MUJERES Y POLÍTICA.- En los primeros días del mes que recién terminó, en el foro hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de ciudadanía”, efectuado en la Washington, D.C., ministras parlamentarias, feministas, funcionarios y funcionarias de diversos organismos internacionales analizaron y discutieron la “ciudadanía de las mujeres”.

Una crónica de la periodista Sara Lovera para SEMLAC podría resumir en unos renglones cómo la ciudadanía de las mujeres está hoy por hoy “frenada por la violencia social y de género, la pobreza, la cultura machista en los partidos políticos y la existencia de Estados débiles y democracias simuladas”.

En América Latina el problema se refleja en todos los niveles de gobierno, los años pasan y la paridad es un signo viejo que no envejece gracias a que las feministas están ahí, con el dedo en el renglón, porque a partir de la incansable insistencia algo tendría que cambiar para las mujeres.

Partidos políticos y gobiernos “democráticos”, sin embargo, han elaborado y repetido un discurso largo y tedioso siempre esperanzador para las mujeres, que en la realidad no se traduce en hechos, son palabras, promesas de campañas en busca del voto de las mujeres, ellas que al fin y al cabo representan un nada despreciable “capital político” pues constituyen la mitad de quienes votan o tendrían que hacerlo. Pero sólo eso, sus votos no los puestos.

Aunque la paradoja persiste. Hace unos días me explicaba una colega de Quintana Roo cómo a veces las “cuotas de género” en puestos políticos y públicos se convierten en lo que se planteó en Washington, cuerpos de mujeres, pero sin la visión que en la academia se llama perspectiva de género.

Mujeres que se convierten, por el voto popular, en legisladoras o gobernantes, pero que actúan en contra de las mujeres al negar sus derechos fundamentales, proponiendo y aprobando leyes que violentan vidas humanas.

Tal fue el ya conocido caso de 17 entidades mexicanas donde fueron modificadas las constituciones locales para retroceder en años de lucha en favor del derecho a decidir de las mujeres, lo que hoy mantiene en la cárcel a varias jóvenes que abortaron, pese a que muchas de ellas ni siquiera tuvieron la intención de hacerlo.

En esos 17 estados ¿cuántas diputadas votaron por afanes partidistas, cumpliendo órdenes, mandatos o acuerdos de las cúpulas y no desde su condición de mujeres?

En otras entidades, como Oaxaca, la recién aprobada reforma constitucional ni siquiera tuvo un acto de reflejo hacia la ciudadanía de las mujeres, a pesar de que en las curules hay diputadas que llegaron con historias sufridísimas de discriminación por ser mujeres, aunado a su condición de indígenas y pobres.

Nada pasó, ni se acordaron. Lo sucedido –podríamos pensar– también es parte de una estructura patriarcal, misógina y hasta perversa, favorable para un sólo grupo humano: los varones, pero no se entiende en el caso de las diputadas, la razón se ha dicho es porque carecen de la llamada “conciencia de género”.

Por otro lado, los gobiernos priistas, decíamos, actúan así, son corporativos e insensibles. Hoy vemos que también los coaligados actúan de la misma manera.

De las mujeres que ocupan un cargo dentro de los gobiernos, sean estatales o municipales, son pocas las que pueden tener esa posibilidad de mirar algo más allá de ellas mismas; es decir, a las otras.

Tras el proceso electoral del año pasado y a cuatro meses de que los gobiernos municipales asumieron sus cargos, hoy todavía algunas de las muy pocas mujeres que fueron electas para ocupar una primera concejalía o una concejalía dentro de los cabildos no pueden hacerlo, porque a los otros, a los señores que pretenden mantener su hegemonía y ven a las mujeres como menores, simple y sencillamente, no se les da la gana “permitirles” ocupar los cargos que legítimamente ganaron en las urnas.

Tal es el caso de La Pe Ejutla o Zaachila, donde Thelma Adriana Chávez no puede asumir el cargo de presidenta municipal y la concejala Magali García tampoco puede hacer lo propio como regidora.

Estos actos de discriminación de género, violentan todos los tratados internacionales que al respecto ha firmado México y la propia Constitución mexicana, así de sencillo, pero eso a nadie parece importarle y cuando digo a nadie me refiero a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo que están poco más que ciegas y sordas.

Es curioso, la actual Legislatura local es la que más diputadas ha tenido en su historia de casi todos los partidos políticos ¡cuánta democracia!

En la Secretaría General de Gobierno, es decir, la instancia pública responsable de la política interna de la entidad, hay una mujer, se llama Irma Piñeyro Arias.

Estamos hablando de 15 diputadas y una Secretaria de gobierno. Sin embargo, en ambos sitios se aplica el principio que dice: “cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género”, como señala la feminista Marta Lamas.

Por ello, desde hace tiempo se ha planteado que sí es necesario que las mujeres ocupen cargos tanto públicos como políticos, pero que esas mujeres tengan esa visión de la condición social de las que al menos biológicamente son iguales a ellas.

De otro modo estaremos frente a la nada, servirán para malhaya sea la cosa, como decía mi abuela querida. Se necesita –como se expuso en el Foro Hemisférico Liderazgo de las mujeres para la democracia de ciudadanía– mujeres que promuevan “la igualdad de género, que incentiven la capacidad de los partidos políticos para levantar agendas de igualdad de género; propiciar que haya un número significativo de ellas dispuestas a ingresar a las lides electorales, entre otras prioridades”.

Pero entre las políticas eso se llama competencia y prefieren eliminar a su competencia en lugar de impulsar nuevos liderazgos, porque están decididas a que nada opaque “su brillantez”.

Parece que ya es suficiente con las decisiones machistas de violencia y con ello de discriminación, que toman todos los días los hombres, como para que todavía las mujeres que gobiernan hagan lo mismo.

Su presencia de cuerpo, que no de conciencia, no resulta ni interesante ni atractiva para nadie, menos aún para las propias mujeres; por el contrario, empiezan a resultar peligrosas estas “convidadas de piedra” con sus declaraciones sin sustento alguno.

Otro ejemplo es lo sucedido en la agencia de Lachixao, Textitlán, donde una incursión policiaca, se dice que fueron 400 policías contra 300 pobladores, terminó por golpear a las mujeres que defendieron sus casas cateadas.

¿Qué cosa buscaban? Nadie lo sabe, porque originalmente el problema es de carácter agrario con la población de San Pedro El Alto, pero el mal ejemplo cunde y hay quienes con cualquier pretexto se toman todo tipo de atribuciones violentando los derechos de la ciudadanía y de facto actúan peor que animales irracionales amparados en sus uniformes azules o verdes, según el caso.

En un hospital privado de la capital fue internada Itai Zárate Marcos, de 20 años de edad, una de las cinco mujeres que resultaron seriamente afectadas. Ella tiene traumatismo craneoencefálico con fractura frontal, dicen que ya está fuera de peligro.

¿Era necesaria la violencia? Le preguntan las organizaciones a Gabino Cué Monteagudo, el gobernador de Oaxaca, en nombre de Itai y de Isabel Montes, Elizabeth Velasco, Irene Velasco y Lucina Cruz, que también resultaron descalabradas. Yo agregaría: ¿era necesaria tanta violencia?

Incluso, el Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Textitlán dijo en una entrevista que había la posibilidad de que algunas mujeres habrían sido agredidas sexualmente.

De facto y cómo si fueran parte del escenario, algunos descartaron los hechos. ¿Será posible? Sí es muy posible que haya pasado ¿qué le impediría a los policías actuar de esa manera? Nada, porque frente a ellos lo que tenían era una comunidad indefensa o “armada” con piedras.

No es posible olvidar la historia repetida, común y reciente en situaciones de conflicto en las comunidades. Como pasó a las mujeres de los Loxichas en la década de los 90, cuando gobernaba Diódoro Carrasco Altamirano y Cué era parte de ese gobierno.

Mujeres que sufrieron violencia sexual por grupos de policías, soldados o paramilitares, que no pudieron denunciar los hechos frente a la amenaza del entonces presidente de Derechos Humanos y que terminó siendo procurador de Ulises Ruiz, el “doctor” Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Historias que se deben recordar porque a veces se nos olvidan.

Entonces, las loxichas no denunciaron por el miedo que tuvieron ante la posibilidad de ir a la cárcel si mentían, si no tenían pruebas ¿qué pruebas quería el también catedrático universitario? ¡Ay, Juárez! ¿Dónde estás?

Lo sucedido no es cosa menor, es preocupante y debe ocupar a muchas personas para que este acto no quede en la impunidad, porque como señalan las organizaciones en Textitlán hubo un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza policial contra la población civil, así como la presencia del Ejército Mexicano en el operativo y dónde quedó aquella promesa de “nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir, nunca más el uso de la fuerza pública para callar demandas sociales”, que expuso Gabino Cué en su toma de protesta el 1 de diciembre pasado.

El Gobernador ¿le pedirá alguna disculpa a estas mujeres o será suficiente con el pago de sus curaciones? ¿Quién ordenó el operativo? ¿Tendremos alguna respuesta clara, cierta y precisa, o qué nos dirán las autoridades?

Sin duda, los hechos descritos y la actuación carente de la visión de género, resultan una vergüenza, otra más para Oaxaca, que nos muestran como la democracia y la justicia son de papel, eso sí escritos con mucha saliva.

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