OAXACA, OAX., mayo 6.- La utilización de armas de fuego durante los disturbios, forma parte de los protocolos de actuación de la Policía Municipal, aseguró el comisario Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
En este sentido señaló que no se tiene contemplada la aplicación de sanciones en contra de quien recurrió a esta acción para disolver los disturbios ocurridos durante la marcha del 1 de mayo.
Explicó que el protocolo utilizado por Oaxaca de Juárez está en sintonía con los protocolos nacionales e internacionales, que marca que el primer paso es el diálogo con los “alborotadores”.
“El comandante estableció diálogo e intentó calmar los actos vandálicos que se estaban desarrollado y la respuesta fue golpear a un elemento vial. La violencia estaba en su máxima expresión”.
Agregó que ante el riesgo en el que se puso a la ciudadanía por el lanzamiento de petardos cerca de la gasolinera en Fonapas, la siguiente acción de la policía municipal fue la utilización de gas lacrimógeno pero “al no tener la respuesta favorable, se efectuaron disparos al aire” dijo.
Sostuvo que el elemento que recurrió a esta acción está plenamente capacitado en control de disturbios y en donde está en riego la vida de un elemento se puede recurrir al uso controlado de fuego.
“Yo no tengo considerada ninguna sanción, estamos analizando la información y videos que se tiene para ver cuál fue la actuación y en su momento si hay errores se corregirán”, asentó.
En tanto, el ombudsman Arturo Peimbert Calvo, informó que por la detención de un grupo de personas, como presuntas responsables de causar daños a establecimientos comerciales y bancos, así como de confrontarse con agentes de seguridad pública municipal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió un expediente de queja y un cuaderno de antecedentes para documentar los hechos y vigilar el respeto a los derechos humanos de las y los detenidos, así como de las víctimas de estos acontecimientos.
Por lo pronto, indicó que se brindó asesoría a los familiares que se encontraban en espera de que les notificaran la situación jurídica de los detenidos. Además de que la DDHPO se constituyó en la Agencia del Ministerio Público adscrita al Hospital Civil en compañía de integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), para constatar que dos personas habían sido puestas a su disposición y que no se encontraban incomunicadas.
La DDHPO integró el expediente de queja DDHPO/734/(01)/OAX/2013, por probables violaciones a los derechos humanos de personas detenidas durante la marcha. Además, se inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/365/(01)/OAX/2013, a través del cual se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado realizara las acciones tendientes a garantizar los derechos de las víctimas por los delitos que se hayan cometido con motivo de la marcha del primero de mayo, por probables violaciones a los derechos libre tránsito; de acceso a la justicia, a la seguridad pública; al sano esparcimiento; y a la libertad del trabajo en condiciones de seguridad, de terceros involucrados.
En tanto, para prevenir futuros disturbios durante manifestaciones públicas que afecten a terceros, Peimbert Calvo propuso establecer procedimientos informativos con las partes involucradas en las manifestaciones en la vía pública para la exigencia de sus derechos, con la finalidad de “adquirir conciencia de la inexistencia de jerarquía en el ejercicio de los derechos fundamentales”, así como establecer procedimientos conciliatorios con las partes afectadas para armonizar sus derechos.
