OAXACA, OAX., abril 5.- El activista defensor de derechos humanos y director del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, José Alejandro Solalinde Guerra, señaló que el proceso de constitución de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), así como su convocatoria se han percibido con una fuerte carga de politización: cálculos, candados, candidatos oficialistas y de grupos con claros intereses políticos y económicos.
Además, el también sacerdotes acusó que funcionarios públicos de cuestionada honestidad fueron incluidos en la actual gestión, y hasta pareciera que hay ciertos pactos políticos cuasi sagrados que sieguen perpetuando la impunidad.
Al fijar su pronunciamiento en una carta pública dirigida al gobernador Gabino Cué Monteagudo y a los integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado sobre el candidato “más idóneo” para la DDHPO, dijo que “nada de esto es nuevo” en virtud de que eso es lo que se ha venido haciendo.
“La anterior Comisión de Derechos Humanos era prácticamente una dependencia del Poder Ejecutivo y tal como se están manejando las cosas se corre el riesgo de repetir el mismo error”, advirtió.
En su misiva, también dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alfredo Lagunas Rivera, así como a los partidos políticos, a las diversas iglesias, a la Sección 22 del SNTE y a la comunidad universitaria de la UABJO, dijo que una propuesta audaz, innovadora y hasta única en la República Mexicana es la de incluir dentro del mismo Gobierno de Oaxaca toda una Comisión de Derechos Humanos para ajustar a éstos todas y cada una de las carteras de la función estatal.
Solalinde Guerra reconoció que son loables algunos logros conseguidos durante este año y meses del gobierno de Cué Monteagudo.
No obstante, cuestionó que funcionarios públicos de cuestionada honestidad fueron incluidos en la actual gestión, y hasta pareciera que hay ciertos pactos políticos cuasi sagrados que sieguen perpetuando la impunidad.
“El proceso de constitución de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca así como su convocatoria se han percibido con una fuerte carga de politización: cálculos, candados, candidatos oficialistas y de grupos con claros intereses políticos y económicos”, asestó.
Cuestionó entonces si cabrá la posibilidad de un candidato, obviamente capaz e idóneo, pero libre de compromisos, agradecimientos y líneas a seguir. ¿Será posible algún candidato realmente independiente que responda a las causas de la justicia y nada más?
Reveló que varios de los candidatos le solicitaron su “apoyo moral, algunos de ellos muy valiosos sin duda, pero con el hilito de la dependencia”.
Aclaró, sin embargo, que se abstuvo de hacerlo, “porque de una manera o de otra veía casi lo mismo, aunque tengo que reconocer que la mayoría de los y las aspirantes a la Defensoría no los conozco”.
Dijo que cuando vio el caso del presbítero Manuel Mario Arias Montes se vio en la necesidad de dar una palabra en apoyo de su candidatura.
“Ciertamente se trata de un Sacerdote, pero no de esa clase de clero político que aspira a fueros y privilegios. Yo estoy convencido de que el Estado debe ser laico”, argumentó.
Bajo esta perspectiva invitó a “hombres y mujeres que desean un cambio real en Oaxaca a que contribuyan de una vez por todas al deslinde de la DDHPO respecto de las exigencias de los intereses del poder político”.
Dijo, sin embargo, que “nuestra casa de Migrantes Hermanos en el Camino y Sacerdotes de la Diócesis de Tehuantepec apoyamos la candidatura del doctor Manuel Mario Arias Montes, sin que por esto estemos apoyando ninguna injerencia del clero en la política”.
Insistió en que la DDHPO no es un puesto político, ni una chamba bien remunerada. “¡Se trata de una misión que en medio del mar de corrupción que vivimos sería un bálsamo esperanzador!”, acotó.
El Sacerdote católico consideró que a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos les daría más confianza acudir a una instancia no sometida a los diferentes poderes.
Y a quienes tengan el prejuicio de la intromisión eclesiástica en los asuntos públicos les dijo que “sacerdotes como Manuel y como muchos otros que se guían por la justicia y no por los intereses de la institución eclesiástica, ofrecen más imparcialidad”.
Confío en que “el padre Manuel sería una experiencia sin precedentes de esa Iglesia que todos quisiéramos ver”.
