OAXACA, OAX., septiembre 12.- Habitantes condóminos del edificio número 22 del Fraccionamiento Punto Vizcaya, ubicado en la parte alta de El Rosario, de forma arbitraria, prepotente e impune, violentando las garantías individuales y las leyes de Vialidad y Tránsito e ignorando a los gobiernos municipal, estatal y federal, imponen sus propias leyes.

Y es que con tubos reforzados y rejas aceradas cerraron la calle principal de este fraccionamiento, obstruyendo el paso hacia el mirador panorámico que ha servido como centro de distracción a familias y deportistas.

Ante esta arbitrariedad por parte de un grupo de personas inconscientes, las voces de protesta de los vecinos no se hicieron esperar.

Demandan la intervención de las autoridades correspondientes para que los habitantes del edificio número 22, que han tomado como propiedad privada una calle y el mirador, quiten las rejas y sean sancionados por atribuirse facultades de autoridad.

En un anunció colocado en las rejas advierten: “Toda persona que ingiera bebidas embriagantes o cometa otro delito será consignada ante las autoridades competentes”.

En todo caso es competencia de la autoridad municipal, estatal y federal colocar dicho anuncio pero no particulares, señalaron molestos los vecinos, quienes para evitar mayor confrontación con los vecinos del edificio 22, pidieron no revelar sus nombres.

“En caso de cometerse alguna infracción o delito en el área de dicho edificio, es responsabilidad de las autoridades; para eso están los elementos de seguridad pública, para sancionar y castigar a los delincuentes, y no particulares que se sienten dueños de una calle”, subrayaron los inconformes.

Dieron a conocer a la opinión pública que de acuerdo con la Ley de Condóminos derivada del Código Civil se expresa textualmente que la única propiedad de todos los que habitan en dicho fraccionamiento, es de 55 metros cuadrados del departamento de cada poseedor y de áreas comunes, pero no incluye calles o cajones del estacionamiento, los cuales simplemente son prestados.

Vecinos entrevistados hicieron la denuncia pública para que intervengan las autoridades municipales de San Sebastián Tutla y el Gobierno del Estado, ante el grave atropello al libre tránsito que están cometiendo los habitantes del edificio número 22.

Al mismo tiempo, solicitaron la intervención de las autoridades competentes para restaurar las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.