OAXACA, OAX., mayo 3.- El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. (Barca), exige al gobernador Gabino Cué Monteagudo “sanciones administrativas y penales” a los policías responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos el jueves 28 de abril contra habitantes de Santiago Textitlán, principalmente mujeres y niños, durante el operativo policiaco implementado en la zona.

En un comunicado de prensa, las y los promotores de derechos humanos de Barca, asignados en la Sierra Sur de la entidad, demandaron también al Gobierno del Estado “atención y solución inmediata al conflicto agrario entre Santiago Textitlán y San Pedro El Alto”, origen del conflicto añejo.

Explicaron que en visita a las agencias municipales de Lachixao, Recibimiento y la cabecera municipal de Santiago Textitlán, después de conocer por parte de las autoridades de Bienes Comunales y municipales sobre el “CATEO ARBITRARIO E ILEGAL, ALLANAMIENTO, ROBO, AMENAZAS, ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES por parte de policías preventivos del estado, por un grupo de aproximadamente 200 elementos, quienes irrumpieron violentamente en las casas de los habitantes de las agencias de Lachixao y Recibimiento de Cuauhtémoc el día jueves 28 de abril a las 09:00 de la mañana, cometiendo una serie de delitos y violaciones a los derechos humanos, en uso desproporcionado y excesivo de la fuerza y de las armas…

“Dejaron golpeadas y heridas a mujeres en su mayoría y algunos/as niños y niñas, una joven de 20 años por la herida que presentaba en la cabeza requirió hospitalización y tuvo que dejar en el abandono a su bebé…

“Los policías destruyeron utensilios de uso cotidiano de las mujeres y tiraron alimentos, allanaron los domicilios realizando cateos ilegales y arbitrarios con el consecuente robo de recursos económicos en varios hogares, además de generar pánico y terror en sus habitantes incluyendo niños/as”.

Por estos lamentables hechos, Barca se sumó “a la exigencia del pueblo de Santiago Textitlán de realizar una investigación exhaustiva”.

Y pregunta: “por qué se dio una orden de este tipo y quién la dio, quiénes fueron los mandos policiacos que la realizaron y establecer la identidad de los elementos policiacos que la ejecutaron con abuso y exceso para castigar a los responsables de tan condenable acción…

“Ya que desde el 5 de abril, fecha en que se reactivó el conflicto agrario que por más de 40 años sostiene el Municipio de Santiago Textitlán (Sierra Sur) con San Pedro El Alto, Zimatlán (Valle Central), con acciones totalmente violatorias a los derechos humanos, incluso de habitantes de otros municipios, se impidió el libre tránsito y se les cortó la energía eléctrica, afectando con ello a otros municipios cercanos como son Santa María Zaniza y San Mateo Yucutidoo”.

La Organización No Gubernamental (ONG) señaló que “esta situación fue reportada a las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca por parte de las autoridades municipales de los municipios afectados, además de solicitar su revisión y reinstalación de la energía a la CFE, a la Delegación de Zimatlán…

“La energía eléctrica fue reactivada 13 días después y todavía se impide el libre tránsito a los habitantes de Santiago Textitlán”.

En estos hechos, agregó, ya se estaban violando los derechos humanos, no solamente de los habitantes de Santiago Textitlán, sino incluso de los pueblos vecinos, por lo que también hubo irresponsabilidad del Estado por no intervenir inmediata y adecuadamente para la solución oportuna de este conflicto.

Recordó que en la 141 Audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, EU, sobre el tema “Situación de la tenencia de la Tierra y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México”, donde participó Barca y CEDHAPI, se informó a la Comisión Interamericana ampliamente sobre los conflictos agrarios que se viven en la Sierra Sur y Mixteca de Oaxaca, solicitándole principalmente:

I.- Consideren dentro de su agenda una visita in loco a México y en particular al Estado de Oaxaca para verificar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas relacionados con la tenencia de la tierra.

Sobre todo por las graves violaciones que se cometen en contra de los pueblos indígenas que, por los conflictos agrarios ancestrales, padecen muertes, viudas, huérfanos y pobreza que trae como consecuencia la falta de una atención adecuada de las dependencias agrarias responsables de la solución de estos conflictos.

Por los hechos vividos ahora en el pueblo de Santiago Textitlán, Barca hizo un “llamado URGENTE” a los gobiernos de Oaxaca y federal para que atiendan este caso con celeridad, responsabilidad y eficacia.

Al gobernador Gabino Cué le exigen “ordene una investigación imparcial del operativo y castigue a los funcionarios/as, mandos y policías responsables del abuso de autoridad, allanamiento, robo, cateos arbitrario e ilegales, y violaciones cometidas a los habitantes de la Agencia de Recibimiento de Cuauhtémoc y Lachixao, Santiago Textitlán, Sola de Vega, Oaxaca”.