+ Siete profesores jubilados invirtieron sus ahorros en INALIM, que suman 30 millones de pesos; pero desde hace un año no han recibido nada, “sólo amenazas de muerte”, denunciaron hoy ante los medios. Exigen auditoria del SAT, pago inmediato de deudas y que se castigue a los involucrados en el fraude.
Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de abril de 2021.- En conferencia de prensa, maestros jubilados del Istmo y Valles Centrales, denunciaron ser víctimas de fraude por parte de Hugo Nomeli Sandoval Bolaños y Roberto Pérez Hernández, dueños de la empresa de salsas INALIM.
El maestro jubilado Victorio Jesús Díaz Aguilar, explicó que desde el 2016 tuvieron contacto con dichos empresarios, quienes les presentaron un plan de trabajo para la inversión de sus ahorros a través de la empresa INALIM.
Victorio Díaz, quien trabajó 37 años como maestro, sostuvo que obtuvieron sus ahorros luego de años en el servicio educativo y pretendían ponerlos a trabajar para generar intereses con los que pudieran seguir manteniendo sus gastos.
Por ello se convencieron de invertir en esta empresa que se dedica a la elaboración de salsas de chapulín, pero nunca imaginaron que serían defraudados y menos que, después de haber denunciado, las autoridades no atendieran ni dieran seguimiento a sus denuncias.
Refirió que en 2017 la situación comenzó a ser irregular con los empresarios, pero a partir de 2020 se complicó y no han recibido nada desde entonces, sólo amenazas de muerte y otras amenazas contra su familia.
Explicó que son siete los profesores que invirtieron sus ahorros en INALIM, que van desde los 2 a los 12 millones de pesos por cada uno, sumando un aproximado de 30 millones de pesos. Por ello se encuentran desesperados, pues son sus ahorros de toda una vida de trabajo los que están a punto de perderse.
Ante esta situación exigen una auditoria urgente por parte del SAT y que se investiguen los registros contables de la empresa, bienes familiares y socios, para identificar el destino de su patrimonio y sea pagado lo que les deben.
Sobre todo, piden que se castigue de acuerdo a la ley a las personas que han llevado a cabo este fraude y se alerte a la población para evitar que otras personas caigan en manos de quienes solo han jugado con el patrimonio de familias enteras.