+ La semana pasada, durante la detención de 10 presuntos delincuentes, incluidos dos jefes policiacos municipales, se les acusó del delito de “desaparición de personas”, que es más grave
OAXACA, OAX., octubre 30.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) vinculó a proceso a siete hombres señalados como “probables responsables” del delito de “desaparición de personas” cometida por particulares, los cuales fueron aprehendidos la semana pasada en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, región de la Cuenca del Papaloapan.
Durante estos operativos se aprehendió al edil de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez, así como del Primer Comandante de la Policía Municipal, B. F. F., del Segundo Comandante de la Policía Municipal, L. C. A., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, el cual por ser delito federal corresponde a un juez de la Federación resolver la situación jurídica de estos tres sujetos.
Las detenciones fueron llevadas a cabo en el marco de los cateos efectuados por parte de la FGEO el pasado 24 de octubre en el citado municipio, donde la Institución aprehendió a O. C. T., M. C. T., B. F. F., V. A. D. M., I. E. P., A. T. C., y O. S. A., quienes fueron puestos inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.
En esa fecha, la FGEO realizó seis cateos simultáneos en domicilios particulares ubicados en San Felipe Jalapa de Díaz, lo que permitió el aseguramiento de armas y la detención de 10 personas.
El operativo fue coordinado por la Institución de procuración de justicia, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, dando cumplimiento a la causa penal 219/2019, librada por el juzgado de control de Tuxtepec, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de R.T. F.
En audiencia celebrada el 29 de octubre de 2019, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de los siete imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
