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Por oposición, método para ocupar vacantes profesionales en el IFE

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el que se expiden los Lineamientos del Concurso Público 2010-2011, en la modalidad de oposición, para ocupar mediante el mérito de cada uno de los participantes los cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral (SPE) en esta institución en todo el país.

En sesión ordinaria, la consejera electoral del IFE Macarita Elizondo Gasperín, presidenta de la Comisión del Ramo, explicó que el concurso instrumentará un sistema informático inédito para el control del registro de participantes, así como para la designación de los ganadores, a fin de garantizar un procedimiento transparente y expedito del que surja el personal más calificado.

Aseguró que se dará puntual cumplimiento a los principios para el ingreso al Servicio, “como el mérito, la igualdad de oportunidades, la imparcialidad, la objetividad, a través de procedimientos transparentes, a fin de que no se discrimine a nadie por alguna razón y genere el menoscabo indebido en el ejercicio de los derechos de los aspirantes”.

Al respecto, el presidente del Consejo General, consejero Leonardo Valdés, informó que el SPE está integrado actualmente por dos mil 255 personas, y con el Concurso Público 2010-2011 se cubrirán las vacantes para conformar una estructura que esté en condiciones óptimas para hacer frente el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Para llevar a cabo este objetivo, se contempla la emisión de tres convocatorias, en las cuales podrán participar aspirantes externos y personal interno del Instituto, y en aras de la transparencia, los integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del IFE podrán presenciar las tres fases en las que se desarrollará este proceso de selección.

En otro punto, el colegiado recibió un informe de la Secretaría Ejecutiva por el que da cuenta del cumplimiento al acuerdo CG304/2010, del 14 de septiembre pasado, y mediante el cual comenzó el proceso para que el IFE suscriba Convenios de Apoyo y Colaboración con cada una de las instancias electorales locales que celebrarán comicios el año entrante, a fin de que la ciudadanía pueda usar la Credencial para Votar con Fotografía con el “03” en el último recuadro de marcaje, para sufragar el día de la jornada electoral en su entidad.

El documento especifica que el viernes 29 de octubre próximo, el Instituto celebrará los acuerdos correspondientes con los nueve organismos electorales estatales en donde se llevarán a cabo elecciones en 2010, y precisa que la vigencia de dichas credenciales de elector, expedidas por el IFE, perderán vigencia al día siguiente de celebrados los comicios locales.

Como parte del desahogo de la orden del día, los consejeros electorales conocieron un informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo General en el periodo de 2005 a 2010. Se precisa que fueron finiquitados todos los asuntos correspondientes al 2006 y 2007; mientras, los de 2005 fueron cumplidos en un 99.9%; los de 2008 en un 99.6%; los de 2009 en 99.5%, y del 29 de enero al 14 de septiembre del presente año, en 85.2%.

También recibió el informe del secretario del Consejo General, en el que se da a conocer que durante 2010 se han recibido 48 Procedimientos Administrativos Sancionadores Ordinarios, y 116 Procedimientos Administrativos Especiales Sancionadores.

De los 48 procedimientos ordinarios, 28 se registraron de oficio; 11 fueron presentados por partidos políticos; 8 por ciudadanos; un por el Gobierno del estado de Veracruz; mientras, de los 116 procedimientos especiales sancionadores, 55 fueron interpuestos por partidos políticos; 17 en contra de otros partidos; 12 en contra de servidores públicos; 9 en contra de otros partidos y candidatos; 6 en contra de otros partidos, sus candidatos y televisoras, 4 en contra de concesionarios de radio y televisión; 4 en contra de otros partidos y funcionarios; 2 en contra de quien resulte responsable, y 1 en contra de un partido político y un ciudadano.

Más adelante, el colegiado recibió un informe de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el que se describe que de 2008 a 2010, 302 procedimientos de queja y oficiosos en materia de origen y aplicación de recursos de institutos y agrupaciones políticas fueron resueltos. Se aclara que están en proceso de sustanciación 94 casos de 2007 a 2010. Tan sólo de enero pasado a la fecha se iniciaron 80 quejas.

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva presentó un informe en el que se reportan 42 millones 267 mil 309.05 pesos como ingresos provenientes de las actividades convenidas con Institutos Estatales Electorales y que son considerados como ampliaciones líquidas. De ese monto, 42 millones 176 mil 039.30 pesos ya fueron reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 91 mil 269.75 pesos siguen éste trámite.

En tanto, a petición del consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, el Consejo General conoció y aprobó por unanimidad, un proyecto de resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido del Trabajo (PT), con base en lo aprobado por el Segundo Congreso Nacional Extraordinario de ese instituto político, el día 11 de septiembre pasado, y en acatamiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La autoridad jurisdiccional ordenó, tras la revisión de una queja de integrantes de dicho partido, que éste debería establecer mecanismos para la elección de sus dirigentes en todos sus niveles, que garanticen el ejercicio del voto activo, así como el pasivo de los militantes, además de preservar la igualdad, certeza, imparcialidad y renovación efectiva de los integrantes de los órganos de dirección; prever una instancia independiente e imparcial encargada de conducir los procesos internos de elección; regular la reelección, en la que se evite incurrir en prácticas de ejercicio indefinido o vitalicio en los cargos de dirección, y contemplar casos de incompatibilidad.

 

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