El presidente del Movimiento Vial Ciudadano, Armando Figueroa Colmenares, exigió que las muertes que ocasione el llamado “pulpo camionero” dejen de ser “delito culposo” para pasar a ser “delito grave”, a fin de sancionar con severidad al conductor y al dueño de la unidad de transporte que cometa el hecho.
Consideró por ello que debe reformarse el Código Penal para dar paso a sanciones más severas que se reflejen en la Ley de Transporte, en virtud de que la Dirección de Tránsito del Estado es sinónimo de corrupción e indolencia ante los decesos que ocasionan los transportistas.
Figueroa Colmenares anunció que el 15 de mayo próximo presentará los resultados de los “Foros regionales alternativos sobre transporte público”, ya que el número de accidentes mortales ha crecido y es urgente la educación vial como materia obligatoria.
Indicó que la exigencia de tipificar el delito de muerte ocasionada por el transporte urbano derivó de la consulta ciudadana realizada en algunos puntos de la entidad.
Dio a conocer que a la fecha los foros están en la fase intermedia, luego de recoger opiniones en Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, Salina Cruz, Huajuapan de León y continuar en otras regiones, especialmente la Mixteca, donde las muertes ocasionadas por el transporte de pasajeros es considerado como “foco rojo”.
Figueroa Colmenares detalló que se han aplicado 1 mil 300 cuestionarios, y dentro de las peticiones figura el que cualquier ciudadano tenga la libertad de solicitar una concesión y por la lejanía sea viable el derecho de petición por vía electrónica; es decir, el Internet, y que la autoridad responda en un plazo no mayor de diez días.
Asimismo, consideró importante que la autoridad cree archivos y expedientes personales para revocar las concesiones a quienes no las utilizan o cuenten con varias unidades.
Sobre la problemática que vive el transporte público en la entidad, mencionó el caso de Salina Cruz, donde los hijos del Director de Vialidad municipal, de apellidos Morales Torres y Ortega Juárez, son beneficiados, en tanto que 400 personas tienen concesiones sin cumplir con los requisitos.
