OAXACAC, OAX., mayo 12.– El gobernador Gabino Cué Monteagudo no justifica el destino de los 2 mil 400 millones de pesos que pretende solicitar en préstamo a la banca privada durante el presente ejercicio fiscal, aseguraron diputados del PAN, PRD y PRI.
En entrevistas por separado, a condición de no publicar sus nombres, los legisladores indicaron que este hecho “ha metido en aprietos” a la LXII Legislatura del Estado para darle la autorización al Mandatario estatal, porque “la nueva reforma federal de disciplina financiera de estados y municipios prohíbe a gobernadores y alcaldes heredar deudas y contraer obligaciones de pago o empréstitos de forma desmedida y opaca”.
Revelaron que en tres ocasiones la Diputación Permanente de la LXII Legislatura había abortado la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones en la que pretenden aprobar –por mayoría simple– la autorización que solicita Cué Monteagudo para endeudar a Oaxaca con 2 mil 400 millones de pesos más.
El 15 de abril pasado el Congreso del Estado notificó que Cué Monteagudo pidió autorización para contratar un nuevo préstamo, esta vez por 2 mil 400 millones de pesos y ofreció dejar en garantía los ingresos por participaciones federales, recaudación de impuestos, derechos y otros ingresos fideicomisarios.
Del mismo modo, Cué Monteagudo solicitó autorización para contratar un monto equivalente al 2.75 por ciento de los 2 mil 400 millones que pedirá en crédito, para constituir fondos de reserva, la contratación de operaciones financieras de cobertura y los gastos que generen la estructuración, contratación y calificación del financiamiento, así como el pago de comisiones.
El plazo del financiamiento será por 15 años, incluyendo el periodo de gracia que se pacte con los acreedores.
En su exposición de motivos para el requerimiento de la nueva deuda pública, Cué Monteagudo sólo justificó la disminución de precios y producción del petróleo nacional, así como el recorte de gastos del Gobierno federal y el negativo entorno macroeconómico.
Argumentó que los problemas económicos “han impactado al registrarse un reducción del 2 por ciento en la recaudación federal participable comparada con el ejercicio fiscal 2014”.
Sin detallar a qué proyectos será destinado este dinero, Cué Monteagudo justificó que la contratación de la deuda pública es un “instrumento utilizado para financiar las acciones del Estado con el fin de satisfacer la demanda de bienes y servicios de la sociedad, así como para fortalecer la infraestructura que impulsa el desarrollo económico y social” (sic).
Y para asegurar el pago de la nueva deuda, el Gobernador de Oaxaca ofrece en garantía los ingresos por participaciones federales, recaudación de impuestos, derechos y otros ingresos fideicomisarios.
Además, pide que se le autorice el refinanciamiento del prepago de los créditos, empréstitos o valores que actualmente tenga contratados o emitidos con terceros.
Los legisladores locales del PAN, PRD y PRI que pidieron omitir sus nombres, recordaron que el 5 de mayo pasado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios, por lo que en breve se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor los cambios que prohíben a gobernadores y alcaldes heredar deuda y contraer obligaciones de pago o empréstitos de forma desmedida y opaca.
La Comisión Permanente declaró la constitucionalidad de la reforma que fue turnada al presidente Enrique Peña Nieto para que la signe y de inmediato se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Hasta el momento, los Congresos de Guerrero, Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Oaxaca no han aprobado la reforma en materia de disciplina financiera.
Y es que la reforma es el primer paso para obligar a los gobernadores y alcaldes a publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único que precise como información mínima el nombre del deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago.
Asimismo, ordena la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones, que ningún empréstito podrá contraerse para gasto corriente, sólo para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o que tengan propósitos de regulación monetaria.
En cuanto a las legislaturas locales, sólo con el voto en favor de las dos terceras partes de sus miembros deberán autorizar los montos máximos de deuda en las mejores condiciones del mercado.
Incluso, quedará prohibido para mandatarios locales heredar deudas de corto plazo, por lo que deberán liquidar los créditos a más tardar tres meses antes de que culmine su administración.
Aunque los legisladores aún tienen que elaborar las leyes secundarias, los mandatarios estatales y municipales tendrán obligaciones inmediatas.
Una vez que entre en vigor la reforma, “las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales”.
La primera obligación que tienen es reportar al Congreso de la Unión las deudas con garantía federal y sujetarse a la información extra que les soliciten las comisiones tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, esto en un plazo máximo de un mes.
Y en 90 días naturales, los Congresos locales, a través de sus entes fiscalizadores, están obligados a auditar “el conjunto de obligaciones del sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía”.
