Oaxaca aparece en primera plana de la prensa nacional y extranjera. La información del diario The New York Times sobre las propiedades inmobiliarias del ex gobernador José Murat en varias ciudades en Estados Unidos, en medio de otros casos similares, más los que se sigan acumulando, revelan indicios del enriquecimiento de personajes al amparo del poder político.
Esas divulgaciones son preocupantes en tanto muestran la opulencia, la frivolidad y el enriquecimiento desmedido de unos cuantos en una tendencia de empobrecimiento progresivo de la mayor parte de la población, de precariedad laboral, pérdida del poder adquisitivo del salario, desempleo e informalidad, que afecta con mayor gravedad a quienes habitan en el sureste y particularmente al estado de Oaxaca.
Estos asuntos no deberían quedarse en meros escándalos políticos y seguir la ruta del olvido colectivo, puesto que más allá de la mala reputación y el cinismo de quienes son exhibidos, ponen en evidencia la fragilidad de las instituciones estatales, con todo y sus mecanismos de transparencia y responsabilidad de la función púbica.
Tales instituciones han sido descalabradas desde arriba, por los propios jefes de la burocracia, por sus omisiones e incapacidades para regular el destino de los recursos públicos y su incapacidad para evitar que esos dineros se ocupen para beneficios personales.
Si las críticas tienen razón y efectivamente existe corrupción, entonces la ley debería aplicarse. Las revelaciones no deben quedarse en el ámbito mediático o en las promesas de los gobernantes, sino en el castigo a los responsables, en la reparación de daños al erario público y en la revisión de los instrumentos de regulación, transparencia y rendición de cuentas para su mayor efectividad.
Es inevitable que la duda y la sospecha de corrupción abone en la cultura de la desconfianza y en la falta de credibilidad hacia las autoridades y hacia los políticos de todos los partidos.
La modernidad institucional democrática queda como cascarón relleno de prácticas premodernas, abusivas y autoritarias articuladas desde la cima del poder político y repartidas en todos los niveles de la estructura.
Si a esto se suma la profunda crisis política del contexto nacional, las grietas de Ayotzinapa, Tlatlaya, los desaparecidos de mucho tiempo atrás, los aparecidos sin nombre, los hallazgos de cadáveres. La secuencia es propia de una película de realismo macabro.
En este terreno devastado por tanta injusticia e impunidad, las preguntas siguen en el aire, ¿en quién creer? ¿en quién confiar? ¿qué garantiza la responsabilidad y el compromiso de los gobernantes? ¿en dónde pueden estar los contrapesos ante los excesos del poder? Al parecer en los partidos no.
Podríamos insistir en la necesidad de un régimen de contrapesos, no necesariamente partidistas, sino más de carácter ciudadano, con asideros en una sociedad civil organizada y participativa, como condición necesaria para alentar las decisiones políticas de cambio democrático.
Sin embargo el asunto no es sencillo, la ciudadanía misma está a prueba ante las circunstancias actuales ¿en dónde está el límite de la tolerancia? ¿Qué tanto puede aceptarse la ocurrencia de estos casos? ¿en qué medida nos estamos acostumbrando a que estos desastres políticos y humanitarios pudieran ser “normales”? ¿cómo revertir la idea de que estos casos son parte de los vicios de un sistema político que no se puede corregir? ¿cómo no perder la brújula para no entrar en una guerra de todos contra todos?
Con las malas señales de los de arriba no se puede estar bien abajo, en donde se articula un coctel explosivo con una variedad de expresiones, en donde se pueden observar movilizaciones de protesta legítima, como las masivas adhesiones a los padres y familiares de los normalistas desaparecidos en su dolor, hasta la infiltración y descomposición de grupos acicateados por intereses facciosos que se multiplican por todos lados con motivos no siempre claros.
Las movilizaciones de protesta con diferentes causas, muestran el estado de descomposición de las relaciones en donde aún no sabemos si se ha tocado fondo, pero que se conjugan en derechos violentados de trabajadores que resienten raquíticos salarios mínimos, de quienes no tienen otra opción que la economía informal, de los niños que no tienen acceso a la educación sea porque no tienen recursos económicos o por la ausencia de sus maestros, de los policías en manifestaciones que pueden parecer excéntricas y atípicas.
Lo que es un hecho es que todas estas expresiones no pueden escribirse en blanco o negro, en una lucha de buenos contra malos, puesto que el purismo no existe en ningún lado y podemos buscar y encontrar alternativas dentro de la misma crisis o en actores que encuentran caminos que no imaginaron en el proceso mismo de sus luchas.
*Investigador del IISUABJO
