SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, diciembre 12.- En vísperas de los inminentes conflictos poselectorales, diputados del PRI con los de un PRD dividido y la “chiquillada” se aliaron para reformar, fast track, la Constitución del Estado y quitarle al gobernador Gabino Cué Monteagudo la facultad de nombrar a administradores municipales cuando no se realice la elección de autoridades en algún ayuntamiento o se hubieren declarado nulos o no válidos los comicios.

Y a partir de hora, claro si se publica en el Periódico Oficial del Estado y el titular del Poder Ejecutivo no ejerce su poder de veto, el mando para designar a los Administradores Municipales o a los integrantes de los Consejos Municipales lo tendrá el Poder Legislativo.

La determinación la tomaron 28 diputados del PRI, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Unidad Popular (PUP), Nueva Alianza (Panal) y Social Demócrata (PSD), durante la sesión nocturna de la sexagésima segunda Legislatura este jueves 12 de diciembre de 2013.

En contra votaron 12 legisladores: siete de los nueve panistas –Leslie Jiménez Valencia y Sergio Andrés Bello Guerra prefirieron pasar como ausentes, porque se salieron del salón de sesiones a la hora de la votación–, más los perredistas Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Itaiza López Galván y Zoila José Juan, y el petista Rafael Armando Arellanes Caballero.

Así, siete panistas, cuatro perredistas y un petista salieron en defensa de las facultades del gobernador Gabino Cué Monteagudo, devueltas por la LXI Legislatura unos días antes de concluir su período constitucional.

La iniciativa de reforma constitucional aprobada fue presentada por dos de los tres integrantes de la Junta de Coordinación Política. La firmaron el diputado presidente y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, así como el coordinador de la bancada del PRD, Anselmo Ortiz García. La jefa de los legisladores del PAN, Antonia Natividad Díaz Jiménez, no rubricó el texto mostrado al pleno.

El documento aprobado por la mayoría de los legisladores argumenta que el quitarle la facultad a Cué Monteagudo de nombrar a los administradores municipales obedece también a que el decreto 2060, emitido por la pasada LXI Legislatura, en el que le daban el mando para nombrar administradores en ayuntamientos con conflictos postelectorales y sociales, no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, a pesar del tiempo transcurrido, por lo que no ha alcanzó el rango de ley.

Esta falla, que radicó en la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, fue provechada por el PRI, un grupo del PRD y la inconforme “chiquillada” para eliminar el decreto y dejarlo sin efectos jurídicos.

CUESTIÓN DE “PESOS Y CONTRAPESOS”

El coordinador de los diputados del PRD, Anselmo Ortiz García, defendió la reforma y dijo que se trata de “en ejercicio responsable que tiene el propósito de salvaguardar el equilibrio de poderes”.

Argumentó que al Congreso del Estado le compete la designación de los integrantes de los Consejos Municipales y, en consecuencia, de los Administradores Municipales.

Añadió que “en esencia, el Poder Legislativo tiene la obligación de velar por el equilibrio de la división de poderes, ya que el mismo reside la soberanía del pueblo de Oaxaca y se encuentran representadas todas las voces de quienes con su sufragio efectivo depositado en las urnas participan en las elecciones”.

Indicó que el Congreso del Estado, constituido en cuerpo colegiado, es donde se construyen los grandes acuerdos en beneficio de Oaxaca; por ello, dentro de sus facultades y atribuciones debe ser el factor de balance y salvaguarda de los municipios que por las condiciones socio-políticas o bien por conflictos post-electorales no han podido conciliar lo concerniente a su administración municipal.

“Lo que hizo el Congreso fue tomar decisiones de gran calado que fortalezcan un sistema de pesos y contrapesos que debe de haber entre los Poderes del Estado. La facultad de nombrar a los administradores municipales, que el Congreso se ha dado para sí, se dio porque aquí reside la representación popular”, atajó.

El diputado Ortiz García lamentó que cuatro de sus compañeros perredistas descalificaran la reforma constitucional. Sin embargo, evitó calificar y polemizar sobre los posicionamientos de sus compañeros de bancada: Jaime Bolaños Cacho y Juanita Cruz Cruz.

La iniciativa con proyecto de decreto aprobada refiere que el 7 de julio de este año fueron electos, por un periodo de tres años, los integrantes del Congreso del Estado y de los ayuntamientos.

En relación con estos últimos menciona que para el caso de que se haya declarado nula la elección correspondiente o no se hubieren validado las asambleas comunitarias, no será posible la toma de protesta de las autoridades municipales.

Por ello, reformaron el Artículo 59, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado para adicionarle que el Congreso hará la designación de un encargado de la administración municipal cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida.

INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

En tribuna, para razonar su voto en contra, la diputada perredista Juanita Cruz cuestionó la reforma constitucional y la calificó de fast track.

Aseguró que pudieron más los intereses políticos y económicos que representan los municipios en las regiones, y la repartición de cuotas en los ayuntamientos que se dio desde la pasada Legislatura.

“Pueden más los intereses políticos y económicos que representan los municipios, allá en nuestras regiones. Porque los administradores, que fue un reparto de cuotas en este trienio, en los municipios donde hubo conflicto para elegir a sus autoridades, los diputados que salieron se repartieron los administradores”, lanzó.

Y fue más allá al afirmar que los diputados de la sexagésima primera Legislatura “saquearon a municipios como Santiago Choapam, San Francisco Chindúa y Santa María Atzompa”, en clara alusión al ex presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Elías Cortés López, y Margarita García García, del MC.

También en defensa de las facultades de Cué Monteagudo salió el perredista Jaime Bolaños, quien de paso exhibió lo mal asesorado que está el diputado presidente de la Mesa Directiva, el perredista Jesús López Rodríguez, para conducir la sesión y aplicar los procedimientos que marca la ley y el reglamento.

Antes de que se sometiera a votación la reforma constitucional, Bolaños presentó una “moción suspensiva a la reforma”, en virtud de que el dictamen no pasó por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.

Ya en tribuna, el Legislador externo del partido del sol azteca soltó: “No puede ser que mis compañeros del PRD manden un mal mensaje, no puede ser la incoherencia que a nivel nacional cuestionen la aprobación fast track de la reforma energética y en Oaxaca se estén comprometiendo con intereses individuales y de grupo, a una reforma que viola los proceso de norma jurídica”.

Admitió que “pueden construirse acuerdos, en comisiones, para determinar si la facultad debe tenerla el Legislativo o el Ejecutivo, pero no es permisible que se violen procedimientos y se ignore a actores políticos, como hoy se hace”, reprochó.

Vino entonces la votación y el PRI con un PRD dividido y la “chiquillada” se aliaron para sacar adelante, con 28 votos, la segunda reforma constitucional en lo que va de su gestión constitucional de apenas un mes.

Con esta reforma constitucional, los diputados del PRI y el PRD dividido derogaron, eliminaron, un decreto de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, que fue aprobado por la sexagésima primera Legislatura antes de irse, en la que había dotado al gobernador Cué Monteagudo de la facultad de nombrar a los administradores municipales.