OAXACA, OAX., enero 6.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, pidió a la LXII Legislatura un presupuesto de 1 mil 501 millones 721 mil 129.18 pesos para el 2016, pero las y los diputados –a propuesta del gobernador Gabino Cué– sólo le autorizaron 780 millones 582 mil 277 pesos.

Además, los “representantes del pueblo de Oaxaca” mantienen en la “congeladora” una solicitud –también vía Cué Monteagudo– de 235 millones de pesos para que el TSJE contrate un crédito para la operación del sistema de justicia en la entidad y la operatividad del personal respectivo.

Así, el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de Oaxaca sufrió un recorte de 721 millones 138 mil 852.18 pesos, de acuerdo con el proyecto original.

La madrugada del 31 de diciembre pasado, al límite de tiempo, las y los integrantes de la LXII Legislatura del Estado aprobaron el llamado “paquete fiscal 2016”, que contiene el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo y los poderes autónomos de la entidad, así como del Poder Judicial.

En el dictamen del presupuesto de egresos se estableció que el Tribunal Superior de Justicia del Estado ejercerá un gasto de 150 millones 827 mil 558.52 pesos, en tanto que el Magistrado Presidente del TSJE tendrá a su disposición  71 millones 841 mil 15.89 pesos.

Las Salas 75 millones 880 mil 231.37 pesos; la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 3 millones 106 mil 311.26 pesos.

El Consejo de la Judicatura 629 millones 754 mil 718.48 pesos; los Órganos de Administración Internos, 277 millones 458 mil 963.39 pesos; los Juzgados del Sistema Acusatorio Adversarial, 68 millones 367 mil 539.97 pesos; los Juzgados del Sistema Tradicional, 219 millones 87 mil 253.52 pesos.

El Tribunal de Fiscalización, 14 millones 562 mil 391.50 pesos; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 29 millones 350 mil 508.43 pesos; el Tribunal Estatal Electoral, 20 millones 928 mil 61.67 pesos.

Previo a la aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016, el titular del Poder Judicial, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, presentó su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 por un monto de 1 mil 501 millones 721 mil 129.18 pesos, y una solicitud de 235 millones de pesos (a través del gobernador Cué) para contratar un crédito para la operación del sistema de justicia en la entidad y la operatividad del personal.

El sobrino político del diputado local y empresario del periódico “Noticias”, Ericel Gómez Nicamendi, aseguró que el crédito solicitado sería destinado “específicamente para la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia Penal en los municipios de Salina Cruz, Cuicatlán, Pinotepa Nacional y Jamiltepec” (sic).

En tanto, los 1 mil 501 millones 721 mil 129.18 pesos de presupuesto para el Poder Judicial “obedecen a un diagnóstico de insuficiencia presupuestal de años atrás”, argumentó.

El titular del Poder Judicial explicó que los cuatro rubros principales considerados para la ejecución de los más de 1 mil 501 millones 721 mil pesos, son: la consolidación en la implementación de reformas en materia judicial, de control constitucional y derechos humanos, justicia administrativa, fiscalización, en materia del Sistema Penal Acusatorio Adversarial y oralidad mercantil.

Asimismo, una infraestructura judicial que “facilite y acerque el acceso a la justicia en mejores condiciones a la población; tecnología y modelos de gestión para eficientar los plazos y procedimientos de despacho y atención judicial; la promoción del desarrollo profesional a través de la formación, mérito y mejor remuneración de los servidores públicos judiciales que deben encarar día a día el incremento de peticiones de justicia y nuevas reglas en la materia”.

Manifestó que gracias a las reformas en materia de justicia aprobadas por el Poder Legislativo y a que se cumplió con el 100 por ciento en normatividad, la Federación le autorizó a Oaxaca un fideicomiso por 235 millones de pesos, de los cuales el Estado sólo cubrirá el pago de los intereses.