OAXACA, OAX., abril 13.- El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), Alberto Alonso Criollo, señaló que es obligación del Estado investigar el origen de la filtración de conversaciones telefónicas entre actores políticos y el representante del Gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal, Jorge Castillo Díaz, para determinar qué sanción procede.

Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López, estableció que las grabaciones telefónicas y su difusión “son un delito del ámbito federal y dependerá de las personas afectadas si presentan o no la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR)”.

En entrevistas por separado, Alonso Criollo calificó la filtración de llamadas telefónicas grabadas como “una práctica desleal y negativa que confunde a la ciudadanía porque puede ser influenciada por los contenidos”, ya que los actores políticos construyen sus argumentos a partir de contextos o circunstancias muy precisas que no es muy posible explicar en su justa dimensión en grabaciones editadas”.

Señaló que hay diálogos que se refieren a la vida interna de los partidos políticos y no debe haber intromisión, por lo que serán las autoridades judiciales las encargadas de indagar la autoría de las mismas.

El Consejero Presidente del IEEPC reiteró que “la filtración de las grabaciones con tintes electorales es un tema que le compete a la vida interna del Estado, porque son prácticas ilegales”.

Y es que hace unos días, a través de redes sociales, se dieron a conocer conversaciones telefónicas entre Castillo Díaz y líderes estatales del PAN, PRD, el edil de la capital, legisladores locales y federales.

En opinión de Alonso Criollo, las conversaciones telefónicas filtradas de forma ilegal no ayudan a generar un ambiente democrático, pero son los propios partidos y candidatos quienes deben basar su campaña en propuestas y no atender este tipo de actos ilegales.

“Una espiral de esa naturaleza puede llegar al enrarecimiento de las elecciones”, advirtió.

Sin embargo, evitó especular si la intromisión del funcionario estatal significa la intromisión del Gobierno del Estado en el proceso electoral. “Sin duda se va a analizar con exactitud el hecho para saber si constituye o no alguna responsabilidad”, prometió.

Mientras tanto, el procurador de Justicia, López López, argumentó que las grabaciones telefónicas y su difusión son un delito del ámbito federal y dependerá de las personas afectadas si presentan o no la denuncia ante la PGR, “dado que la investigación no se sigue de oficio, sino debe existir una denuncia formal para dar paso a las investigaciones”.

El Abogado del Gobierno del Estado insistió en que “al ser un delito previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, la indagatoria la debe de asumir o encabezar la PGR”.