El 14 de diciembre de 2013, once campesinos de Yosoñama (4 varones, 4 mujeres y 3 niños pequeños) fueron masacrados e incinerados cuando la camioneta en que viajaban fue emboscada por un grupo fuertemente armado.

Los antorchistas oaxaqueños denunciaron el horrendo crimen y demandaron al gobierno del estado la investigación profunda de los hechos y el castigo de los asesinos. Hasta hoy, todo sigue en la más absoluta impunidad.

Cabe recordar ahora que este bestial asesinato en masa es sólo un eslabón más de la larga cadena de crímenes que un poderoso y temible grupo armado que controla el poder en Mixtepec, ha cometido contra la gente de Santo Domingo Yosoñama, por un prolongado litigio agrario entre ambas comunidades, crímenes entre los cuales destacan el secuestro de 39 campesinos por más de tres meses, el asesinato del líder antorchista Miguel Cruz José, la desaparición de un campesino (o de su cadáver), balaceras que han dejado varios lisiados de por vida, y robo del ganado de quienes se acercan a las tierras en litigio.

También hay que recordar que, paralelamente, hay una campaña mediática permanente para culpar de éstos y otros crímenes a la gente de Yosoñama y a los líderes antorchistas del estado, con el fin de ganarse la simpatía de la opinión pública presentándose como víctimas, provocar el rechazo y la condena públicos contra sus “enemigos” y preparar el terreno para su eliminación física sin ningún riesgo y con el aplauso de la gente.

A raíz de la masacre de los 11 inocentes y de nuestras exigencias de justicia en el caso, se acercaron al líder del Antorchismo en Oaxaca, Ing. Gabriel Hernández García, supuestos “simpatizantes” o supuestos “disidentes” del gobierno de Gabino Cué, para pasarle información “segura” de que la verdadera intención del grupo de Mixtepec es acabar con “las cabezas del antorchismo” (??).

Como lo entiende cualquiera con dos dedos de frente, en realidad se trata de una clara amenaza que se hace a través de canales seguros, que garanticen que el mensaje llegue a sus verdaderos destinatarios y que éstos la entiendan correctamente.

El objetivo, muy claro también, es que los antorchistas retiren su apoyo a Yosoñama en el conflicto agrario y que renuncien a sus exigencias de justicia en el caso de Miguel Cruz José, de los 11 incinerados y de todas las víctimas de la locura asesina del grupo armado de Mixtepec.

El antorchismo oaxaqueño respondió, después de pensarlo mucho, con una manifestación multitudinaria y un plantón, pacífico pero permanente, frente a las oficinas del gobernador, con tres demandas básicas: resolución definitiva y justa de litigio agrario entre Mixtepec y Yosoñama, justicia real y verdadera para todas las víctimas de este conflicto y atención al pliego de demandas del antorchismo en el resto del Estado, que ya lleva más de un año de retraso. Hasta hoy, la respuesta ha sido la indiferencia total.

En este contexto ocurre el asesinato del líder opositor al grupo armado de Mixtepec, Antonio Victorino Raymundo Flores, al que me referí en mi artículo antepasado. Dije allí, y repito ahora, que este crimen nos preocupa porque vemos en él una prueba de que los amos de Mixtepec, en efecto, no se han saciado con los asesinatos cometidos hasta hoy y que van por más; y también una confirmación del mensaje del gobierno de Gabino Cué de que el verdadero objetivo de esa gente son “las cabezas del Antorchismo”.

Pero hay algo nuevo. El 5 de julio actual, la prensa oaxaqueña difundió un “comunicado de prensa” firmado por “el edil (de Mixtepec) Adolfo López Hernández y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Paulino Hernández Paz”, en el que acusan “a sus vecinos de Santo Domingo Yosoñama de perpetrar el ataque armado la noche del viernes, que dejó como saldo siete personas heridas, cuatro de las cuales son elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones”.

En consecuencia, piden al Gobierno del Estado y “al federal” que hagan valer el estado de derecho, indaguen los hechos y pongan fin “de manera definitiva a las agresiones”.

Como se ve, no hay ni rastro siquiera de pruebas fehacientes, ni siquiera un intento de razonamiento lógico y rigurosamente estructurado para sustentar la acusación y la demanda; simplemente afirman lo que se les pega su regalada gana y de allí pasan a exigir, incluso al gobierno de la República, que se aplique a desbrozarles el camino para que pueda seguir dominando sin estorbos aquel municipio.

Según la agencia informativa “Quadratín”, el comunicado afirma que los atacantes de Yosoñama iban “comandados por Antorcha Campesina, organización dedicada a lucrar con el dolor (¡sic!), con los muertos (¡resic!), organización que busca pueblos con hambre y muchas necesidades para engañarlos con aspiraciones imposibles y migajas, son gente que ha trasgredido (¡otra vez resic!) cualquier tipo de límites, atacando por igual a nuestro pueblo como a los cuerpos policiacos en repetidas ocasiones…”.

Y remata diciendo que “nuestro pueblo tomará las acciones pertinentes para que se restablezca el estado de derecho y la paz social, desenvolviéndose siempre en un marco legal, mediante las instituciones, pero sin descartar ninguna forma de lucha” (subrayado de ACM).

Varias cosas llaman la atención en este comunicado, pero debo ir a lo sustancial. Primero, no hay duda de que estamos ante una amenaza clara y directa, pues eso de “sin descartar ninguna forma de lucha” quiere decir “sin descartar el asesinato”, que es, no la última, sino la única “forma de lucha” de esa gente.

Segundo, destaca el trato diferenciado que los medios dispensan a dos hechos similares: mientras casi silenció el asesinato de Antonio Raymundo, a esta denuncia, falsa y sin ningún sustento racional, en cambio, le da la mayor cobertura; y no sólo eso, sino también la mayor credibilidad. ¿Por qué? Los mexicanos ya sabemos que, cuando algo así ocurre, es seguro que detrás de la maniobra haya mucho dinero u “órdenes de arriba”. ¿Cuál de ambos factores opera aquí?

Tercero, también sorprende la defensa que se hace de la policía del Estado, asegurando que ha sido víctima de los antorchistas “en repetidas ocasiones”, y que el ataque de hoy fue “para infundir terror a nuestro pueblo y a la policía…”.

Resultaría interesante saber, caso de que tales afirmaciones fueran ciertas, ¿por qué no es la propia policía quien hace las denuncias mediáticas y legales correspondientes? ¿Por qué se vale de la boca de ganso de esa gentuza para denunciar las fechorías en su contra? ¿Porque sabe que, llegado el caso, no podría probar su acusación?

A mi juicio, sólo hay una explicación lógica a tal defensa oficiosa: es una prueba más de la alianza entre altos funcionarios del gobierno de Gabino Cué y la pandilla de Mixtepec, tal como he escrito con anterioridad.

Finalmente, también sorprende la distinta conducta de la autoridad judicial en ambos casos: en el asesinato de Antonio Raymundo, fue el Subprocurador Regional de Justicia en la Mixteca, Víctor Fernando Ruiz Méndez, quien dio la noticia a los medios y quien aseguró que “no se tiene una línea de investigación precisa, por lo que no se sabe si se trató de un accidente o un homicidio (subrayado de ACM); y añadió que “no tenemos datos precisos del cuerpo que se encontraba en el interior de la camioneta… ya que en las condiciones en que fue encontrado (incinerado, igual que los 11 inocentes de Yosoñama), es difícil realizar una identificación”.

Sí. Y también es muy difícil hallar una manera más sutil y eficaz de restarle importancia a un asesinato político y de exculpar por anticipado, sin decirlo abiertamente, a los autores del crimen.

En cambio, en el caso del supuesto ataque de Yosoñama, se dejó a Adolfo López Hernández, reconocida cabeza del grupo de Mixtepec, y a su títere Paulino Hernández Paz, que se despacharan a su gusto, mientras la autoridad hizo mutis total.

¿No es esto, acaso, un indicio más del acuerdo entre los sicarios de Mixtepec y altos funcionarios del actual gobierno de Oaxaca? Hay algo más grave. Se sabe de buena fuente que, poco antes de su muerte, Antonio Raymundo informó al gobierno de Gabino Cué de sus fundados temores de ser asesinado y de la identidad del comando que mató e incineró a los 11 campesinos de Yosoñama, y que fue esto lo que, lejos de conjurar el peligro, al parecer aceleró su muerte.

Por tanto, está plenamente justificada nuestra alarma ante las amenazas contra la vida de Gabriel Hernández, de su Comité Estatal y tal vez de la de quien esto escribe; y por eso también hago pública la convicción del antorchismo nacional de que, en caso de un atentado contra alguno o varios de nosotros, la responsabilidad del gobierno de Oaxaca estará fuera de toda duda.

Finalmente, escribo también para asegurarme de que la información llegue a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, con la atenta súplica de que se sirva ordenar lo conducente en el caso.