SANTA LUCÍA del Camino, Oaxaca, junio 28.- Para Aristarco Aquino Solís, ex dirigente de la Sección 22 del SNTE y presidente del Consejo Democrático de Agencias, Colonias, Fraccionamientos y Sectores de este municipio conurbano, el gobernador Gabino CuéMonteagudo dejó aquí una de sus deudas políticas: “el pago de facturas”.
Y es que asegura que el conflicto que se vive en este ayuntamiento desde hace casi dos años, se ha convertido en un un problema político social en el que demuestra incapacidad, apatía, indiferencia y falta de voluntad para resolverlo.
Refirió que quienes exigían la auditoría para sus autoridades prefirieron no desgastarse ante el menosprecio del Gobierno del Estado por los problemas de carácter político social.
“No es casual ni gratuita la actuación del Gobierno estatal en Santa Lucía del Camino por el pago político a un grupo de regidores facciosos y vividores”, acusó.
En entrevista, Aquino Solís consideró que el Gobierno “quiere hacer una tabla rasa en los municipios que tienen conflictos como el de Santa Lucía del Camino; es decir, tener una indecisión y no atreverse a solucionarlo por los pagos de los partidos políticos incrustados en una coalición”.
Argumentó que “por esodecidimos no desgastarnos más y nos hicimos a un lado los integrantes del Consejo Democrático de Agencias, Colonias, Fraccionamientos y Sectores de Santa Lucía del Camino, porque ha existido una complacencia para los ocho regidores, de pasarse la factura, pero todo tiene un costo y esperamos que al Gobierno esto no le salga caro.
El líder magisterial descalificó también la actuación del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez,“un personaje insensible que no ayuda a este gobierno, se perdió en los años priistas y hoy, a pesar de quererse recuperar políticamente, el hombre no demuestra ninguna democracia”.
Además, criticó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Gerardo Cajiga Estrada, “por la tirria que adoptó en contra del presidente municipal Pedro Cabañas Santamaría”.
Santa Lucía del Camino vive el conflicto de sus autoridades municipales desde el 1 de enero de 2011, entre un grupo de ocho regidores y el Presidente municipal que se disputan el reparto y el manejo de los recursos económicos asignados como presupuesto.
