OAXACA, OAX., agosto 29.- Andrés Cruz Martínez, Alberto Barroso Zárate y Armando Hernández Sánchez, ex presidente municipal, ex síndico y ex tesorero de Cuilápam de Guerrero, trienio 2008-2010, están acusados de fraude y abuso de autoridad, al igual que el constructor Víctor Arturo Mendoza Pérez.

Una veintena de gobernados, integrantes del Comité de electrificación de la calle de Las Nieves, sección V, paraje La Trinidad, barrio San Lucas, ante el Ministerio Público de Xoxocotlán se presentaron como las víctimas de lo que dijeron, un mal gobierno, cómplice de un deshonesto constructor.

Damián Vicente Torres, presidente del comité pro electrificación, en el contenido de la Averiguación Previa número 300 (XOXO)/ 2012, dejó constancia de un fraude de 135 mil pesos por concepto de una obra pública sin terminar, la cual fue pagada por la tesorería municipal, no obstante, la autoridad permitió que la constructora intentara cobrarla por segunda vez a los beneficiados con el trabajo de ampliación.

El denunciante explicó que la autoridad municipal, el 1° de septiembre de 2009, un mes antes de que los vecinos entregaran el primer anticipo, la tesorería municipal pagó 200 mil pesos al ingeniero Mendoza Pérez por concepto de la obra.

Un mes después de la liquidación municipal de la obra, el 1° de octubre de 2009, los aspirantes a beneficiarse con una ampliación del alumbrado público, entregaron el primer anticipo por 69 mil 500 pesos, en respuesta a la presión ejercida por la autoridad municipal de entonces y por el constructor en turno.

El 21 de octubre de ese mismo año, los colonos entregaron la segunda aportación económica, ahora, de 65 mil 500 pesos; el dinero lo recibió Armando Hernández Sánchez, ex tesorero municipal.

En este punto, el denunciante, Damián Vicente Torres, manifestó que el ex servidor público con todo descaro “agarró” el dinero de los gobernados a pesar que sabía que estaba mal, porque la tesorería municipal había pagado por el trabajo.

La historia que llevó a los colonos a descubrir el fraude y el abuso de autoridad empezó a escribirse el pasado siete de mayo; el constructor Mendoza Flores fue obligado, telefónicamente, a presentarse al lugar de los hechos y terminar con el trabajo.

El hoy denunciado se comprometió a terminarlo; 48 horas después envió a cuatro trabajadores, los cuales, lejos de continuar con el tendido eléctrico, se estaban dedicando a otras tareas.

Por ejemplo, a quitar la poca infraestructura montada, consistente en tres postes, un transformador, registros, ductos, principalmente. Los colonos impidieron el desmonte y llamaron a la policía, los enviados por el constructor huyeron.

El resto se descubrió cuando acudieron a dar aviso al actual Regidor de Obras Públicas, el representante popular les informó que la obra estaba registrada como liquidada con dinero salido de la tesorería municipal.

Por lo que los colonos establecieron que los denunciados querían negocio particular pagando dos veces la misma obra de ampliación de energía eléctrica.