Las facciones de los diversos partidos se encuentran en la rebatinga por las posiciones en juego, las diputaciones y la conformación de planillas para los municipios, haciendo a un lado la búsqueda del bien común y siguiendo la lógica del reparto de patrimonios personales.
Con lo que estamos observando en varios municipios oaxaqueños, sería aventurado plantear que las pugnas están tocando fondo, pues siempre van más abajo, en espiral descendente y caída libre.
Uno de los peores dramas de los conflictos interpartidistas se observa en Juchitán. Las pugnas han llegado a tal grado que al interior de la COCEI se lanzan acusaciones cruzadas sobre “la infiltración del PRI y del gobernador” en el proceso interno.
Si se revisa la historia inmediata de los aspirantes a la presidencia de ese municipio y de sus respectivos grupos, ninguno sale bien librado de las acusaciones que se lanzan mutuamente.
Por no ir más atrás podríamos recordar la participación de los grupos confrontados ahora pero durante el conflicto político del 2006, del papel de Héctor Sánchez en la fantasmal comisión para la reforma del Estado y de Lenin López Nelio, en su actividades como diputado local y en su aventura de aspirante a la presidencia de la capital por el PRD en el 2007, en condiciones de disputas al interior de ese partido y donde circulaba la misma versión, “infiltración del PRI y del gobernador”.
Lo que acurre con la COCEI no tiene nada que ver con el origen y el desarrollo de este movimiento que marcó un hito en las luchas municipalistas de los años setenta y ochenta, ni en la contribución de movimientos como éste para la reforma electoral de 1977, que abrió camino para la participación institucional de los partidos opositores al PRI, la representación proporcional de minorías, y la posibilidad de que muchos movimientos opositores salieran de la clandestinidad.
Ahora las pugnas que observamos nos llevan a la reiterada máxima popular utilizada para contrarrestar a los opositores, “divídelos y vencerás”.
Más que una visión de largo plazo para la conformación de frentes comunes en contra del verdadero adversario, los grupos son atomizados se enfrascan en peleas entre sí y han llegado hasta la violencia; recordemos el penoso incidente ocurrido en la pasada Convención Estatal Electoral del PRD cuando en la gresca por las candidaturas a las diputaciones plurinominales otro de los líderes coceístas, Roberto López Rosado salió golpeado y terminó en el hospital.
Ahora Roberto López Rosado encabeza una manifestación en apoyo al registro de la candidatura de López Nelio ante el Instituto Estatal Electoral y advierte que “Héctor Sánchez, como trabajador del Gobierno del Estado, pueda estarse prestando a la división, a abrirle el paso al PRI en Juchitán” (Noticias, 28/05/10).
La desarticulación coceísta ocurre a tal grado que a ese paso el PRI les mandará las respectivas “gracias”. Lo que no pueda hacer la maquinaria gobierno– partido será encargado a los pleitos de sus opositores.
Pugnas como la que ocurre en este momento, provocaron que en el pasado inmediato, el municipio de Juchitán tuviera una de sus experiencias políticas más anacrónicas.
Se recuerda la imposición de un Consejo de Administración Municipal durante el periodo 2002- 2004, durante la gubernatura de Murat, que evidenció el predominio de los acuerdos cupulares, de los compadrazgos y el clientelismo sobre los derechos y aspiraciones de cambio social.
Si en algún momento, movimientos como el de la COCEI permitieron modificar las correlaciones de fuerzas a nivel local y regional, y llegaron a incidir en el sistema político, años después, estos se convierten en los muros de contención que impiden avanzar en los procesos de democratización.
Los dirigentes viven del usufructo de las glorias pasadas y de la membrecía de la COCEI, pero ahora separados de sus bases, las demandas populares se hacen a un lado y lo que queda de la organización reproduce las mismas prácticas autoritarias y caciquiles de los actores que alguna vez combatieron. En una expresión de Raúl Zibechi, “aquellos barros trajeron estos lodos”.
Para salir de su pantano, los coceístas no necesitan ilustrarse en debates sesudos de ciencia política o recurrir a asesores iluminados, sino simple y sencillamente requieren de un poco de sentido común y una mínima autocrítica, necesitan aprender de su propia historia y leer sus fracasos de manera constructiva. Algo básico, para evitar tropiezos, deben caminar por sí mismos y soltarle la mano a los priístas, según sus propias acusaciones.
La rebatinga coceísta se parece mucho a lo que ocurre con la definición de candidaturas en otros municipios y de los forcejeos entre facciones de los partidos de la coalición opositora por defenestrar a sus propios candidatos, por ejemplo en la candidatura a diputado plurinominal de Flavio Sosa.
Las declaraciones de los dirigentes del PRD y del PT son iguales a las del dirigente estatal del PRI, cortadas con la misma tijera, repiten “que Flavio es un peligro para las elecciones” ¿Quién será el autor de esa descalificación tan original?
La campaña del “peligro para…” surgió en las elecciones presidenciales del 2006 y fue la expresión de una guerra sucia contra AMLO, con un saldo lamentable de divisionismos y polarizaciones ideológicas; de una campaña de descalificaciones que ahora se pretende repetir en Oaxaca para alentar la legítima animadversión social hacia la violencia, pero representada mediáticamente en la figura de Flavio.
Más que responder a la lógica del escándalo de manufactura fácil, de la manipulación del rechazo a la violencia que practican los voceros de la maquinaria, o de identificar a algunas personas en torno a las cuales se generó la antipatía mediática, de seguir fabricando culpables para expiar las culpas del desastre socioeconómico de lo ocurrido en el 2006, tendríamos que preguntar ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los responsables de la desestabilización?
Las respuestas más documentadas a estas preguntas las tiene el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su dictamen sobre los hechos ocurridos durante el conflicto político entre el gobierno estatal y el movimiento magisterial y popular.
(*) Investigador del IISUABJO y catedrático universitario.
