OAXACA, OAX., julio 25.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Marco Tulio López Escamilla, ha dado especial importancia al respeto irrestricto a los Derechos Humanos, contemplado como una de las premisas fundamentales dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016.

Siguiendo esta directriz, uno de los objetivos propuestos por la SSP, es atender las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por los servidores públicos que la integran, con el fin de combatir la impunidad y actos de abuso de poder.

En este sentido y de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en el último año de gobierno de la anterior administración, éste organismo emitió 14 recomendaciones en contra de servidores de la SSP, en tanto que, durante el primer año de la administración del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, disminuyó considerablemente a cinco el número de recomendaciones emitidas.

Es importante resaltar, que en el presente año, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo se ha emitido una recomendación a la SSP, en relación a los lamentables hechos ocurridos en el Municipio de Santiago Choapam, Oaxaca, el día 14 de mayo de 2011. Así mismo, por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, hasta el momento no se ha pronunciado alguna Recomendación en contra de esta Institución.

Esta disminución del sesenta por ciento, entre los años 2010 y 2011, y del noventa y tres por ciento en el 2012, es producto de políticas públicas encaminadas al estricto respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de actuación de la función pública, en particular el relativo a la Seguridad Pública.

En la presente administración, el trabajo de las diversas áreas que conforman la Secretaria, se ha caracterizado por realizarse con estricto apego a los ordenamientos jurídicos. Existe el compromiso de seguir trabajando bajo un sistema donde efectivamente se respeten, cumplan y garanticen los derechos de las personas, con los estándares más altos de protección, que garanticen a la ciudadanía la no repetición de actos.