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Podrían alcanzar 18 años de prisión asaltantes de autobús en el Istmo: PGJE

ISTMO, Oaxaca., agosto 5.- La autoridad judicial decreto para Elías Guillen Rosales y José Ramón Flores Tolentino presuntos responsables del delito de robo calificado con violencia moral a las personas con agravante de pandilla, auto de vinculación a proceso; a petición del ministerio público dichas personas quedaron en prisión preventiva hasta que se les dicte sentencia, la cual podría ascender a un total de 18 años de prisión.

Con acciones como esta la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca refrenda su responsabilidad de trabajo para con la ciudadanía y les exhorta a dar credibilidad a la institución, a denunciar para así poder iniciar los procedimientos de ley y llevar a quienes atentan contra la paz y tranquilidad de la población, ante los órganos de justicia correspondientes.

El día 22 de julio del 2013, a las 11:30 horas, fueron detenidos Elías Guillen Rosales y José Ramón Flores, momento después de haber asaltado el autobús de la línea Transistmica, que circulaba sobre la carretera Panamericana Tramo Juchitán-La Ventosa, precisamente a la altura de la tienda “Boxito”, de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Los indiciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de la Agencia del Ministerio Público de Juchitán, esto a partir de un operativo realizado por la Policía de dicho municipio; el Ministerio Publico de dicha ciudad recibió a los detenidos, se procedió a la investigación y se logró la obtención de las pruebas correspondientes. Declararon pasajeros, el chofer y el cobrador de dicho autobús, colaboraron en el trabajo de investigación, diversos elementos policiacos y peritos.

Con fecha 24 de julio del 2013, se llevo a cabo la audiencia de Control de detención en el Juzgado de Garantías, donde bajo la petición del ministerio publico se determino que la detención de los inculpados era constitucional y con respeto a sus derechos humanos, posterior a eso, la Representación Social le hizo de su conocimiento a los dos imputados las pruebas que obran en su contra en audiencia pública, donde solicitaron el tiempo para ofrecer pruebas., dándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

 

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