OAXACA, OAX., marzo 29.- Santiago Nieto Castillo, titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), advirtió a los funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno que no pueden participar en actos de proselitismo político, ni pueden pedir licencia en días hábiles para acudir a un acto de campaña.

Y a ciudadanos, integrantes de organizaciones sociales y al Magisterio, les señaló también que impedirla  instalación de casillas, así como la obstaculización del ejercicio de la función electoral, generar actos de temor a los electores o impedir el trabajo de un consejo general, municipal y/o distrital electoral, es una conducta delictiva que será sancionada penalmente.

El titular de la FEPADE arribó a la entidad a firmar un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO).

Ahí pidió a las y los consejeros, magistrados y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hacer un proceso electoral donde los grupos sociales, políticos y ciudadanos respeten el marco normativo.

“Se tiene que señalarle a los funcionarios que tienen que respetar una campaña de electoral. Los funcionarios no pueden participar en actos de proselitismo político, ni pueden pedir licencia en días hábiles para acudir a un acto de campaña”, anticipó.

Aclaró que no se limita el ejercicio de la libertad de expresión y reunión política, por ello queda restringido a los días inhábiles para no cometer actos que generen inequidad en la contienda electoral.

Del mismo modo, los servidores públicos no pueden rendir informes de labores a partir del inicio de las campañas electorales; de lo contrario, se violarían los acuerdos del INE que regulan los procesos electorales.

A los ciudadanos les pidió tener en cuenta que recoger credenciales es un delito y solicitar el voto por paga o contraprestación.

Mientras que a los medios de comunicación les señaló que deben de saber que en época de veda no pueden publicar encuestas o sondeos de opinión porque generan conductas delictivas. Nieto Castillo refirió que ya se han consignado periodistas en Campeche, Veracruz y Coahuila.

A los partidos políticos, agregó, el no dar comprobación de gastos de campaña y no formar parte del padrón de los proveedores del INE cuando se financia campañas o sean contratadas empresas para dar bienes y servicios a las campañas, es un delito sancionado.

Lo mismo, recibir dinero en especie cuando existe prohibición. “Se le tiene que decir a la sociedad, empresarios y a la clase política que no les conviene transitar en la ilegalidad”, señaló.

El titular de la FEPADE refirió que el legislador estableció una ley en materia penal electoral, en virtud de que era necesaria reconstruirla a partir de distintos tipos penales abiertos y ahora cualquier conducta que afecte los bienes jurídicos tutelados pueden ser consignados y presentados ante los ministerios públicos para librar órdenes de aprehensión.

La materia penal electoral, indicó, se fortalece en el 2014 para establecer sanciones en el plano fáctico.

Citó como ejemplo la nulidad de elecciones en Aguascalientes, porque la oficina de comunicación social del gobierno del estado, difunde un Twit donde el gobernador, acompaña a los candidatos a diputados federales a emitir el voto y se hacía un llamado a través de comunicación social.

En Sahuayo, Michoacan, se anuló la elección porque funcionarios del Ayuntamiento están apoyando a determinado partido político, lo que significó peculado electoral.

En Colima se anuló la elección porque el Secretario de Desarrollo Social coacciona y ordena el condicionamiento de programas sociales para ayudar a un partido y su candidato del PRI. Eso genero inequidad de la contienda y tras un proceso penal fue consignado y se le dictó auto de formal prisión.

“Se han generado conductas delictivas que afectan la equidad de la contienda y por tanto se anularon las elecciones”, anotó.

Sin embargo, el titular de la FEPADE aclaró que no buscan la nulidad de las elecciones, a través del derecho penal, pero si no existe otro mecanismo para hacer cumplir la constitución, es obligación de los tribunales y de las fiscalías hacer cumplir la ley.

Recordó que la primera generación de delitos electorales se circunscriben en los delitos cometidos en las mesas directivas de casillas, es decir impedir la instalación, que los servidores electorales violaran el principio de independencia en el ejercicio de sus cargos y la compra de voto.

Frente a la presión de los partidos políticos y legisladores federales, por la obsolescencia de los delitos electorales, y porque no ayudaban a los procesos fue necesario pasar de una etapa de mayor complejidad en la sanción.

Santiago Nieto Castillo indicó que en la segunda etapa de la construcción de los delitos electorales, antes del 2014, el 90 por ciento de los casos estaban relacionados con el Registro Federal de Electores (RFE), pero hoy en día las denuncias se presentan son por temas electorales y la otra mitad por turismo electoral, así como por la alteración del Registro Federal de Electores (RFE) para usurpar identidades.

Actualmente, se mejoraron los tipos penales y se aumentaron las penas cuando se afecta con violencia al adecuado ejercicio de los delitos electorales, puntualizó el funcionario electoral federal.