OAXACA, OAX., agosto 12.- En la iniciativa de Ley estatal de educación pública, que elaboró la “comisión redactora tripartita” y que el gobernador Gabino Cué Monteagudo asumió tácitamente como suya, la poderosa Sección 22 del SNTE conserva intactos los derechos escalafonarios y las relaciones laborales de los más de 76 mil trabajadores de la educación en Oaxaca.

Se plasma que el ingreso para ejercer la docencia en el Sistema Educativo Estatal se regirá por los criterios del “perfil profesional” logrado en las instituciones públicas formadoras de docentes existentes en la entidad; es decir, que los egresados de las Escuelas Normales tendrán plazas automáticas.

Y así, en los 16 artículos transitorios del anteproyecto de la citada ley, que son los “puntos torales” para su entrada en vigor, una vez que sea aprobada por la LXII Legislatura del Estado, el Magisterio oaxaqueño estableció varios “candados” para imponer sus condiciones.

La propuesta que el titular del Poder Ejecutivo estatal buscará sea aprobada sin mayores cambios por el Legislativo, consta de siete títulos y 160 artículos:

“Disposiciones generales”, “Del sistema educativo estatal”, “Del Estado y los servicios educativos”, “De la transformación del proceso educativo estatal”, “De la validez oficial y la educación que impartan los particulares”, “De la participación de la sociedad y la comunidad en la educación” y “De las infracciones, sanciones y del recurso administrativo”.

De acuerdo con copia del documento al que tuvo acceso el reportero, en la mayoría de los artículos transitorios el Magisterio literalmente obliga a que el Gobierno del Estado “realice las gestiones necesarias ante las autoridades competentes (la Federación) para asignar recursos financieros a las distintas obligaciones previstas en la presente ley, cuyo financiamiento no pueda presupuestarse con recursos estatales” (sic).

NECESITARÁN 4 MIL MDP PARA ECHAR A ANDAR LA LEY EDUCATIVA ESTATAL

Para echar a andar la Ley estatal de educación pública, elaborada en la mesa redactora que integraron representantes del Gobernador, el Poder Legislativo y la Sección 22 del SNTE, los “asesores” estiman que se requiere de cuatro mil millones de pesos.

El artículo segundo del anteproyecto de iniciativa establece de entrada que “se abroga la Ley Estatal de Educación publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de noviembre de 1995”.

El tercero transitorio aclara que “en lo que no se oponga a la presente ley seguirán aplicándose las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha, en tanto se expiden los reglamentos que derivan de la presente ley”.

Precisa que en un plazo no mayor de doce meses, contado a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, “el titular del Poder Ejecutivo del Estado emitirá los lineamientos y reglamentos correspondientes”.

Además, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aprobará la estructura organizacional y funcional acorde con lo establecido en esta ley, sin que dicha reestructuración implique recursos públicos adicionales al presupuesto autorizado por la Federación.

Por su parte, “el Gobierno del Estado se compromete a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes (la Federación) para la creación y financiamiento de las Licenciaturas en Educación Artística y en Educación Inicial Comunitaria”.

En medio de la polémica para otorgar plazas y claves, el artículo séptimo transitorio establece que el Gobierno del Estado también se compromete a “promover ante las autoridades competentes el reconocimiento, financiamiento, validación y regularización de las Escuelas Secundarias Comunitarias de Educación Indígena, que ya existen en la entidad oaxaqueña, así como la formación profesional de su personal”.

INTOCABLES, LOS “DERECHOS ADQUIRIDOS” POR EL MAGISTERIO

El artículo décimo transitorio aclara que “los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación se respetarán íntegramente”, además de que “se reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes”.

El transitorio once asegura en “las relaciones laborales y los derechos escalafonarios de los trabajadores de la educación del Estado de Oaxaca continuarán regulándose por lo dispuesto en el Artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los establecidos en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano”.

Para que no quepa duda, el citado artículo transitorio puntualiza que “cualquier medida o acción que contravenga estas disposiciones serán nulas”.

Y EL GOBIERNO DEL ESTADO SE COMPROMETE A PEDIR TODO A LA FEDERACIÓN

En materia de estímulos, el anteproyecto de iniciativa de Ley estatal de educación pública, que el gobernador Cué Monteagudo asume como suya, establece que “el Gobierno del Estado realizará las gestiones necesarias ante la Federación para la asignación de los recursos financieros para estímulos por años de servicio a docentes, distintos a los ya establecidos”.

El Gobierno estatal realizará también las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para la creación y financiamiento del programa para la investigación y atención de los padecimientos psicológicos del personal docente, según lo establece el artículo transitorio número 14.

Es el artículo décimo sexto transitorio donde se establece que “el ingreso para ejercer la docencia en el Sistema Educativo Estatal se regirá por los criterios del perfil profesional logrado en las instituciones públicas formadoras de docentes existentes en la entidad”.

Sin embargo, la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatal en este transitorio sobre el ingreso al servicio docente es jurídicamente improcedente porque contraviene la pretendida “armonización” de la Ley de Educación Pública vigente en todo el país.

Otro desacato a la “armonización” es que la “comisión redactora tripartita” propone que la evaluación de maestros sea aplicada por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y no bajo los criterios del Instituto Nacional de Evaluación (INE), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que preside Emilio Chuayfett Chemor.

Más adelante, el anteproyecto de iniciativa de Ley estatal de educación pública establece que el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), así como el movimiento pedagógico social y alternativo de la Sección 22 del SNTE “tiene el propósito de transformar la educación a partir del colectivo y el proyecto educativo” (sic).

Contiene tres programas y dos sistemas PTEO: Programa para mejorar las condiciones escolar y de vida de los niños, jóvenes y adultos de Oaxaca (PEMCVEJ), Programa popular comunitario de infraestructura y equipamiento educativo de Oaxaca (PROPCIEEO), y Programa para el reconocimiento educativo a los trabajadores de la educación de Oaxaca (PRETEO).

Igualmente, el Sistema de evaluación educativa de Oaxaca (SEEO) y el Sistema estatal de formación profesional de los trabajadores de la Educación de Oaxaca (SEFPTEO), todo a modo del gremio magisterial.

Por eso, la directiva de la Sección 22 y el gobernador Cué Monteagudo proponen establecer la evaluación a los maestros mediante el Sistema de evaluación educativa de Oaxaca y el Sistema educativo estatal.