Ante el terco silencio mantenido por las autoridades federales a partir de la publicación en Proceso (edición 1968) del reportaje en torno a la huelga de hambre masiva organizada por El Chapo Guzmán y La Barbie en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, la protesta resultó un éxito para los capos y los más de mil internos que se sumaron a ella. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del director del Cefereso, se vio obligado a dar atención a todas sus demandas, relacionadas con los derechos humanos…
MÉXICO, D.F., (Proceso).- Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue considerado en Estados Unidos como el capo “más poderoso del mundo”, no ha sido neutralizado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde supuestamente se encuentra aislado desde el pasado 22 de febrero, ya que, por el contrario, ha dado nuevas muestras de su poderío al ganar desde la cárcel su primera batalla pública al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Junto con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, exsocio del Cártel de Sinaloa e integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, El Chapo organizó una huelga de hambre masiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, que inició el 16 de julio y terminó el día 20 al recibir atención la mayoría de las demandas de los reclusos.
A la convocatoria de huelga de hambre, emitida por El Chapo Guzmán y por La Barbie, se sumaron por lo menos mil reclusos del penal que exigían mejor trato de las autoridades, pues se quejaban de mala alimentación, deficiente atención médica, falta de ropa interior y empleo de uniformes sucios y en mal estado.
Igualmente, protestaban porque no se les permitía acceso a la tienda del penal donde por derecho pueden comprar artículos de higiene personal; porque no se respetaba su tiempo de visita familiar, y porque sólo se les permitía un único intento para realizar la llamada telefónica que tienen autorizada cada nueve días. (Proceso 1968.)
Familiares de internos y abogados de defensa entrevistados por Proceso informaron que, tras cinco días de que los reclusos se negaron a probar alimentos, la huelga de hambre concluyó el domingo 20 de julio, luego de que el director de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, había fracasado en varios intentos de ejercer presión para acabar con la protesta y terminó cediendo a las exigencias.
Se informó a este semanario que en dicha prisión hay entre mil 300 y mil 500 presos, lo que significa que El Chapo y La Barbie lograron organizar a por lo menos dos terceras partes de los mismos.
El 22 de julio, esta reportera interrogó vía telefónica al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández, sobre la crisis penitenciaria, y dijo no estar autorizado a hablar de ello pero que ese mismo día la Comisión Nacional de Seguridad Pública, encabezada por Monte Alejandro Rubido, emitiría un comunicado al respecto, lo cual no ocurrió. De igual forma, fue inútilmente solicitada una reacción de la Secretaría de Gobernación. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno federal se negó a fijar una postura pública sobre el caso.
LA AYUDA DE CUSTODIOS
De acuerdo con la información obtenida, custodios del penal de máxima seguridad fueron pieza clave para organizar de manera exitosa la huelga de hambre de un extremo a otro del reclusorio. Dichos empleados federales llevaron a los distintos módulos la “invitación” al ayuno girada desde el área de Tratamientos Especiales, donde se encuentran los dos capos.
El penal de El Altiplano está conformado por siete módulos, además de las áreas de Tratamientos Especiales, de Medidas Especiales de Seguridad y Vigilancia Especial (AMESVE) y de Atención Médica, así como por el Centro de Observación y Clasificación (COC).
Entre cada área hay diamantes de seguridad, cámaras de seguridad y puertas automatizadas. Los únicos que tienen movilidad entre cada una de las zonas son los guardias de seguridad, que dependen del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Se aseguró a este medio que custodios del penal ayudaron a divulgar la convocatoria a la huelga de hambre, que a unos presos llegó de parte de Valdez Villarreal y a otros de Guzmán Loera.
El llamado corrió con más rapidez entre los presos que tienen contacto en actividades deportivas y el comedor.
Tratamientos Especiales, un módulo aislado del resto, presenta el mayor dispositivo de seguridad porque allí se encuentran los internos de mayor peligrosidad, como La Barbie, El Chapo y otros integrantes de los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo y Los Zetas.
En Tratamientos Especiales no hay un programa de tratamiento penitenciario; únicamente les proporcionan libros, servicio terapéutico y permiso para pasar unos 15 o 20 minutos diarios en el patio, sin ninguna compañía ni posibilidad de convivir con otros presos. Las celdas de ahí no tienen ventanas ni visibilidad hacia el resto del penal. Una pared supuestamente impenetrable divide esa zona del área común.
Tales presos pueden salir de su celda cuando van al área de visita familiar, a los locutorios y al patio, si tienen autorización. Se supone que están prohibidas las pláticas en pasillos o de celda a celda. Y los reclusos de ese sector son sometidos a frecuentes revisiones.
Los internos del COC también se localizan en un área aislada. En teoría sólo están ahí los de nuevo ingreso, a quienes luego de un mes se les asigna un módulo dependiendo de su peligrosidad. Pero debido a la sobrepoblación de El Altiplano también se hallan en ese sitio reclusos a los que se da una protección especial porque peligran sus vidas o porque tienden a ser conflictivos.
El presidiario César Freyre –acusado de presuntamente haber secuestrado y asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda–, quien lleva nueve años recluido, se encuentra en el COC debido a que ya hubo un intento de asesinarlo dentro del penal presuntamente por órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, según señaló a Proceso María Rosa Morales, madre de Freyre.
Entrevistada el martes 22 de julio, refirió que el 18 de julio pasado, al cumplirse el día de visita a su hijo, éste le informó que todo el penal estaba en huelga de hambre desde el miércoles 16; que hasta el COC había llegado la “invitación” de que se sumaran a la protesta, pero que su hijo no se puso en huelga de hambre porque tiene una dieta especial por cuestiones de salud.
Refirió que habitualmente los presos tenían dos uniformes al año, pero que recientemente les quitaron uno; que es muy poca la comida que les proporcionan, y que ella incluso tuvo que interponer un amparo para que su hijo tuviera doble ración, ya que estaba bajando rápidamente de peso poniendo en riesgo su salud. Añadió que también reclamaban aumentar la ración de garrafones de agua purificada de uno a dos.
Atestiguó que, cuando ella iba ingresando al penal, llegó una comitiva de por lo menos 10 funcionarios públicos con vestimenta distinta a la que usan los empleados del reclusorio, y que entraron a las oficinas.
El 17 de julio, Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos Herrera, consejero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC ) en El Paraíso, Guerrero, preso en El Altiplano, informó al periódico El Sur de Acapulco que en el reclusorio se habían puesto en huelga de hambre más de mil 300 internos.
Y en entrevista con Proceso el 22 de julio, García de Jesús contó que, en la llamada telefónica a la que todos los internos tienen derecho cada nueve días, su marido le informó del ayuno. “Estaban en huelga todos los presos de todos los módulos, con excepción de los enfermos”, aseveró.
Arturo Campos Herrera, indígena na’savi que se unió a la CRAC para defender a su comunidad del ataque de narcotraficantes, fue detenido en diciembre de 2013 tras participar en una protesta por la detención de la líder comunitaria Nestora Salgado García.
Agustina García de Jesús indicó que su marido le ha comentado que para todos los presidiarios hay un solo doctor. “Hace días mi esposo estuvo enfermo y me dijo que no los atienden ni les dan medicina hasta que ven que se están muriendo.
“Hay malos tratos, mala comida y los tienen con uniformes rotos”, agregó.
Campos Herrera, quien está encerrado en el módulo 5, le relató que el director del penal ya había comenzado negociaciones con los presos y les prometió que iban a mejorar las condiciones. “Eso está por verse”, advirtió su esposa.
A su vez, Ausencia Honorato, esposa de Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Guerrero, preso en el módulo 7 de El Altiplano, también confirmó a Proceso la existencia de la huelga.
LOS GANADORES
El director del Cefereso número 1, Valentín Cárdenas Lerma, comenzó a negociar con los internos el mismo día en que empezó el movimiento. Según la información recabada el viernes 18, intentó disuadir a los reclusos de la protesta haciendo traslados de algunos presos, ninguno de relevancia, a otros penales. La huelga continuó el sábado, y todavía el domingo fueron cambiados otros internos de cárcel.
La huelga terminó el domingo 20 luego de que las autoridades del penal cedieron a varias de las exigencias de los huelguistas: se entregaron ropa y tenis nuevos a varios de los internos y se les sirve mayor cantidad de comida, aunque de la misma mala calidad.
El director también aceptó permitir a los presos comprar más productos en la tienda del penal, como papel de baño, aunque no les aumentó el monto de lo que pueden depositar sus familias, como ocurre en el Cefereso de Matamoros, Tamaulipas, porque eso, argumentó, se determina según el salario mínimo de la región.
Los huelguistas consiguieron igualmente que se les permita hacer tres intentos de llamada telefónica a sus familiares, pues sólo podían hacerlo una vez, y si no enlazaba la llamada, no contestaban o estaba ocupada la línea, ya no podían tratar de comunicarse nuevamente hasta pasados otros nueve días.
El director Cárdenas Lerma se comprometió a que en 15 días todos los acuerdos serían implementados.
LA TÁCTICA DE EL CHAPO
Ganarse la simpatía y voluntad de sus compañeros de prisión fue una táctica utilizada por Joaquín Guzmán Loera cuando llegó al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 1995. Entonces era el preso 516; ahora en El altiplano es el 3578.
El primer paso dado por El Chapo para vulnerar la seguridad de esa cárcel, de la cual logró fugarse en enero de 2001, fue justamente aliarse con los demás internos, según consta en la causa penal 16/2001-III referente al expediente de la fuga de Guzmán Loera, a la que se tuvo acceso.
Pagaba la atención médica de familiares de presidiarios que lo necesitaban, daba sueldo a los prisioneros por servirle de mensajeros dentro del penal, y a otros, por ser sus secretarios particulares. Organizaba actividades deportivas y fiestas de Navidad, y en ocasiones les compartía de la comida que llegaba a ingresar al reclusorio proveniente de restaurantes de lujo de Guadalajara.
A la par se fue ganando la voluntad de los custodios y directivos de la cárcel a través de sobornos o amenazas. Afuera de la prisión operaba un grupo que, identificado como “Los Fontaneros”, se encargaba de amenazar y golpear a los custodios que no cedían a los sobornos de Guzmán Loera.
Para 1999 El Chapo era el amo y señor de Puente Grande. Se le permitía recibir a prostitutas a todas horas, droga, alcohol y grupos musicales.
En abril de 1999 la Secretaría de Gobernación designó al comandante sinaloense Dámaso López como subdirector de Seguridad de Puente Grande, quien terminó por ayudar a El Chapo y a tener el control total. Hoy el exfuncionario federal es uno de los hombres más cercanos al capo y uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con decenas de declaraciones ministeriales de presos y empleados del penal de Puente Grande que obran en la causa penal 16/2001-III, Guzmán Loera consiguió el control de la prisión de máxima seguridad con el conocimiento de Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Segob, y de Miguel Ángel Yunes, director de Prevención y Readaptación Social en 1999, así como de Enrique Pérez Rodríguez, quien sustituyó a Yunes en el 2000 y se mantuvo en el cargo hasta después de la fuga.
Finalmente, en enero de 2001 y sin que nada ni nadie tratara de impedirlo, Joaquín Guzmán Loera se fugó de la cárcel de máxima seguridad y se mantuvo prófugo e intocable durante 13 años.
Tras la huelga de hambre de cinco días, El Chapo y La Barbie ganaron la batalla. No sólo lograron doblegar al gobierno federal, sino que consiguieron beneficios para todos los internos, lo que seguramente les ganó mayor simpatía e influencia dentro de la prisión.
Ante el terco silencio mantenido por las autoridades federales a partir de la publicación en Proceso (edición 1968) del reportaje en torno a la huelga de hambre masiva organizada por El Chapo Guzmán y La Barbie en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, la protesta resultó un éxito para los capos y los más de mil internos que se sumaron a ella. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del director del Cefereso, se vio obligado a dar atención a todas sus demandas, relacionadas con los derechos humanos…
MÉXICO, D.F., (Proceso).- Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue considerado en Estados Unidos como el capo “más poderoso del mundo”, no ha sido neutralizado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde supuestamente se encuentra aislado desde el pasado 22 de febrero, ya que, por el contrario, ha dado nuevas muestras de su poderío al ganar desde la cárcel su primera batalla pública al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Junto con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, exsocio del Cártel de Sinaloa e integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, El Chapo organizó una huelga de hambre masiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, que inició el 16 de julio y terminó el día 20 al recibir atención la mayoría de las demandas de los reclusos.
A la convocatoria de huelga de hambre, emitida por El Chapo Guzmán y por La Barbie, se sumaron por lo menos mil reclusos del penal que exigían mejor trato de las autoridades, pues se quejaban de mala alimentación, deficiente atención médica, falta de ropa interior y empleo de uniformes sucios y en mal estado.
Igualmente, protestaban porque no se les permitía acceso a la tienda del penal donde por derecho pueden comprar artículos de higiene personal; porque no se respetaba su tiempo de visita familiar, y porque sólo se les permitía un único intento para realizar la llamada telefónica que tienen autorizada cada nueve días. (Proceso 1968.)
Familiares de internos y abogados de defensa entrevistados por Proceso informaron que, tras cinco días de que los reclusos se negaron a probar alimentos, la huelga de hambre concluyó el domingo 20 de julio, luego de que el director de El Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, había fracasado en varios intentos de ejercer presión para acabar con la protesta y terminó cediendo a las exigencias.
Se informó a este semanario que en dicha prisión hay entre mil 300 y mil 500 presos, lo que significa que El Chapo y La Barbie lograron organizar a por lo menos dos terceras partes de los mismos.
El 22 de julio, esta reportera interrogó vía telefónica al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández, sobre la crisis penitenciaria, y dijo no estar autorizado a hablar de ello pero que ese mismo día la Comisión Nacional de Seguridad Pública, encabezada por Monte Alejandro Rubido, emitiría un comunicado al respecto, lo cual no ocurrió. De igual forma, fue inútilmente solicitada una reacción de la Secretaría de Gobernación. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno federal se negó a fijar una postura pública sobre el caso.
LA AYUDA DE CUSTODIOS
De acuerdo con la información obtenida, custodios del penal de máxima seguridad fueron pieza clave para organizar de manera exitosa la huelga de hambre de un extremo a otro del reclusorio. Dichos empleados federales llevaron a los distintos módulos la “invitación” al ayuno girada desde el área de Tratamientos Especiales, donde se encuentran los dos capos.
El penal de El Altiplano está conformado por siete módulos, además de las áreas de Tratamientos Especiales, de Medidas Especiales de Seguridad y Vigilancia Especial (AMESVE) y de Atención Médica, así como por el Centro de Observación y Clasificación (COC).
Entre cada área hay diamantes de seguridad, cámaras de seguridad y puertas automatizadas. Los únicos que tienen movilidad entre cada una de las zonas son los guardias de seguridad, que dependen del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Se aseguró a este medio que custodios del penal ayudaron a divulgar la convocatoria a la huelga de hambre, que a unos presos llegó de parte de Valdez Villarreal y a otros de Guzmán Loera.
El llamado corrió con más rapidez entre los presos que tienen contacto en actividades deportivas y el comedor.
Tratamientos Especiales, un módulo aislado del resto, presenta el mayor dispositivo de seguridad porque allí se encuentran los internos de mayor peligrosidad, como La Barbie, El Chapo y otros integrantes de los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo y Los Zetas.
En Tratamientos Especiales no hay un programa de tratamiento penitenciario; únicamente les proporcionan libros, servicio terapéutico y permiso para pasar unos 15 o 20 minutos diarios en el patio, sin ninguna compañía ni posibilidad de convivir con otros presos. Las celdas de ahí no tienen ventanas ni visibilidad hacia el resto del penal. Una pared supuestamente impenetrable divide esa zona del área común.
Tales presos pueden salir de su celda cuando van al área de visita familiar, a los locutorios y al patio, si tienen autorización. Se supone que están prohibidas las pláticas en pasillos o de celda a celda. Y los reclusos de ese sector son sometidos a frecuentes revisiones.
Los internos del COC también se localizan en un área aislada. En teoría sólo están ahí los de nuevo ingreso, a quienes luego de un mes se les asigna un módulo dependiendo de su peligrosidad. Pero debido a la sobrepoblación de El Altiplano también se hallan en ese sitio reclusos a los que se da una protección especial porque peligran sus vidas o porque tienden a ser conflictivos.
El presidiario César Freyre –acusado de presuntamente haber secuestrado y asesinado a Hugo Alberto Wallace Miranda–, quien lleva nueve años recluido, se encuentra en el COC debido a que ya hubo un intento de asesinarlo dentro del penal presuntamente por órdenes de Isabel Miranda Torres, madre de Hugo Alberto, según señaló a Proceso María Rosa Morales, madre de Freyre.
Entrevistada el martes 22 de julio, refirió que el 18 de julio pasado, al cumplirse el día de visita a su hijo, éste le informó que todo el penal estaba en huelga de hambre desde el miércoles 16; que hasta el COC había llegado la “invitación” de que se sumaran a la protesta, pero que su hijo no se puso en huelga de hambre porque tiene una dieta especial por cuestiones de salud.
Refirió que habitualmente los presos tenían dos uniformes al año, pero que recientemente les quitaron uno; que es muy poca la comida que les proporcionan, y que ella incluso tuvo que interponer un amparo para que su hijo tuviera doble ración, ya que estaba bajando rápidamente de peso poniendo en riesgo su salud. Añadió que también reclamaban aumentar la ración de garrafones de agua purificada de uno a dos.
Atestiguó que, cuando ella iba ingresando al penal, llegó una comitiva de por lo menos 10 funcionarios públicos con vestimenta distinta a la que usan los empleados del reclusorio, y que entraron a las oficinas.
El 17 de julio, Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos Herrera, consejero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC ) en El Paraíso, Guerrero, preso en El Altiplano, informó al periódico El Sur de Acapulco que en el reclusorio se habían puesto en huelga de hambre más de mil 300 internos.
Y en entrevista con Proceso el 22 de julio, García de Jesús contó que, en la llamada telefónica a la que todos los internos tienen derecho cada nueve días, su marido le informó del ayuno. “Estaban en huelga todos los presos de todos los módulos, con excepción de los enfermos”, aseveró.
Arturo Campos Herrera, indígena na’savi que se unió a la CRAC para defender a su comunidad del ataque de narcotraficantes, fue detenido en diciembre de 2013 tras participar en una protesta por la detención de la líder comunitaria Nestora Salgado García.
Agustina García de Jesús indicó que su marido le ha comentado que para todos los presidiarios hay un solo doctor. “Hace días mi esposo estuvo enfermo y me dijo que no los atienden ni les dan medicina hasta que ven que se están muriendo.
“Hay malos tratos, mala comida y los tienen con uniformes rotos”, agregó.
Campos Herrera, quien está encerrado en el módulo 5, le relató que el director del penal ya había comenzado negociaciones con los presos y les prometió que iban a mejorar las condiciones. “Eso está por verse”, advirtió su esposa.
A su vez, Ausencia Honorato, esposa de Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Guerrero, preso en el módulo 7 de El Altiplano, también confirmó a Proceso la existencia de la huelga.
LOS GANADORES
El director del Cefereso número 1, Valentín Cárdenas Lerma, comenzó a negociar con los internos el mismo día en que empezó el movimiento. Según la información recabada el viernes 18, intentó disuadir a los reclusos de la protesta haciendo traslados de algunos presos, ninguno de relevancia, a otros penales. La huelga continuó el sábado, y todavía el domingo fueron cambiados otros internos de cárcel.
La huelga terminó el domingo 20 luego de que las autoridades del penal cedieron a varias de las exigencias de los huelguistas: se entregaron ropa y tenis nuevos a varios de los internos y se les sirve mayor cantidad de comida, aunque de la misma mala calidad.
El director también aceptó permitir a los presos comprar más productos en la tienda del penal, como papel de baño, aunque no les aumentó el monto de lo que pueden depositar sus familias, como ocurre en el Cefereso de Matamoros, Tamaulipas, porque eso, argumentó, se determina según el salario mínimo de la región.
Los huelguistas consiguieron igualmente que se les permita hacer tres intentos de llamada telefónica a sus familiares, pues sólo podían hacerlo una vez, y si no enlazaba la llamada, no contestaban o estaba ocupada la línea, ya no podían tratar de comunicarse nuevamente hasta pasados otros nueve días.
El director Cárdenas Lerma se comprometió a que en 15 días todos los acuerdos serían implementados.
LA TÁCTICA DE EL CHAPO
Ganarse la simpatía y voluntad de sus compañeros de prisión fue una táctica utilizada por Joaquín Guzmán Loera cuando llegó al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 1995. Entonces era el preso 516; ahora en El altiplano es el 3578.
El primer paso dado por El Chapo para vulnerar la seguridad de esa cárcel, de la cual logró fugarse en enero de 2001, fue justamente aliarse con los demás internos, según consta en la causa penal 16/2001-III referente al expediente de la fuga de Guzmán Loera, a la que se tuvo acceso.
Pagaba la atención médica de familiares de presidiarios que lo necesitaban, daba sueldo a los prisioneros por servirle de mensajeros dentro del penal, y a otros, por ser sus secretarios particulares. Organizaba actividades deportivas y fiestas de Navidad, y en ocasiones les compartía de la comida que llegaba a ingresar al reclusorio proveniente de restaurantes de lujo de Guadalajara.
A la par se fue ganando la voluntad de los custodios y directivos de la cárcel a través de sobornos o amenazas. Afuera de la prisión operaba un grupo que, identificado como “Los Fontaneros”, se encargaba de amenazar y golpear a los custodios que no cedían a los sobornos de Guzmán Loera.
Para 1999 El Chapo era el amo y señor de Puente Grande. Se le permitía recibir a prostitutas a todas horas, droga, alcohol y grupos musicales.
En abril de 1999 la Secretaría de Gobernación designó al comandante sinaloense Dámaso López como subdirector de Seguridad de Puente Grande, quien terminó por ayudar a El Chapo y a tener el control total. Hoy el exfuncionario federal es uno de los hombres más cercanos al capo y uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con decenas de declaraciones ministeriales de presos y empleados del penal de Puente Grande que obran en la causa penal 16/2001-III, Guzmán Loera consiguió el control de la prisión de máxima seguridad con el conocimiento de Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Segob, y de Miguel Ángel Yunes, director de Prevención y Readaptación Social en 1999, así como de Enrique Pérez Rodríguez, quien sustituyó a Yunes en el 2000 y se mantuvo en el cargo hasta después de la fuga.
Finalmente, en enero de 2001 y sin que nada ni nadie tratara de impedirlo, Joaquín Guzmán Loera se fugó de la cárcel de máxima seguridad y se mantuvo prófugo e intocable durante 13 años.
Tras la huelga de hambre de cinco días, El Chapo y La Barbie ganaron la batalla. No sólo lograron doblegar al gobierno federal, sino que consiguieron beneficios para todos los internos, lo que seguramente les ganó mayor simpatía e influencia dentro de la prisión.
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