OAXACA, OAX., abril 26.– La Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández, aclaró que el Secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib y tres ex funcionarios del ex gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, no están exonerados.
Por el contrario, una vez subsanados los procedimientos, adelantó que presentará más pruebas en contra de Ortega Habib, el subsecretario de Finanzas, Fernando González; el ex coordinador de Comunicación Social, Raúl Castellanos, y la también ex vocera Soledad Rojas, en virtud de que el resultado final de las auditorias del 2011, arrojó que incurrieron en más irregularidades que configuran el delito de peculado.
La ex diputada local del PAN, salió al paso de la determinación de la decisión del Juez Segundo de Distrito Federal y de la petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de revocar las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios de Ruiz Ortiz.
Lamentó, que al revocar las ordenes de aprensión contra los ex funcionarios de URO, se le dé un tinte político mediático, “porque hay quienes lo quieren aprovechar con fines electorales, porque ya se vienen las elecciones”.
De paso, Woolrich Fernández, aseguró que “no voy a satisfacer caprichitos y no voy a renunciar. Haré lo que el gobernador disponga que haga, él me dio la confianza”, atajó.
La contralora del estado, señaló que lo determinado por el Juez Segundo de Distrito, los obliga a cumplir requisitos de forma y no de fondo, aún cuando no comparten su criterio.
Woolrich Fernández, explicó que el juez de distrito argumenta que la querella la debió firmar el director jurídico y no la contralora, es decir ella.
Argumento que ella firmó la denuncia en contra de esos cuatro ex funcionarios de Ruiz Ortiz, porque se guiaron en la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la cual tiene mayor validez que los reglamentos internos, pues la primera es una ley primaría y la otra una ley secundaría.
“En esta ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se faculta a la contralora a presentar las querellas, por ello, el criterio que esgrime el juez de distrito, para mi es equivocado, pero lo vamos a perfeccionar, porque de eso se trata porque es de forma. Si el juez quiere que la denuncia la firme el director jurídico, que tiene cargo inferior a la contra, lo firmara él. Se va satisfacer su exigencia”, asentó.
Reveló que PGJE, pidió la revocación de las órdenes de aprensión porque los afectados (la administración pública estatal) no iba a estar peleando con el criterio de un juez de distrito, que seguramente iban a secundar los del tribunal colegiado para favorecer a los ex funcionarios, y por tanto perderían tiempo.
Al subsanar un requisito de formalidad, indicó que se impedirá la prescripción de los delitos de peculado, “que es a lo que le tiran los ex funcionarios de Ruiz Ortiz”, desveló.
“Para evitar que se salgan con la suya, vamos a enriquecer las pruebas en contra de estos ex funcionarios, porque ya tenemos resultados de otras auditorías que se estuvieron practicando”, anotó.
En contra parte, aseguró que la revocación de las órdenes de aprehensión contra Ortega Habib, Fernando González, Raúl Castellanos y Soledad Rojas, no significa que sean absueltos, ni exonerarlos de nada.
Y es que recordó que la denuncia contra esos cuatro ex funcionarios, fue en el 2011, producto de auditorías preliminares.
Una vez culminadas las auditorias, refirió, se encontraron muchas cosas más, “como mala aplicación de dinero público, más ausencia de documentación comprobatoria, no se siguieron los lineamientos normativos para la aplicación de recursos públicos”.
“Encontramos bastantes irregularidades, porque se complementaron las auditorias. Cuando presentamos la primer denuncia todavía faltaba mucho por auditar, pero ya se encontraron más cosas”, completó.
En defensa de los primeros procedimientos implementados jurídicos contra los ex funcionarios de Ruiz Ortiz, indicó que la primer querella se presento, en base a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la cual establece que la puedo presentar ella. “Pero ahora serán presentadas por el Director Jurídico”, anticipó.
Aclaró, no obstante, que al ejercitar una acción penal, es el ministerio público, quien ejercita las órdenes de prensión; y cuando la contraloría presenta la querella, el ministerio público es quien revisa la denuncia y hace la indagatoria, y si cumple con los requisitos, el siguiente paso es el juez, quien determina librar la orden de aprensión.
Dijo entonces que en última instancia, “es culpa compartida entre la Contraloría y la PGJE, la revocación de las órdenes de aprensión”.
Sin embargo, insistió en que el juez interpretó mal la ley, porque la titular de la contraloría tiene mayor facultad de interponer denuncias, en lugar del director jurídico.
