SAN RYMUNDO JALPAN, Oaxaca, julio 27.- En nombre de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Francisco Martínez Neri, presentó este miércoles la iniciativa de Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipios de Oaxaca.
“La vida social, las prácticas asumidas por los servidores públicos, las experiencias jurisdiccionales, generan la gran necesidad de adecuar el marco normativo de la Ley motivo de reforma, para hacerla acorde con la realidad y para lograr que sea eficaz”, dijo.
Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso estatal, Martínez Neri explicó que las reformas que se proponen pretenden, en principio, adecuar el contenido de las diversas normas contenidas en la Ley de la materia a las nuevas instituciones creadas con motivo de la reforma constitucional.
Indicó que se considera relevante fortalecer el contenido del artículo segundo de la Ley, para considerar como sujetos a los representantes de elección popular, así como a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los organismos públicos a los que otorgue autonomía la Constitución del Estado.
“Lo anterior, para ser congruente con el contenido del nuevo artículo 115 de la Constitución Local”, precisó.
Sostuvo que se propone facultar a la Contraloría para llevar a cabo auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, y para aquellos casos en los que los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera obtener un servidor público.
Con el fin de avanzar en el terreno de la transparencia y combate a la corrupción, y con el propósito de que los servidores públicos que han cometido irregularidades no puedan contratarse nuevamente en actividades de gobierno, puntualizó, se propone facultar a la Contraloría para llevar el registro de los servidores públicos que hayan sido objeto de sanción, así como expedir constancias que demuestren la no existencia de sanciones.
El diputado Martínez Neri propuso diferenciar los plazos que tiene la autoridad para imponer sanciones, dependiendo si son graves o no.
