OAXACA, OAX., febrero 21.- La Comisión Instructora del Congreso del Estado inició un Juicio de Procedencia o también llamado Juicio Político a los titulares de la Secretarías de Finanzas (SF), Gerardo Cajiga Estrada; de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla y el de Vialidad y Transporte (Sevitra), José Antonio Estefan Garfias, por duplicidad de funciones, abuso de autoridad y omisión.

Iniciado el procedimiento a esos funcionarios, la Presidenta de ese cuerpo colegiado legislativo, Ángela Hernández Solís, informó que viene la etapa de pruebas y alegatos en las que podrían llamar a comparecer a éstos ante la Instructora para defenderse.

Mientras que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Alejandro López Jarquín, aclaró que hay un procedimiento establecido en la ley y será la comisión instructora quien pedirá las pruebas a la demandante como a los funcionarios, para determinar si se configuran los supuestos y si procede el Juicio Político contra esos funcionarios.

“Es un proceso que está iniciando y no hay todavía una determinación, y no se puede satanizar a la Comisión Instructora por hacer su trabajo”, atajó. Y es que trascendió que el representante del Gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal, Jorge Castillo, al conocer del inicio del Juicio de Procedencia contra el titular de la SSP, SF y Sevitra, pretendió regañar a la presidenta de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, y veladamente ordenó a esta no realizar el procedimiento.

Hernández Solís no hablo de esos trascendidos, sólo se limitó a decir que “la comisión instructora cumple con su trabajo de darle al juicio y hacerse de todas pruebas, para que llegado el momento se emita el dictamen”. “La comisión instructora tiene la faculta de ley de llamar a comparecer a los funcionarios y solicitar toda la información y esa es la parte que estamos haciendo”, puntualizó Hernández Solís.

Fue el pasado 11 de octubre del 2012, cuando la presidenta de la Unión de Gestores e Intermediarios del Estado de Oaxaca, Lucila Fernández Ruiz, presentó el Juicio de Procedimiento ante la Sexagésima Primera Legislatura, López Escamilla, Cajiga Estrada y Estefan Garfias.

Fernández Ruiz ha sido activista del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y Víctor Hugo Alejo Torres, Consejero Jurídico del gobernador Gabino Cué Monteagudo, se ha presentado en su momento ante candidatos a cargos de representación popular, hoy legisladores de ese instituto político y el PRD.

Fernández Ruiz señala que los titulares de la SSP, SF y Sevitra, cometen delitos porque en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que la única dependencia autorizada para entregar placas, engomados, tarjetas de circulación y licencias de conducir es Sevitra.

Para la denunciante, la SSP y Finanzas incurren en delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, mientras que a Sevitra se le configura el delito de omisión por no ejercer sus funciones.

Argumenta también que con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en abril de 2012, todos los documentos expedidos por las dependencias acusados son nulos y no tienen valor legal, por tanto se incurre en fraude a la ciudadanía que ha tramitado y pagado los derechos vehiculares.

Fue hasta el pasado 21 de noviembre del 2012, cuando la Sexagésima Primera Legislatura, dio entrada a la solicitud de inicio de Juicio Político contra los titulares de la SSP, Sevitra y Finanzas. La Comisión Instructora inició el Juicio Político, confirmaron fuentes legislativas, porque ante la dilación del procedimiento a los funcionarios públicos, Fernández Ruiz interpuso un juicio de amparo y acto seguido fue notificado el Congreso.

De acuerdo con documentos de la Comisión Instructora, los argumentos presentados por Fernández Ruiz son procedentes para iniciar el juicio político contra los titulares de la SSP, SF y Sevitra, porque se infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

En tanto, al director de Tránsito del Estado, Óscar Noé Martínez Morales, a quien también le entablan Juicio Político, la Comisión Instructora determinó que éste no era sujeto y sólo turnó el caso a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que ésta determine por qué sigue firmando licencias de conducir cuando es competencia de Sevitra.

Diputados confirmaron que el inicio del Juicio Político sólo fue firmado por tres de los cinco diputados que integran la Comisión Permanente Instructora, Hernández Solís y los diputados del PRI, Daniel Cuevas Chávez y Mercedes Rojas. Mientras que el diputado, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez del PAN y Aleida Serrano Rosado, del PRD, se desistieron de signar ese documento que da paso al inicio de Juicio de Procedimiento a los titulares de la SSP, SF y Sevitra.