En 1999, un año antes de la alternancia en la presidencia de la república, Jesús Silva Herzog-Márquez, alertaba de los riesgos de la transición a la mexicana (El antiguo régimen y la transición): que en lugar de encaminarse a una instauración democrática, terminara en una mutación del autoritarismo y de los vicios del viejo régimen.

Tras dos sexenios de la alternancia en el gobierno federal; una composición plural de las últimas legislaturas que han integrado el Congreso de la Unión; alternancias diversas en casi todas las entidades del país; puede apreciarse como el politólogo tenía razón.

Oaxaca, parece encaminarse por la misma ruta de la mutación antidemocrática. Entre las causas que el politólogo señalaba para que ocurriera era que el sistema político mexicano había mutado de un autoritarismo ejercido por un partido hegemónico a uno con un amplio, pero irresponsable pluralismo, en donde los actores adquieren el poder para bloquear las acciones de los adversarios, pero carecen de la determinación para actuar en concierto; capaces de buscar con todas sus fuerzas la consecución de intereses facciosos, pero incapaces de trabajar por sentar bases institucionales democráticas.

Vemos como en el país en la última década esta actitud se tradujo en una parálisis legislativa, un debilitamiento institucional y una deslegitimación del sistema de partidos.

En Oaxaca, lejos de aprender se reproducen los errores. En las últimas semanas, hemos visto una concatenación de hechos que muestran el actuar antidemocrático de actores sociales y clase política: desde las tradicionales movilizaciones (plenamente autoritarias) del magisterio; la cuestionada elección del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos; la elección de rector en la UABJO; entre otras.

Entre los pendientes se encuentran las reformas a la legislación secundaria que permitan hacer operables los cambios constitucionales de abril de 2011. Es una oportunidad para dar muestras de voluntad y decisión política de legisladores, partidos y gobierno, de avanzar en la transición democrática. Pero también es coyuntura para la tentación autoritaria.

Una reforma pendiente es la reforma político-electoral. Por ella necesariamente pasará o las bases de una vía democrática o bien los frenos para la misma e incluso la regresión autoritaria,

Y es que priva entre grupos parlamentarios, partidos políticos, actores sociales y organismos civiles una gran desconfianza, si bien por motivos distintos. Por tanto, particularmente quienes ven la posibilidad de ser afectados sus intereses y quieren que estos priven sobre el mandato ciudadano del 2010, buscan reformar la ley con esa intencionalidad.

En la la legislatura local existen diversas iniciativas de reformas al código electoral, presentadas tanto por las distintas fracciones parlamentarias, como consejeros del instituto electoral, aunado a un acumulado histórico de propuestas de la sociedad civil.

Ello habla de la importancia del tema, pero también de un sinfín de intereses que giran en torno al mismo. No es menor el asunto, la democracia pasa por tener reglas claras, procesos transparentes y un árbitro autónomo, fortalecido, profesional y ciudadanizado.

Y en la desconfianza construida históricamente todos dudan de todos. Una situación que conlleva la tentación autoritaria de la nueva correlación de fuerzas en Oaxaca.

Si antes un partido era hegemónico y controlaba sin miramientos el órgano electoral; e incluso a él se sometían representantes y actores de otras siglas partidarias, llega el tiempo de revancha: los antes excluidos (o interesadamente cómplices) buscan ahora maniatar a su favor a la institución encargada de los procesos electorales y de participación ciudadana.

La impronta de considerar a las instituciones adversarias o cómplices, es por supuesto una visión simplista y profundamente antidemocrática. Pero es una situación que se refleja de manera evidente de un análisis de las que se encuentran en el Congreso estatal.

Además, hay dos temas torales para la entidad que también habrán de abordarse: el de la participación ciudadana, que siendo una conquista de la sociedad civil, pese a los candados que se han puesto para un ejercicio vital y con mayor profundidad, se les ha excluido de su discusión y, siendo que la demanda exigiría una ley concreta para su regulación, hay la intención de convertirla en un apartado del código electoral.

El otro tema es el de la libre determinación de los pueblos indígenas. Siendo una respuesta histórica que se diera en 1995 a la demanda de autonomía política, al reconocerse a los entonces llamados “usos y costumbres” como un régimen legal y legítimo de los municipios y comunidades oaxaqueñas, la ley y las instituciones siguen teniendo una deuda con ellos.

Pero hay posibilidades de retroceso. Instituir, por ejemplo, la obligatoriedad de que los municipios establezcan sus Estatutos Electorales, es violatorio de la autonomía. Aún más. Si bien los estatutos efectivamente pueden ayudar a resolver conflictos en dónde estos se han radicalizado y rebasado a la institucionalidad comunitaria; la obligación de elaborarlos, puede crear conflictos en lugares en donde éstos no existen, dada la dinámica particular de su organización sociopolítica y la flexibilidad de sus reglas para la construcción y ejercicio de la ciudadanía y la disputa por el poder local. Por eso debe ser una alternativa no un imperativo contar con ellos.

Mayor riesgo sería establecer el padrón municipal comunitario, como obligatorio. Regular a los pueblos indígenas con los mismos mecanismos de la democracia liberal, es no sólo una incomprensión de sus sistemas normativos, sino una negación del derecho a la diferencia, consagrado constitucionalmente y reconocido por los instrumentos internacionales. Y en la práctica, es una violación a la autonomía. Además, tal propuesta, que puede ser de buena fe de buscar salidas a la conflictividad municipal, puede convertirse en un filón para ofrecer posteriormente la “asesoría” para la elaboración y actualización de esos instrumentos.

Por esas razones, como se ha exigido desde la sociedad civil y la academia, el movimiento indígena e incluso desde las instituciones, es necesario abrir el debate sobre estos temas. La responsabilidad histórica que asumirán las y los diputados de la 69 Legislatura no es menor. En sus manos estará la decisión de avanzar hacia la democracia, como se comprometieron al asumir sus cargos o bien, perpetrar un retroceso, manteniendo el statu quo, sólo con otros nombres y siglas. La consolidación democrática o la mutación autoritaria será el mensaje contundente que llevará la aprobación de la reforma electoral.

Comentarios: vicleonjm@hotmail.com

Twitter: @victorleonelj