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Rechaza SCJN intento de Bonilla de quedarse 5 años como Gobernador de BC

+ Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, luego de aprobar el proyecto de José Fernando Franco González Salas, ministro de la Segunda Sala

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 del 2020.- Jaime Bonilla, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), será Gobernador de Baja California por dos años y nada más. Así como fue electo. No tendrá el tan anhelado mandato de cinco años que le había regalado el Congreso local anterior, con el voto de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró esta tarde como inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, luego de aprobar el proyecto de José Fernando Franco González Salas, ministro de la Segunda Sala.

“En esos términos queda aprobado el proyecto. De manera unánime este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválida la reforma impugnada”, dijo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente del máximo tribunal del país.

Minutos antes de las 14:00 horas se realizó la votación durante una una sesión por videoconferencia, donde los ministros fueron exponiendo sus posturas respecto a la posible ampliación del mandato de Bonilla Valdez.

“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada, pero apreciadas en su conjunto e interrelacionoadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional: se llevó a cabo toda una maquinación, a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para violar democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, consideró Zaldívar Lelo de Larrea.

En su oportunidad, señaló que “con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la Legislatura local fraguó, en realidad, un fraude a la Constitución. El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluida, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”.

“Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que éstos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas”, agregó.

“Cuando los representantes traicionan a sus representados, nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y nuestra Constitución”, dijo la ministra Norma Piña a lo largo de su intervención.

Mientras que Yasmín Esquivel indicó que la SCJN sentó un nuevo precedente para evitar que cualquier autoridad cambie las reglas de los votos ya emitidos.

“Es un precedente que estamos sentando, para evitar que cualquier autoridad municipal, estatal o federal cambie el sentido del voto recibido y se perpetúe en el cargo con maniobras legales”, comentó.

“Prorrogar desde el poder político el periodo de duración de mandato para un cargo ya elegido, implica pretender evitar que exista una verdadera contienda, y se convertiría en una reelección disfrazada, ignorando y despreciando por completo la voluntad del pueblo elector”, opinó el abogado y ministro Luis María Aguilar.

Después de que se diera a conocer la decisión de la SCJN, Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que “esta decisión preserva la democracia y la división de poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad” al sistema electoral.

EL PROYECTO PARA LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

José Fernando Franco González Salas, ministro de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso declarar inconstitucional la reforma al artículo Octavo del decreto 112, llevada a cabo el pasado 23 de julio del 2019, por el Congreso de Baja California, llamada “Ley Bonilla”, con la que se ampliaba de dos a cinco años el periodo de Gobierno de Jaime Bonilla en Baja California.

Por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, se requería del voto de al menos ocho de los 11 ministros para que el proyecto de sentencia anulara la reforma al artículo transitorio de la Constitución estatal, que el Congreso bajacaliforniano aprobó después de las elecciones locales.

La invalidez dejaría vigente la versión del transitorio bajo la cual fueron celebradas las elecciones de junio de 2019 y el periodo de Gobierno de Bonilla finalizaría el 1 de noviembre de 2021 y se llamaría a elecciones locales el siguiente año.

En marzo pasado, el ministro González Salas cerró el periodo de instrucción para recibir pruebas por parte de los involucrados en las siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las reformas a la Constitución estatal, que ampliaron a cinco años el mandato de Bonilla Valdez.

Se recibieron siete acciones por parte de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Baja California (PBC), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En octubre pasado, el mismo Ministro rechazó frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como Gobernador después de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza, interpuso un recurso con la intención de evitar que el militante de Morena asumiera el cargo.

Ayer, el PAN esperó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara como inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” y con ello evitar un “golpe a la democracia nacional”. Marko Cortés informó en un comunicado que de no ser así, se rompería con el orden constitucional y dejaría un precedente irreparable que restaría certeza a los procesos electorales.

“Hacemos un llamado a mirar en favor de los bajacalifornianos y de sus derechos políticos, que ya dejaron claro en las urnas su voto para que el Gobernador de Baja California sólo gobierne por dos años”, dijo el presidente de Acción Nacional.

En diciembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respetaba la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideró inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”.

“Respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia [sic] el día de ayer declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso local de Baja California, el Tribunal Electoral a petición de la Suprema Corte, respetamos ese punto de vista”, aseguró. Consideró que esta situación “deja de manifiesto que no somos iguales”. Por ello, pidió recordar las “concertacesiones” que se hacían en esa entidad y otros lados.

A mediados de abril, el Gobernador de Baja California entró en polémica con la Secretaría de Salud al mencionar que las cifras de casos de Covid-19 no son reales. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, lo desmintió y negó que la comunicación entre el gobierno federal y los estados esté fracturada.

Tomado de la agencia Sinembargo.mx> https://www.sinembargo.mx/11-05-2020/3784304

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