OAXACA, Oax., 5 noviembre (apro).- Observadores de las oficinas de los altos comisionados para los Derechos Humanos y de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional (CRI) atestiguarán las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 135 indígenas triquis.

Así lo informó David Cilia Olmos, presidente del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, quien destacó los acuerdos alcanzados esta tarde entre autoridades federales y representantes de los indígenas oaxaqueños.

Además, abundó, a partir de este viernes se desplegará un mecanismo de atención urgente en caso de una eventual agresión a los alrededor de 700 desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala.

Por cierto, el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, Heriberto Antonio García, y la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Ulises Ruiz, Rosario Villalobos Rueda, así como otros 15 funcionarios estatales, fueron marginados del encuentro entre triquis y autoridades federales.

Cilia Olmos resaltó que en la reunión participaron representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública federal, Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la reunión se entregó a Carlos Garduño Salas, director general adjunto de Investigación y Atención a Casos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, el planteamiento integral de las propuestas para el otorgamiento de las medidas cautelares.

La principal propuesta es el retorno de los 700 desplazados de San Juan Copala por el conflicto, así como la presencia de observadores internacionales de derechos humanos.

Por su parte el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, advirtió que si estas medidas no se cumplen, se solicitarán medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Por su parte, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Minerva Nora Martínez Lázaro, precisó que en el planteamiento integral también se incorporan garantías a la salud, la alimentación, la educación, el libre tránsito y el derecho a la residencia y vivienda.

Luego consideró que a la fecha el gobierno de Ulises Ruiz no ha tenido “ninguna intervención eficaz, eficiente e inmediata para atender el conflicto en San Juan Copala”.

Mientras, el representante del municipio autónomo de San Juan Copala, Marcos Albino Ortiz, advirtió que persiste la amenaza de que se ataque a otras comunidades que simpatizan con su movimiento, de ahí que responsabilizó de la eventual violencia a la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).