán su lucha para que les sean devueltas sus escrituras libres de gravamen, ya que las tierras de los comuneros quedaron embargadas por tratarse de un proyecto eólico financiado al 70% por Nacional Financiera. Así que existe el riesgo de que si Demex no paga el préstamo, las tierras sean gravadas.
Adicionalmente están solicitando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una evaluación del impacto ambiental que han ocasionado los parques eólicos en toda la región del Istmo de Tehuantepec, en donde son evidentes los cambios de migración de aves, de vegetación y hasta de lluvias, sin contar el ruido que prevalece en las comunidades cercanas a los parques.
Y aunque Demex no pudo construir generadores dentro de las tierras de los 11 comuneros que demandaron la nulidad de sus contratos, sí lo hicieron en los 27 parques instalados en la comunidad de Juchitán que utilizan las tierras de más de 7 mil comuneros.
