El pasado 10 de agosto del 2012, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó reformas al Código Electoral que considera la paridad de género, el debate público, el fomento a la participación de los pueblos indígenas, el reconocimiento a los sistemas normativos internos (identificados con anterioridad como sistema de usos y costumbres), entre otros puntos.

Estas reformas no se explican sin el activismo de las organizaciones, pueblos y comunidades de Oaxaca en un proceso de largo plazo, y tampoco pueden comprenderse sin el reciente pluralismo partidista y electoral del estado, que ha empezado a abrirse camino en los últimos años.

Sin embargo, el debate en torno a este proceso de reconocimiento que inició con reformas a la Constitución estatal en 1995, tiende a simplificarse, principalmente cuando las posturas se generalizan al calificar a los sistemas normativos como “estáticos”, según el trabajo de algunos colaboradores de la revista Nexos.

Estos apuntan que la política de reconocimiento constituye una “regresión autoritaria” que “no sirven para lidiar con las dislocaciones sociales que produce el desarrollo económico”, “que está mal equipado para procesar los conflictos en sociedades fluctuantes y dinámicas” y refieren que su reconocimiento es “un experimento”.

En contra de la simplificación, habría que apuntar que los sistemas normativos internos son más complejos de lo que parecen, su comprensión remite a la necesidad del estudio de historicidades particulares, que se expliquen de acuerdo a contextos cambiantes, dentro de condiciones sociales y económicas adversas propias de un modelo de desarrollo centralista como el que sigue dominando en el país, el cual ha favorecido a las zonas urbanas en detrimento de las zonas rurales e indígenas.

Este modelo de desarrollo distorsionado opera bajo una lógica racista que insiste en observar a los pueblos indígenas como primitivos o como menores de edad, suponiendo que “no saben lo que les conviene”.

La generalización y la descalificación de los sistemas normativos internos dependen de una interpretación parcial en el sentido de que la democracia liberal es el modelo de la política moderna, y por tanto, las expresiones políticas que se aparten del modelo en abstracto son consideradas como anacrónicas.

Sobre la tentación de generalizar, se tendría que insistir que se requiere de más estudios empíricos sobre la vida política de los municipios que se rigen bajo sus propios sistemas normativos. Seguramente esto permitiría comprender a los actores a partir de sus propias circunstancias así como entender mejor sus exigencias y expectativas políticas.

No es casualidad que las voces más fuertes a favor de la política de reconocimiento se desarrollen en Oaxaca. En el contexto nacional, según el criterio de hablantes de lengua indígena, México registra una proporción del 6.4 por ciento (INEGI, 2010). La distribución de población indígena varía; hay entidades que registran el uno por ciento, como Nuevo León y Baja California, y en el otro extremo Oaxaca, con una proporción del 34 por ciento.

Las diversas formas de organización presentes en los sistemas normativos han sido en muchos casos reactivas a las imposiciones del partido de Estado, de las voluntades de los gobernantes en turno en los ámbitos nacional y estatal, y a la operación de cacicazgos locales, que garantizaron durante varios años el control político de regiones y municipios. Incluso, muchos de esos viejos cacicazgos siguen vigentes en varios municipios y regiones.

Un ejemplo de esas costumbres autoritarias impuestas desde el Estado era el registro formal de las autoridades municipales electas bajo procedimientos internos con las siglas del PRI, que ocurrió hasta antes de las primeras reformas.

Al registro de autoridades se sumaba la operación de ese partido en la gestión de recursos, lo cual facilitaba su maniobra para las elecciones estatales y federales en donde los municipios sí participaban a través del sistema de partidos.

De esta manera, las reformas emprendidas en Oaxaca el pasado mes de agosto, van en sentido contrario a esa perspectiva, y no solo como la buena voluntad de los legisladores, sino como los reclamos de los pueblos indígenas en diversos momentos de la historia quienes han luchado por su visibilidad, su autonomía y en rechazo a la política vertical dominante. Esta es una historia que tiene que escribirse con su variedad de matices y no solo en blanco y negro.

*Comparto el entusiasmo de que la maestría en sociología del IISUABJO se reincorpore al padrón nacional de posgrados de calidad del CONACYT; un acierto del equipo dirigido por los Doctores Arturo Ruiz y Virginia Reyes. Excelente oportunidad para jóvenes oaxaqueños y de varias regiones del país, interesados en realizar un posgrado de calidad dentro de nuestra universidad.

Fragmento de intervención en el seminario Gobernabilidad y desarrollo local. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. México, D.F. 3 de octubre de 2012.

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