OAXACA, OAX., septiembre 14.- El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado propuso crear la Fiscalía Especial para la Atención del Fraude Patrimonial causado al Estado, por parte de ex funcionarios de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a fin de que estos puedan ser detenidos y encarcelados.

Y es que según datos preliminares de las 45 auditorías a funcionarios del sexenio pasado, el daño patrimonial a las arcas del Estado asciende a 34 mil millones de pesos, informó el diputado presidente de la Comisión de Administración de Justicia, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del Partido Acción Nacional (PAN).

La propuesta fue presentada este miércoles, durante la sesión de la Diputación Permanente, en la que el panista argumentó la “novatez” de los agentes del Ministerio Público para integrar averiguaciones previas sólidas contra ex funcionarios, lo que ha impedido que éstos sean llevados ante la justicia.

Explicó que además de aplicar la justicia, la fiscalía que propone deberá recuperar los recursos malversados por los ex funcionarios.

Martínez Ramírez recordó que con la entrega-recepción de la administración pública al gobernador Gabino Cué Monteagudo se iniciaron los procedimientos de revisión y en su caso de solventación en las 15 dependencias y 75 entidades del Gobierno del Estado.

Indicó que de esta revisión se encontraron irregularidades en los procesos de comprobación del gasto público, por lo que la Contraloría inició 45 auditorías que derivaron únicamente en dos querellas, como lo declaró el Procurador General de Justicia del Estado.

Como resultado de este detrimento al patrimonio de Oaxaca, las cifras están estimadas por arriba de los 34 mil millones de pesos.

Por esa razón, el diputado Martínez Ramírez demandó que el Poder Ejecutivo ponga énfasis en las sanciones que debe imponerse a los ex titulares y responsables del manejo de los recursos tanto estatales como federales de la administración pasada.

El Legislador del partido albiazul lamentó que los ex funcionarios no sean llevados ante la justicia por culpa de los agentes del Ministerio Público, en su mayoría jóvenes sin experiencia, todólogos que los ponen a elaborar averiguaciones por fraudes, despojo y hasta por delitos sexuales.

“Pero en el caso de los ex funcionarios, debido al fraude que está anunciado por más de 34 mil millones de pesos, derivado de las 45 auditorías, se requiere de una fiscalía especializada con gente profesional, cueste lo que cueste”, urgió.

Propuso no escatimar recursos para la creación de esta fiscalía, en virtud de que los ex funcionarios no escatiman en gastos de representación de abogados de reconocido prestigio en el país para su defensa.

Ejemplificó que de los 1 mil 200 millones de pesos que se llevó el ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, éste fácilmente puede destinar 50 millones de pesos y con ello obtener amparos y sentencias a su favor, ante averiguaciones inconsistentes, hechas por gente improvisada, como son los agentes del Ministerio Público de Oaxaca.

El asunto no es menor, por eso preocupa que la Procuraduría de Justicia haya encomendado las investigaciones y los informes que mandaron a la Contraloría, a gente que sin ponerles nombres, son jóvenes que acaban de salir de la Universidad, insistió.

El también catedrático universitario refirió que el 98 por ciento de los agentes del Ministerio Públicos son recién egresados de las escuelas, sin experiencia.

“Se requieren profesionales que metan a la cárcel a gente que sí robo y no a quienes no merecen, y se garantice la recuperación del dinero que se llevaron”, subrayó.

Esta fiscalía sería ubicada en la jurisdicción de la Procuraduría General de Justica del Estado y conformada por expertos, insistió el Abogado de profesión.

El trabajo de la nueva instancia sería presentar querellas, realizar investigaciones y consignar los casos ante el Poder Judicial sobre delitos cometidos en contra y en perjuicio del patrimonio de nuestro Estado en materia penal, procesal penal, administrativo y fiscal, indicó.

Trabajaría junto con la Contraloría, la Consejería Jurídica y la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca para recuperar el dinero sustraído del erario, impidiendo que los ex funcionarios puedan ampararse y con ello fortalecer su impunidad, reiteró.