+ Marcharon para recordar que se cumplieron seis años desde que Daniela y Virginia fueron desaparecidas

OAXACA, OAX., julio 5.- Sigue abierto el silencio para la familia de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desparecidas desde hace seis años en la región de la Mixteca, en tanto las puertas del palacio de gobierno nuevamente se cerraron cuando solicitaron hablar con el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Unas 100 mujeres y hombres triquis, integrantes de Consorcio-Oaxaca, y el dirigente de Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, recordaron que este viernes 5 de julio se cumplieron seis años desde la desaparición forzada de las dos jóvenes triquis, a quienes nadie busca, denunciaron su madre Antonia Ramírez y sus primas Emelia y Adriana Ortiz.

Luego de caminar desde la Fuente de las Ocho Regiones, ubicada al norte de la capital, hasta el palacio de Gobierno, donde esperaban ser atendidas por Gabino Cué y conocer los “avances” en la investigación, pero no fue posible.

Las puertas se cerraron y sólo asomaban la cabeza uno y otro guardia de seguridad para pedir informes, preguntar qué querían y luego de una larga espera recibir la respuesta antes mencionada.

Antonia Ramírez, acompañada de otras tres de sus hijas: Carmela, Belén y Laura, dijo que desde hace seis años su familia no está bien, nos robaron la posibilidad “de acompañarlas en la lucha por sus sueños y objetivos…¡desearía que hubiera sido sólo un sueño pero representa una pesadilla!”.

Tras pedir dinero prestado, Antonia Ramírez pudo viajar a Oaxaca para exigir justicia para sus hijas, que le digan dónde están, afirma en entrevista, para luego asegurar que la pobreza es la razón por la que nadie busca a sus hijas.

Y es que Antonia coincide con Emelia y Adriana, quienes señalaron que su familia, indígena y pobre, ha sido discriminada por el Gobierno, porque a diferencia de otros casos de desaparición o secuestro de personas con apellidos poderosos y con dinero sí los buscan y los encuentras; “a mis primas no las buscaron”.

Se refieren al reciente secuestro de los hijos de un empresario y sobrinos de un dirigente nacional de empresarios, que fueron localizados y entregados a su familia, en tanto sus captores, algunos de ellos profesores, enfrentan ya a la justicia.

La pesadilla de esta familia empezó un jueves 5 de julio de 2007, cuando Antonia despidió a sus hijas en la comunidad de Rastrojo, población habitada por la etnia Triqui, Virginia de 20 años le había pedido a su hermana Daniela de 14 que la acompañara a San Marcos Xinicuesta porque había logrado que la cambiaran a la población de La Luz Llano Nopal para estar más cerca de su familia.

Virginia es profesora bilingüe, Daniela una adolescente que cursaba la secundaria. Ambas salieron de su casa y le dijeron a su mamá que volverían al día siguiente.

Como no regresaban, Antonia llamó al teléfono celular de su hija mayor el sábado por la mañana desde la caseta telefónica de la población. La voz de un hombre contestó y colgó.

La madre pensó que se había equivocado, volvió a marcar a su hija y esta vez una mujer respondió diciéndole que no conocía a Virginia. “Me preocupó que mientras me respondían se escuchaban voces de hombres, música y de botellas”.

Ese mismo día inició la búsqueda de sus hijas. En la comunidad le dijeron que tal vez ya tenían novio y que se habrían ido con ellos. Antonia no creyó porque sus hijas le habrían avisado.

Por eso salió de su casa e inició la búsqueda en las terminales de transporte donde ellas transbordarían y taxis pero nadie le dio una respuesta.

Días después, le informaron que sus hijas fueron vistas cuando eran llevadas en una camioneta con los ojos vendados y las manos atadas y que entre sus captores estaban Miguel Ángel Velasco Álvarez y Francisco Herrera Martínez, quienes permanecen en prisión; el primero, desde 19 diciembre de 2011, y el segundo desde 9 enero de 2012; así como Timoteo Alejando Ramírez, quien fue asesinado en Yosoyuxi el 20 de mayo 2010, y José Ramírez Flores, quien reside en Guadalupe Tilapa.

Timoteo Alejandro Ramírez había sido acusado en 2006 de haber participado en la violación tumultuaria de una menor de 13 años de edad, originaria de la comunidad de Rastrojo, caso que también se archivó.

En una ocasión, Antonia Ramírez recibió la noticia de que sus hijas habían sido asesinadas y sus cuerpos arrojados a un barranco en Cumbre Hierba Santa, pero no se encontraron los restos, por lo que ella tiene la esperanza de que sus hijas estén vivas y que un día las pueda volver a abrazar, dice esta mujer a quien el dolor se le refleja en el rostro.

Desde hace seis años, Antonia expresa contundente que vive sin vivir y no entiende el “odio y la saña que han tenido en contra sus hijas y contra su familia”.

Antonia recuerda que ahora como en los años 80 es víctima de la violencia institucional, cuando miembros del Ejército Mexicano entraron a su casa, la amarraron y le colocaron una soga al cuello, simulando un ahorcamiento, si no les decía sobre el paradero de su esposo Amado Ortiz.

Ella no habló. Defendió desde entonces a su familia. Su esposo era señalado por un grupo contrario a la organización triqui más antigua e importante, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), formado por los hombres de su familia.

Antonia, dice su sobrina Adriana Ortiz, no se deja vencer porque piensa en sus otros hijos e hijas; eso es lo único que la sostiene y la esperanza de que alguna vez volverán a su casa Virginia y Daniela, a quienes despidió en la puerta aquella mañana del 5 de julio de 2007 y hasta hoy ninguna autoridad le informa cuál ha sido el destino de las investigaciones, investigaciones que la familia presume no se han realizado, a pesar de que los hechos fueron denunciados el 13 de julio de 2007 en subdelegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Putla de Guerrero, donde se abrió la averiguación 187/2007.

El caso que fue atendido por el entonces procurador general de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, pero tuvo muchas dificultades derivado de “los problemas que enfrentaba la etnia triqui”, según el ex funcionario estatal, lo que imposibilitaba enviar policías a inspeccionar la zona.

Hoy, en el “gobierno del cambio” de Gabino Cué Monteagudo, aunque hay detenidos, de nada les sirve porque ninguno de los dos han dicho qué paso con las dos jóvenes.

“Si tuviéramos dinero, si no fuéramos pobres ni triquis, estoy segura que las cosas serían de otra forma”, insiste Adriana, quien camina al lado de sus paisanas, conocidas y mujeres de su familia, que con huipil rojo pasan sobre las avenidas y calles observadas en silencio por la gente que parece molesta ante “otra marcha” y la impaciencia de automovilistas que no comprenden por qué otra vez un puñado de mujeres tomaron las calles.

Esta misma tarde de viernes 5 de julio de 2013, la familia de Virginia y Daniela que ahora tendrían 26 y 20 años de edad, enviaron un comunicado a la opinión pública y a las autoridades reclamando la omisión y el silencio que ha guardado desde 2007 el Gobierno estatal, “sordo ante el dolor”… “hablan de justicia, pero los beneficiarios de dicha justicia son los empresarios, los políticos corruptos, no los pueblos. Los pobres son asesinados, lesionados, desaparecidos, para ellos no hay justicia… ¿No va a ver justicia para Virginia y Daniela?, cuestionan.