TLACOLULA DE Matamoros, Oaxaca, mayo 16.- Los tiempos políticos de coalición y la proximidad de elecciones en la entidad oaxaqueña redescubrieron aquí a la otrora denominada “contralora de hierro”, Perla Marisela Woolrich Fernández, oscilante, entre la amenaza directa, abierta, y la sonrisa misteriosa hecha simulación.
Fue como un arranque de las campañas electorales 2015, porque con la oferta de 600 millones de pesos listos para ser “mezclados” en obras con los ayuntamientos, citaron a ediles de 36 municipios de los distritos de Tlacolula y Yautepec para escuchar sólo promesas y arengas contra la corrupción.
Y aquí estuvieron el miércoles 14 de mayo de 2014 la secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich, con su homólogo de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, para firmar con los alcaldes el “Acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción”.
El anfitrión fue el munícipe neopanista de Tlacolula, Pedro Ruiz González, y como testigo de honor hicieron firmar al gobernador Gabino Cué Monteagudo.
En entrevista, antes de iniciar el acto oficial, Woolrich Fernández declaró a los reporteros que las autoridades municipales, y concretamente los presidentes, tienen hasta el 31 de mayo, a las 12:00 de la noche, como plazo para presentar su declaración anual de situación patrimonial, pues de lo contrario “van a ser sujetos de sanciones administrativas que les va a imponer el Director de Procedimientos Jurídicos”.
Y como de declarar se trataba, la ex legisladora panista advirtió que “sobre aviso no hay engaño”, ya que si el año pasado hubo prórrogas y excepciones, por toma de oficinas, plantones, marchas y un montón de cosas, ahora con la ayuda del Internet “ya no hay impedimento para que lo hagan dentro de los términos establecidos”.
Entre las sanciones habidas contra los incumplidos, citó las “suspensiones y multas con base en salarios mínimos, pero la más grave, cuando hay alguna reincidencia, cuando se han cometido tres, cuatro veces las mismas sanciones, podría yo inhabilitarlos por cierto tiempo” (sic).
¿A cuántos presidentes municipales hallados culpables se les ha sancionado, castigado y/o inhabilitado?, indagó este reportero
–Yo considero que primero tenemos que aclarar si me corresponde a mí auditar directamente a los ayuntamientos. Usted sabe que todos los municipios son autónomos y manejan por sí mismos sus recursos. Yo no tengo injerencia directa en la administración de ellos, sino que compete más que nada a la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior del Estado.
La Contralora repartió culpas. Dijo que el año pasado (2013) envió, por instrucciones de la Función Pública, casi 50 procedimientos al Congreso del Estado para que la Comisión Instructora se avocara a imponerles alguna sanción, según las instrucciones que venían de la Federación, “pero ignoro el resultado”.
Agregó que en lo que va de este año 2014 “ya mandamos veintitantos expedientes de responsabilidad a juicio de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación”.
Pero no se ha hecho nada…
–Recuerde usted que cuando la Función Pública emite la recomendación de que se vaya a un procedimiento a la Cámara de Diputados, la Comisión Instructora debe de cubrir las formalidades de un debido procedimiento y en este caso notifica, señala fecha para la audiencia de pruebas, alegados y después resuelve.
Luego, el sonido estruendoso de la banda de música contratada por el Ayuntamiento de Tlacolula para amenizar el acto cortó la posibilidad de seguir con la entrevista.
Pero ya en su discurso oficial, ante su jefe el Gobernador del Estado y sus invitados los presidentes municipales, la ex Contralora de Hierro suavizó sus palabras.
Dijo que “autoridades y servidores debemos tener claro que el cáncer social de la corrupción se debe frenar de raíz, combatir desde varios frentes institucionales y no sólo metiendo a la cárcel a los corruptos” (re sic).
Propuso implementar “medidas idóneas desde las propias estructuras gubernamentales para evitar o inhibir los actos y conductas indebidas que, más allá de lo que mandata la ley, entorpecen y frenan la procuración del bien común”.
Modulada la voz, al límite sus dotes de oradora, sentenció: “No se puede concebir un Estado democrático, justo y competitivo, conviviendo con el flagelo de la corrupción”.
Reconoció que el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a su cargo, “hace con los municipios un compromiso de NO tolerancia a la corrupción”, y llamó a las autoridades a “no tolerar la corrupción y a combatirla de manera frontal, con inteligencia y estrategia” (otra vez sic).
Antes, desde el atril que apenas alcanzaba en el presídium, el edil Pedro Ruiz González recordó que recibió una administración saqueada por las ex autoridades municipales que encabezó la priista Concepción Rueda Altamirano, y que a la fecha (la Contraloría) nada se ha hecho para castigar las irregularidades documentadas.
También los habitantes de Tlacolula recordaron que Woolrich Fernández estuvo aquí en enero pasado para acompañar al Munícipe, su compañero de partido, en la recepción de la alcaldía, y ante las denuncias escuchadas montó en cólera y se comprometió a investigar y a castigar los hechos de corrupción en que hubiera incurrido la priista Rueda Altamirano.
Pero cuatro meses y medio después, Tlacolula pervive entre las corrupciones habidas y por venir, de esas que “pueden frenarse de raíz sin meter a los corruptos a la cárcel”, como dice la ex “contralora de hierro”.
