SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, mayo 17.- La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado, que preside el diputado Emmanuel Alejandro López Jarquín, del PRD, analiza la propuesta de reforma al Artículo 40 de la Carta Magna que propone adicionar el término “laico” a la forma de Estado y Gobierno establecida en México.

En los considerandos del dictamen enviado por el vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Ricardo Francisco García Cervantes, se señala que es de ineludible responsabilidad republicana elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano.

Indica que incorporar el principio de “laicidad del Estado” en el Artículo 40 Constitucional implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, a adherirse a cualquier religión o corriente filosófica y a su práctica individual o colectiva.

“Con esta reforma se evitaría que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y del Estado”, puntualiza el texto.

El referido Artículo quedaría de la siguiente manera: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley fundamental”.

La propuesta que está siendo estudiada por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la LXI Legislatura, agrega que el Estado debe ser el garante de los derechos de libre elección de religión o de convicciones y es a través del carácter laico como se cristalizarían.

El documento que fue presentado en la sesión extraordinaria de la LXI Legislatura del Estado el 9 de mayo pasado, detalla que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia entre los ciudadanos.

La reforma que se pretende hacer al Artículo 40 Constitucional señala “la voluntad del pueblo mexicano de otorgarle las características que deberá prevalecer en su gobierno: como una República representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”.

En su exposición de motivos, el vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión agrega que “este artículo es de suma importancia dentro de nuestro marco constitucional y donde debe incluirse el principio de laicidad”.

Puntualiza que de asumirse el compromiso sin restricciones del principio de laicidad en México y en todos los estados, los representantes populares reafirmarán el camino de grandes personajes históricos como el oaxaqueño universal: Benito Juárez García, llamado el Benemérito de las Américas.

“Con mayor fuerza en el México actual es necesario reconocer la pluralidad cultural y religiosa como un rasgo irrenunciable de nuestra experiencia colectiva”, añade el documento.

En días pasados, dirigentes del Foro Cívico México Laico entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes, así como a los presidentes de las comisiones de Estudios Constitucionales, Emmanuel Alejandro López Jarquín; de Derechos Humanos, Pavel Renato López Gómez, y de Cultura, Flavio Sosa Villavicencio, varias cajas que contienen unas 18 mil firmas de oaxaqueños que se oponen a la reforma constitucional del Artículo 24, sobre libertad de creencias.

Estas firmas fueron recabadas en las ocho regiones del Estado de Oaxaca por los integrantes del Foro Cívico México Laico, que preside Jacob Avelar, a nivel nacional, y Karina Sánchez Ruiz, a escala estatal.

Los diputados Mendoza Reyes, López Jarquín, López Gómez y Sosa Villavicencio ofrecieron que el tema será analizado por las comisiones respectivas y luego sometido a la consideración del pleno legislativo.