OAXACA, OAX., julio 27.- Tres organismos de derechos humanos denunciaron el incumplimiento de los compromisos adoptados para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, relacionadas con temas trascendentales que protege el Derecho Internacional Humanitario como son desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado y ecocidio.
Los beneficiarios, acuden una vez más a la reunión con Gobierno Federal y del Estado, convocada por la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lic. Omeheira López Reina.
Los representantes de las instituciones del Gobierno Federal NO acuden a la reunión; demostrando el desdén, desinterés, negligencia y falta de sensibilidad ante los planteamientos hechos por las comunidades beneficiarias de las medidas.
Ante esta situación se solicitó una audiencia con el gobernador del Estado, Gabino Cué, misma que fue atendida en donde se le informó del nulo cumplimiento a las minutas firmadas en las mesas de implementación de medidas cautelares, así como se le reiteraron las demandas de justicia y solución a las problemáticas que originaron que acudiéramos a un Organismo internacional.
A partir de esta fecha todos los beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH se unen y forman la coordinadora para seguimiento y cumplimiento de las mismas nombrando a cinco representantes de cada comunidad, acompañados de representantes de las tres organizaciones peticionarias.
Se instaló una mesa con los Secretarios de Gobierno para presentarnos un plan de acciones tendientes a la solución de nuestros planteamientos, tomando en cuenta lo que le corresponde atender en el marco de su competencia además de comprometer una reunión mensual de evaluación de compromisos.
Por ello se unen todas las comunidades beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las comunidades de Santo Domingo Ixcatlán, Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Valle del Río, San Pedro San Juan Copala, Zapotengo, Pochutla; el caso de fondo de Antonio Jacinto y San Antonio Acatlán Putla de Guerrero.
Los organismos que se unieron son el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C., el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz.
