OAXACA, OAX., agosto 19.- Desde el 6 de abril pasado, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), renunciaron a su carácter de peticionarios formales de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en favor de 135 habitantes desplazados de San Juan Copala e integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

En una carta dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob), con fecha 8 de abril de 2011, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), otrora defensoras a ultranza de los derechos humanos, también solicitan de manera formal “ya no ser convocados a las reuniones de implementación”.

El escrito se divulgo la noche de este viernes, a través de la red social Twitter.

Pero fue el 6 de abril cuando mediante un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo de la CIDH, los titulares de Barca, Minerva Nora Martínez Lázaro, y de Cedhapi, Maurilio Santiago Reyes, abdicaron al carácter de peticionarios que tienen reconocido en la medida cautelar REF: 135 habitantes de San Juan Copala MC-197-10, México.

Argumentaron que “no hemos coincidido con los criterios y seguimiento de implementación de las medidas cautelares con los representantes del Foro Permanente de la Comisión de la Verdad y se ha obstaculizado el desarrollo de nuestro trabajo como peticionarios”.

Por lo tanto, el 8 de abril pasado, Martínez Lázaro y Santiago Reyes dirigieron una carta a la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Omeheira López Reyna, para pedir, con fundamento en el Artículo 8º constitucional:

“Tener informado al Gobierno Mexicano que hemos renunciado al carácter de peticionarios en la medida cautelar referida y solicitamos ya no ser convocados a las reuniones de implementación” (sic).

Agradecen a López Reyna las atenciones en el desarrollo de las reuniones referentes a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el “Caso Copala”.

Fue el 22 de septiembre del 2010, cuando los titulares de Barca y Cedhapi solicitaron a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos “medidas cautelares” en favor de los integrantes de San Juan Copala, Juxtlahuaca, y miembros del MULTI.

El 7 de octubre de ese mismo año, 2010, la CIDH otorgó las medidas cautelares en favor de 135 habitantes de la agencia municipal de San Juan Copala, y desde su emisión Barca y Cedhapi promovieron la implementación de las mismas.

Además, acompañaron a los beneficiarios en todas y cada una de sus reuniones de trabajo con el Gobierno mexicano.

Pero desde el 6 de abril renunciaron a su carácter de peticionarios de las medidas cautelares que la CIDH emitió en favor de los indígenas desplazados.

Barca es una ONG asesorada e impulsada por el sacerdote Wilfrido Francisco Mayrén Peláez, mejor conocido como el “Padre Uvi”, presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Oaxaca.