—Primera parte

SIN DERECHO A FIANZA.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fue creado por decreto de Heladio Ramírez López el 25 de mayo de 1992.

Desde el principio nació corrupto, ya que, al mismo tiempo, ese gobernador lo entregó en manos del magisterio oaxaqueño, mismo que, en un caso inédito, pasó también a formar parte de la administración pública (¿cómo se aplicarían sanciones a sí mismos los maestros?). Es decir, la Sección 22 fue juez y parte. El primero en dirigir el instituto fue Lino Celaya que, además, era secretario de gobierno.

En otra línea de corrupción, el IEEPO, desde el ciclo escolar 2009-2010, rebasó en 78 por ciento el número de plazas autorizadas por la SEP, revela un informe de seguimiento a la revisión de nóminas pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Para Oaxaca, la SEP autorizó sólo 55 mil 169 plazas, pero en ese ciclo, el número de profesores contratados se disparó a 98 mil 70, entre eventuales, por contrato y con plaza (entre estos también de la sección 59).

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La líder del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, fue defenestrada por presunta malversación de fondos. En Oaxaca siguen impunes funcionarios y ex funcionarios del IEEPO, a pesar de la ASF les descubrió que los responsables desviaron cientos de millones de pesos para pago de bonos y compensaciones a trabajadores no autorizados por la SEP y por mantener “aviadores”, entre muchas anomalías.

Años antes que se iniciaran las investigaciones de las cuentas que manejaba la “Maestra”, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) descubrió que entre el IEEPO y la Sección 22 desviaron millones de pesos, así como listas grandes de “aviadores” de profesores y miembros del gobierno de Ulises Ruiz.

Desde el año 2009 la ASF descubrió la corrupción en el IEEPO y señaló un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 43 millones 989 mil 843 tres pesos con 41 centavos, más los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de fondo.

Eso, dijo, “por haber destinado recursos del FAEB para el pago de trabajadores para los cuales no se proporcionó información durante la visita a centros de trabajo, por lo que no se pudo constar que las funciones desarrolladas corresponden a los objetivos del mismo”.

Esa información hizo declarar en el 2011 a Gabino Cué Monteagudo que el déficit financiero del IEEPO proviene de esas nóminas ficticias y del desvío de recursos destinados a la educación. Por ello, el IEEPO “se había convertido en un barril sin fondo” que propició actos de corrupción y desvío de recursos para fines distintos de los educativos.

Sin embargo, no se hizo nada; es decir, aparte de considerar fuera de la ley a Abel Trejo González, quien finalizó al frente del IEEPO en el gobierno de Ulises Ruiz.

El gobernador Cué Monteagudo dijo en esa ocasión (junio de 2011) que el manejo de la nómina del magisterio ha sido discrecional, con la opción de quitar o poner nombres, lo que implica la erogación de recursos. También habló de que se encontraron 160 plazas de personal de confianza entregadas en los últimos días de la administración de Ruiz Ortiz. “En la auditoría se han detectado nóminas que no corresponden al magisterio; incluso, se presume complicidad de los bancos que manejaban las nóminas”, arriesgó.

En esos resultados (del 2009) también se dictaminó que el IEEPO tenía deficiencias de controles, porque no se identificó ni administra los riesgos; “no se identifica al personal comisionado, tanto a niveles de educación media superior como al sindicato”. Tampoco había control para una adecuada comunicación para la información entre la Coordinación General de Personal y Relaciones con la Coordinación General de Educación Básica, especialmente en lo referente a movimientos de personal; asimismo, se carece de un ambiente de control para el correcto desempeño de sus actividades”.

La ASF consideró entonces que el control interno en la gestión del FAEB es deficiente, “ya que no existen actividades de control suficientes para evitar los principales riesgos y asegurar de manera razonable el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del mismo.”

ABEL TREJO, EL MÁS RECONOCIDO

También en el 2010 se desviaron recursos por más de 700 millones. En mayo de 2011 se dio a conocer que la La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado descubrió irregularidades en el manejo de 721 millones 294 mil 644 pesos en una auditoría practicada al ejercicio fiscal 2010 del IEEPO; es decir, durante el último año de la administración de Ulises Ruiz Ortiz.

Ahí se presentaron 24 observaciones por esa cantidad, equivalente a 16 por ciento del total del ejercicio, que fue de 4 mil 371 millones 62 mil pesos. Lo que significa que uno de cada seis pesos que se otorgaron al sector educativo fue desviado o utilizado en forma irregular en ese último año al frente de Abel Trejo González.

La auditoría indica que 363 millones 491 mil 290 pesos fueron pagados en efectivo a proveedores o prestadores de servicios, pero no existen documentos de materiales entregados ni de los servicios supuestamente realizados.

Se destacó también el desvío de más de 160 millones que no se pudo comprobar, entre ellos, 69 millones 583 mil pesos en una parte y ni de 54 millones que desaparecieron en traspasos a cuentas; además, por incumplimiento de las reglas de operación de los programas, 33 millones 8 mil pesos tampoco aparecieron.

Hace tres días comenzaron a brotar las anomalías en el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), al darse a conocer que el jefe del Departamento de Secundarias Generales de la dependencia, Efrén Montes, se suicidó tras dejar un mensaje póstumo en el que acusó corrupción en el sector.

EL IEEPO HANGAR DE AVIADORES DE LA SECCIÓN 22

En ese junio de 2011, quien fuera elegido por Gabino Cué para dirigir el instituto, Bernardo Vásquez Colmenares, informó que en el IEEPO de Ulises Ruiz se pagaban casi 60 millones de pesos a maestros de la Sección 22 que no acuden a las aulas.

Era hasta chistoso: “Tenemos más de 60 millones de pesos en nóminas que no se explican; incorporan trabajadores de Nuevo León, por ejemplo, que nada tenían que estar haciendo en la nómina de Oaxaca, o de jubilados y pensionados, y el IEEPO no paga a jubilados ni pensionados”, señaló en entrevista con Reforma.

Abundó que hay maestros que abandonan su trabajo, “se van de sus escuelas sin autorización, pero que cobran su salario íntegro”. Dijo que sólo en el nivel de telesecundaria, hay más de cien profesores en esta condición.

Y reconoció su incapacidad: “es difícil sancionar o reincorporar a los maestros desubicados, porque la Sección 22 del SNTE los respalda”.

Explicó: “La rigidez de la relación con la Sección 22 impide que le digamos a un trabajador que sale de una secundaria de la ciudad de Oaxaca, que lo adscribimos a una secundaria lejana en el interior del estado”.

Por otro lado, abundó, los maestros ejercen control absoluto sobre las horas-clase que quedan vacantes en los diferentes niveles educativos, y heredan las plazas.

“Todos los niveles establecen los criterios sobre la ocupación de las plazas vacantes. Cuando se jubila un trabajador, digamos sus 20 horas se destinan a cubrir al hijo del trabajador que se jubila, toma posesión de esas horas, pero el excedente se distribuye con criterios que no siempre son equitativos y transparentes”.

Y explicó la corrupción auspiciada y mantenida por el gobierno: “en este manejo discrecional de horas-clase y plazas, el IEEPO como autoridad no interviene porque es un acuerdo con la Sección 22 alcanzado hace muchos años”.