Cada vez, con más frecuencia, observamos el bloqueo de vialidades con las manifestaciones de los normalistas así como las expresiones de cansancio de quienes sufren los estragos de esas acciones. Las demandas pueden parecer ambiguas “contratación automática, becas, material didáctico”, así como diversos beneficios sociales que gozaban sus maestros. Sin embargo, resulta que el estado que brindó ciertas condiciones de bienestar en décadas pasadas y que favoreció una etapa de bonanza del sindicalismo ya no está.
El interlocutor que esperan, se encuentra desdibujado en una mezcla de ineficiencia gubernamental y de intereses mercantiles. En el mejor de los casos la respuesta en la esperada “mesa de negociación” puede ser el reparto de algunos beneficios económicos para contener momentáneamente la protesta y alentar prácticas clientelares, para aceitar el sistema, pero el derecho al trabajo seguramente no.
La expectativa de un trabajo seguro es legítima, particularmente si consideramos la idea de que la educación es un factor de movilidad social y que las expectativas son de jóvenes que vienen de sectores sociales que resienten condiciones de empobrecimiento progresivo, de familias rurales e indígenas, hijos de campesinos o jornaleros; para estos, la formación como maestros con posibilidad de ascenso en la escala social se ha ido diluyendo.
El asunto es más complejo de lo que imaginan los muchachos de la Coordinadora Estudiantil Normalista de Oaxaca (CENEO). Podrían tomar todos los accesos a la ciudad durante días o semanas completas y tampoco encontrarán respuesta satisfactoria, salvo la multiplicación de hartazgos y malestares de todos lados. El interlocutor esta fragmentado, es sordo y sus prioridades son otras.
Tampoco es tan simple como suponen algunos políticos que consideran que las movilizaciones se deben regular, y existen iniciativas legislativas al respecto; tal vez imaginan marchas sobre banquetas y que los contingentes esperen la luz verde de los semáforos. El asunto no se puede resolver con represión, que entre la policía a poner orden y ya. Más allá de las molestias y las referidas pérdidas económicas que reportan, el asunto tiene que resolverse en toda su complejidad.
Puede suponerse que a medida que el sistema vaya cerrando más puertas para el acceso a la educación y al trabajo, las presiones de los jóvenes serán mayores; estos puntos son nodales, las posibilidades de acceso al trabajo con remuneración digna se han estado restringiendo y respecto al acceso a la educación superior algunos datos en nuestra entidad revelan que solo el 18 por ciento de los jóvenes alcanza ese nivel.
Las movilizaciones de los normalistas no son más que otro indicio de la multiplicidad de tensiones sociales que está generando el cambio de un modelo económico en un estado relativamente regulador hacia el dominio de un mercado rapaz que subordina a gobiernos de todos los colores. Gobiernos que lamentablemente carecen de políticas públicas para atender las demandas que se generan en este sector de población.
Cabe indicar que los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad concentran a más de una cuarta parte del total de la población del país, sin embargo, a decir de Axel Didriksson especialista en la materia, no han existido ni existen políticas públicas que consideren programas, presupuestos y estrategias para atender la falta de oportunidades.
“Sin una radical inserción y atención de miles de jóvenes en programas educativos y culturales, sin la construcción de espacios escolares y sociales, sin una propuesta de inserción laboral adecuada y sostenida, este año que comienza seguirá ofreciendo muy poco a la juventud del país. Con una perspectiva económica que sigue esperanzada en mantener un modelo que refuerza la dependencia de las trasnacionales y del desarrollo de otros países, en lo particular de Estados Unidos, con el aumento desorbitado de los precios a los productos básicos que consumen los jóvenes, con un salario raquítico, y con la imposibilidad de poder crecer al 5% para generar el millón de empleos que los jóvenes requieren”. (Proceso, 19/01/14).
En lo educativo y laboral se sigue reiterando el enfoque de competencias laborales, cuando la adquisición de las mismas y sus resultados estandarizados poco sirven para una sociedad. De acuerdo con Didrikson, se requiere avanzar en la construcción de un aprendizaje multicultural, complejo e interdisciplinario, y de conocimientos que se adquieren por la vía de la creatividad, de la inteligencia múltiple, y de una formación para la vida y la sustentabilidad.
Esta perspectiva es contraria a la perspectiva de los empresarios, un actor ineludible en el juego de fuerzas, quienes, en la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.) registran opiniones como la siguiente: “muchos jóvenes desperdician varios años de su vida y una importante cantidad de dinero estudiando cosas o desarrollando habilidades que no son requeridas por las empresas. Si por el contrario hubieran estudiado una carrera técnica en menos tiempo y en menos dinero podrían haber desarrollado mejores habilidades”.
Según datos de esa asociación civil para el estado de Oaxaca, los empleadores consideran que el 86 por ciento de los jóvenes egresados de todas las instituciones de educación superior, no tienen el perfil para ser contratados. http://www.cidac.org/esp/index.php
El futuro incierto no es únicamente para los estudiantes normalistas sino para los demás egresados de universidades y centros de educación superior, sean públicos o privados del estado de Oaxaca y del país. Ni que decir del 82 por ciento de los jóvenes oaxaqueños que no han podido tener acceso a la formación profesional.
Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
