+ La propuesta del diputado Francisco Martínez Neri advierte que la resolución judicial que ordena al Tecnológico entregar a un particular parte de su espacio, afectará el patrimonio de la institución y de los servicios educativos que presta
SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, febrero 6.- Por unanimidad, el pleno de la LXI Legislatura del Estado solicitó la intervención del gobernador Gabino Cué Monteagudo para solucionar la problemática relacionada con la sentencia judicial que ordena al Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) entregar a un particular parte del inmueble que ocupa, lo cual afectará el patrimonio de esa institución y de los servicios educativos que presta.
Con 33 votos de los diputados presentes en la sesión ordinaria de este miércoles, el pleno aprobó el punto de acuerdo propuesto por el legislador perredista Francisco Martínez Neri por el que se exhorta al Gobernador del Estado para que en pleno respeto del Estado de Derecho intervenga, coadyuve y proponga los mecanismos para encontrar una salida a esta resolución judicial que afectaría la vida académica de esa institución.
El Diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que el ITO es una institución pública de educación superior donde se imparten estudios de nivel licenciatura y postgrado en diversas áreas de la administración e ingenierías.
Indicó que dicha institución ha representado una alternativa para la formación académica profesional de los jóvenes oaxaqueños, sustentada en el humanismo y en los valores éticos, iniciando sus actividades en octubre de 1968 en un predio cercano al Río Atoyac.
Pero desde el 23 de octubre de 1988 un particular promovió la acción reivindicatoria en Juicio Ordinario Civil en contra del entonces Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca, demandando ante los tribunales la restitución de una parte del terreno que fue destinado para la instalación de esa institución.
El diputado Martínez Neri precisó que desde el 14 de diciembre del año 2012, el Juez Tercero de lo Civil resolvió el asunto dictando sentencia ejecutoria, misma que ordena a la institución educativa entregar al particular parte del inmueble, luego de haber acreditado su legítimo derecho ante los tribunales.
Y advirtió que de cumplirse esta resolución judicial, traerá efectos negativos en la prestación del servicio educativo, en virtud de que el espacio e infraestructura construida que constituyen el patrimonio del ITO y que es indispensable para su buen funcionamiento, se verá disminuido.
Por ello, el exhorto a las autoridades estatales, especialmente al gobernador Cué Monteagudo, para que coadyuven y promuevan de manera inteligente los mecanismos necesarios para la adecuada solución del problema, a fin de evitar la afectación de ese bien público que es la educación, siempre en un ámbito de respeto a las garantís individuales de los particulares.
