SAN RAYMUNDO Jalpan, agosto 19.- Como si fueran llamados a misa, de los que nadie cumple, la feneciente LXII Legislatura del Estado ocupó buena parte de su sesión ordinaria de este jueves 18 de agosto de 2016 en pedir de todo y a todos, como una carta que se envía de manera anticipada a los reyes magos.

Así, como de “urgente y obvia resolución”, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer los casos de los asesinatos de actores políticos y de violencia política no resueltos en Oaxaca durante el sexenio del que se va: Gabino Cué Monteagudo.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le demandaron emitir una recomendación ante las autoridades, ordenando medidas cautelares que salvaguarden los derechos e integridad de las familias de los occisos.

Y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) “garantizar” el inicio del ciclo escolar 2016-2017 y, con ello, los 200 días que marca el calendario lectivo para más de 1 millón 200 mil niños, niñas y adolescentes que cursan sus estudios básicos con maestros de la cuestionada Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En su sesión de este jueves, a propuesta del dirigente y diputado local del Partido Social Demócrata (PSD), Manuel Pérez Morales, el Congreso del Estado exigió resultados sobre los asesinatos de Javier Francisco Reyes de Jesús, ex candidato a diputado; lo mismo de Rolando Vásquez Castillejos, dirigente de la COCEI, y de Carlos Martínez Villavicencio, ex diputado federal, los tres afiliados al PRD.

En tribuna, Pérez Morales señaló que la violencia política en Oaxaca es cada vez más grave y sin control, y citó el caso de Javier Reyes, cometido por sicarios que penetraron a su casa, ubicada en la agencia de Santa Rosa Caxtlahuaca del municipio de Santiago Juxtlahuaca, la madrugada del sábado pasado.

Refirió que al inicio de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo se llevaba un recuento de por lo menos 530 personas que han sido asesinadas por conflictos políticos, sociales y agrarios en Oaxaca.

El diputado Pérez Morales citó también los casos de Jehová de la Cruz Gallegos, ex coordinador de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) y afiliado al Partido del Trabajo (PT), asesinado el 20 de mayo cuando salía de un velorio en la Colonia19 de Marzo de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Por su parte, el diputado Manuel Andrés García Díaz, del PRI, consideró que la educación es un medio indispensable para la realización de otros derechos, mismo que no puede ser transgredido por ninguna organización gremial, como la Sección 22 del SNTE, y exigió a los gobiernos federal y estatal asegurar el inicio del nuevo ciclo escolar.

Es que en la víspera, la Sección 22 anunció que por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no iniciarán clases el próximo 22 de agosto.

El diputado García Díaz sostuvo que “en Oaxaca somos más los que queremos un mejor desarrollo para nuestras comunidades y vemos en la educación uno de los principales activos para lograrlo”.

Insistió en su llamado a las partes involucradas a que actúen con prudencia y mesura en beneficio de más de 1 millón 300 mil estudiantes oaxaqueños de educación elemental a media superior.