Una de las fallas más importantes de las políticas públicas que se repite en un gran número de evaluaciones y que se reitera como una de las principales recomendaciones, es la falta de coordinación de las instancias gubernamentales. Es el caso de Oaxaca; de acuerdo al Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, “hasta hoy, aceptémoslo, no ha existido la coordinación ni con el gobierno federal a través de sus instancias, ni nosotros con los municipios” (Noticias, 3/03/13).
La referencia del funcionario era a la situación de la seguridad pública en la entidad, y agregó que las regiones que más requieren de la coordinación, son Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales, para disminuir los delitos del secuestro y extorsión. Así de claro, habría que extender su diagnóstico por inercia al resto de la entidad, puesto que ya incluyó a la capital del estado, en donde se concentran los poderes gubernamentales.
El Secretario no descubre el hilo negro ni un venero diferente en materia de rutas para corregir el rumbo de los gobiernos federal, estatal y municipales. Cabe recordar que la coordinación interinstitucional e intergubernamental se encuentran en las agendas públicas desde hace mucho tiempo; por no ir más atrás, con la promulgación de la Ley de Planeación de 1983, hace 30 años. Van 18 años de gobiernos priístas y 12 de gobiernos panistas. Seguramente Oaxaca no es la única entidad que reciente este flagelo.
Se han firmado distintos convenios de coordinación e infinidad de protocolos, con muchísimas fotografías publicadas en los medios informativos, pero el problema persiste. La acción gubernamental sigue siendo dispersa, fragmentada y desorganizada; en el extremo, se ha vinculado al personalismo de los funcionarios gubernamentales, a sus aspiraciones político electorales y sus correspondientes vínculos partidarios.
La reflexión y autocrítica de Martínez Álvarez es relevante porque se da en el arranque de uno de los programas más importantes del nuevo gobierno federal para la prevención de la violencia y la delincuencia y la instalación de una comisión intersecretarial, para variar, centrado en el asunto de la coordinación. La historia se repite, seguramente para los niños y todos aquellos que desconocen lo que han hecho los gobiernos de este país, para quienes la propuesta de prevención del delito podría parecerles “novedosa”.
El programa de prevención de la violencia y del delito fue anunciado con mucha estridencia el pasado día 12 de febrero como una de las prioridades del gobierno federal en el estado de Aguascalientes; un programa tan prioritario que Oaxaca quedó fuera, seguramente así esta nuestra entidad en las prioridades del gobierno federal.
Aunque el Secretario General envía un mensaje de consuelo, “sin que Oaxaca se haya incluido dentro de los estados de arranque, a nivel interno ya se está haciendo lo propio para seguir esta ruta de coordinación” (Noticias, 3/03/13). Que bueno que lo diga porque los ciudadanos, todos los días, observamos lo contrario.
Podría indicarse que es una cuestión de percepción, pero no olvidemos que la percepción permite orientar conductas, construir confianzas y legitimidades y refrendar apoyos de los ciudadanos a los gobernantes. El hilo entre lo “subjetivo” y lo “real” es sumamente delgado, y si la gente percibe que el gobierno no esta cumpliendo con sus funciones, algo grave esta ocurriendo.
En la entrevista ya referida al diario, el Secretario General agrega “necesitamos gente en cada una de las regiones del mejor nivel en materia de seguridad pública, que tengan un nivel como si fueran secretario porque debemos darle mucha importancia a regionalizar la seguridad pública de manera consistente”. De verdad, ¿hace falta tanto?
La posibilidad del crecimiento exponencial de altos mandos realmente asusta a los ciudadanos que intuimos el costo de esa nómina. Con la tradición del personalismo en el aparato gubernamental, la medida sería como nombrar a una agrupación de virreyes que sigan operando por cuenta propia y cómo les dicten sus caprichos o bien sus intereses personales y políticos.
Tal vez sería mucho más sencillo que quienes tienen la responsabilidad de la seguridad pública se pongan de acuerdo, y a trabajar. No hace falta una mirada tan amplia como para darse cuenta que a veces los colaboradores del gobernador, o de un secretario, o de cualquier funcionario de nivel medio se la pasan en intercambio de zancadillas. Así, un día se avanza un paso, al siguiente se regresan dos.
Por lo que se observa, las dificultades de la coordinación intergubernamental no depende que los funcionarios de los distintos niveles de gobierno provengan de diferentes fórmulas político-electorales; dentro de una misma plataforma se dan rebatingas endemoniadas y el predominio del hígado sobre la racionalidad.
Respecto a la propuesta del nuevo programa de prevención del delito y la violencia que enorgullece a los priístas, habría que apuntar que tampoco hace falta el formalismo de una “comisión intersecretarial” cuando todas las dependencias del ejecutivo deberían coordinarse y punto. Todas dependen del presidente y basta con la instrucción “dejen de pelear y pónganse de acuerdo”.
La falta de coordinación gubernamental no es poca cosa; equivale a un carro descompuesto al cual las llantas no le obedecen. Se maniobra para un lado y el carro va por otro lado o en reversa; o aún con el acelerador al fondo, el carro se queda detenido. En el peor de los casos, el piloto ignora hacia donde va y da lo mismo que el carro sea gobernado por las llantas, como desafortunadamente estamos observando con el aparato gubernamental oaxaqueño.
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