+ Ambos ex servidores públicos son señalados de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto sociopolítico del 2006-2007 en la entidad oaxaqueña

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, junio 22 del 2020.-  En cumplimiento al acuerdo de los y las diputadas que integran la LXIV Legislatura del Congreso estatal, este lunes se retiraron las dos placas conmemorativas instaladas en la sede del Poder Legislativo, en las que aparecen los nombres del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y del ex presidente de la Gran Comisión del Congreso, Bulmaro Rito Salinas.

Lo anterior,  ante la presunta  responsabilidad de ambos ex servidores públicos por las graves violaciones a los derechos fundamentales del pueblo oaxaqueño cometidos durante el movimiento social de los años 2006 y 2007, de acuerdo con el informe “Ya sabemos, No más impunidad en Oaxaca”, emitido por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO).

El retiro de las dos placas conmemorativas, atiende a la reciente tendencia mundial de eliminar monumentos y homenajes relacionados con procesos contrarios a los principios democráticos vigentes, caracterizados por los derechos humanos y la no discriminación.

El acuerdo aprobado por mayoría de las y los integrantes del pleno legislativo, en sesión extraordinaria del viernes 19, precisa  que uno de los cómplices del ex mandatario Ulises Ruiz en ese proceso, fue Bulmaro Rito Salinas, quien como presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, avaló la represión en contra del movimiento social. En general se contabilizaron 373 víctimas.

La iniciativa fue impulsada por el diputado, Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien argumentó que el hecho de que permanecieran los nombres de Ruiz Ortiz y Rito Salinas, en las instalaciones del Poder Legislativo, es un insulto a la memoria histórica del pueblo y a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, así como el pueblo agraviado.

El informe de la Comisión de la Verdad asienta que durante el conflicto social del 2006-2007 “el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Otras acciones fueron desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.